Fuente: Redacción Médica de fecha 8 diciembre 2021 enlace
Los servicios de salud autonómicos han decidido dejarlas en ‘stand by’ por la situación de “inseguridad jurídica”
María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública y sucesora en el cargo de Miquel Iceta.
Un terremoto es lo que ha provocado la ley de estabilización de la función pública, también conocida como la ‘ley Iceta’, en la sanidad española. El texto legal, que aún se encuentra en fase de consulta pública y pendiente de ratificación por las Cortes Generales (en donde podrá sufrir variaciones si los partidos políticos presentan enmiendas y estas salen adelante), ha provocado la paralización general de todas las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) de estabilización.
La ley se encuentra en fase avanzada y el Gobierno calcula con poder sacarla del horno a finales de año. Sin embargo, todo son cálculos y especulaciones. Por eso, las comunidades autónomas, que ya expresaron su malestar y enfado, han optado por consenso, según ha sabido Redacción Médica de fuentes cercanas a los acontecimientos, no convocar plazas de estabilización en las OPE que están pendientes de convocarse hasta que se sepa si se va a ampliar la fecha para poder convocarlas y las condiciones definitivas de la nueva Ley.
De hecho, en la última reunión de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS) las comunidades manifestaron la “inseguridad jurídica” de este nuevo decreto para discernir que plazas se están sacando y las expectativas de los profesionales actualmente. Una sensación que también comparten los principales sindicatos con representación en la sanidad española.
Las primeras CCAA en suspender las OPE
Unos de los primeros territorios es tomar esta decisión fueron, tal y como ya adelantó este diario, la Comunidad Valencia y Galicia. En el departamento de que dirige Ana Barceló persisten las dudas sobre cómo se deberá aplicar la ley y a quién afectará (si solo a Función Pública o también tendrá efectos en Sanidad). Mientras, en el Sergas ya se prevé proseguir con los procesos a partir del segundo trimestre del año que viene.
La medida pretende pasar a fijos sin opositar a los interinos, entre ellos sanitarios, que lleven cinco años en su plaza. El pacto constituye una importante modificación respecto al plan inicial para reducir la temporalidad con la administración, que establecía en 10 años el tiempo necesario para que los trabajadores públicos adquirieran la condición de fijos.
Malestar autonómico contra el ‘interinazo’
La mayoría de comunidades autónomas que fueron consultas por Redacción Médica aseguraron estar a la espera del texto definitivo del proyecto para pronunciarse al respecto, aunque hay otras regiones que ya han mostrado su enfado y críticas con la ley.
Algunas alertan de que la ‘ley Iceta’ “tiene lagunas importantísimas que pueden afectar negativamente a los pocos interinos que se pudieran encontrar en esa situación” y piden “que le den un repaso a la legislación, porque puede generar más problemas”.
Mientras, otros territorios reclaman una reunión “bilateral” con la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, actualmente responsable de esta ley después de que Miquel Iceta dejase esta cartera para pasar a ser ministro de Cultura y Deporte. Algunas voces creen que para que los interinos con cinco años de trabajo en la misma plaza la norma supone “un cambio total y absoluto” y un “giro” respecto a la hoja de ruta pactada.
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