La ley también crea las oficinas de justicia en los municipios, que acercarán el servicio público de justicia a todos los territorios
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves, 14 de noviembre, la esperada Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. La norma pasa ahora al Senado para su aprobación definitiva. Esta ley supondrá un cambio estructural en el esquema de tribunales en todo el territorio español, lo que se conoce como planta judicial. De 3.800 juzgados que existen en la actualidad, se pasará a 431 tribunales de instancia (tantos como partidos judiciales). Esta profunda reforma, que lleva años fraguándose, pretende ser el motor para conseguir una mayor eficiencia del servicio público de justicia.
La norma es un hito comprometido por España ante la Comisión Europea en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se erige como pilar fundamental de la mayor transformación de la justicia en décadas. Un proceso de modernización que se ha iniciado con la Ley Orgánica del derecho a la Defensa (publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado) y la aprobación de los Reales Decretos-ley 5/2023 y 6/2023, que impulsaron la digitalización y los trámites procesales.
En su intervención en el pleno, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños ha puesto en valor la política de acuerdos que ha permitido la aprobación de esta norma y ha agradecido la labor de los técnicos del ministerio y la contribución por parte de los grupos parlamentarios a la mejora del texto.
Tribunales de instancia
La Ley Orgánica de eficiencia del Servicio Público de Justicia introduce dos líneas fundamentales de actuación: una reforma organizativa y otra procesal, ambas posibles gracias al despliegue tecnológico que está desarrollando e implementando el ministerio, como el expediente judicial electrónico.
Respecto a la reforma organizativa de la Administración de Justicia, la norma crea los tribunales de instancia, un órgano colegiado que integra todos los juzgados unipersonales y los jueces de primera instancia en una única organización en cada partido judicial. Esto permitirá unificar la respuesta judicial en primera instancia. Cada tribunal estará integrado por una sección civil y otra de instrucción. Además, se podrán integrar otras secciones especializadas que, hasta ahora, constituían juzgados individuales.
De esta forma, los 3.800 juzgados unipersonales se transformarán en 431 tribunales. Se quiere favorecerla especialización, la unificación de criterios y permitirá distribuir adecuadamente las cargas de trabajo y compartir recursos.
La ley también crea las oficinas de justicia en los municipios, que acercarán el servicio público de justicia a todos los territorios y les dotarán de servicios con los que los ciudadanos podrán realizar toda una serie de actos y trámites procesales de manera telemática sin tener que desplazarse.
Mediación
La ley incluye modificaciones en materia procesal regulando los llamados medios alternativos de solución de controversias (MASC) en vía no jurisdiccional en los ámbitos civil y mercantil.
Esta regulación quiere contribuir a encontrar la solución más adecuada a cada conflicto aliviando la carga de trabajo de juzgados y tribunales.
Por último, la ley contempla una serie de reformas procesales para agilizar la tramitación de los procedimientos judiciales en varias jurisdicciones, aplicándose también a la subasta judicial electrónica. Asimismo, modificará las principales normas procesales para adaptarlas a la reforma de la organización judicial mencionada anteriormente.
Fuente: cincodias.elapais.es 14.11.2024