Asegura que el pasado 6 de junio, el secretario de Estado dinamitó los puentes del diálogo, sin ningún motivo.
Javier Jordán de Urríes Sagarna, presidente de CSIF Justicia -el sindicato mayoritario en la Administración de Justicia-, analiza en Confilegal la situación actual del conflicto entre el Ministerio dirigido por Pilar Llop y los funcionarios, que ayer decidieron continuar con la huelga indefinida y endurecer las movilizaciones.
¿Qué balance hace de la situación?
Tenemos un Gobierno que dejó de ser socialista y progresista.
Ha concedido una subida salarial a los letrados y a los jueces -es decir, a quienes más cobran-, y pretende dejar en la estacada a quienes menos perciben, que significativamente somos los que abrimos los juzgados todos los días y hacemos que la justicia funcione.
Además, en contraste con nuestra situación, de 50 días de huelga, concedió a uno de los colectivos ese aumento con la simple amenaza de una huelga, lo cual es sencillamente escandaloso.
Es escandaloso el comportamiento del Ministerio.
Es inaceptable el trato inhumano que ha tenido con quienes decidieron permanecer en la mesa de negociación para intentar buscar un acuerdo que permitiera darle salida al conflicto.
Es un insulto que la ministra estuviera la semana pasada en Luxemburgo hablando de Directivas europeas sobre derechos humanos y preparando la presidencia española de la parte de justicia del Consejo Europeo cuando tenía a cinco personas en su Ministerio con la prohibición expresa de que se les pudiera facilitar alimentos y bebidas.
Ese gesto dice mucho de la hipocresía de este Gobierno, de la doble vara de medir. Es un Gobierno clasista.
¿Qué pasó durante las negociaciones?
Fue Justicia quien el pasado martes 6 de junio, por la tarde -en concreto el secretario de Estado-, dinamitó los puentes del diálogo, sin ningún motivo.
Por tanto, aquí hay una responsabilidad de determinadas personas que por alguna cuestión personal han decidido cargarse toda posible vía de acuerdo.
Esa forma de actuar es impropia de un responsable político. No sabemos cuánto le queda en el cargo, pero si tuviera dignidad estaría en su casa ya.
Al final, han decidido mantener la huelga indefinida…
Ayer se sometió a decisión del colectivo de cómo encarar el conflicto en los próximos días, y se celebraron asambleas en toda España, en las que se explicó la situación actual, se escuchó a los trabajadores, y finalmente se ha decidido continuar con la huelga indefinida e incrementar y endurecer las medidas de presión, que en los próximos días se irán anunciando.
¿Que le diría a los que no entienden que decidieran seguir adelante con la huelga indefinida tras el adelanto electoral?
No entendemos esas críticas. Es una decisión tomada sobre la base de hechos objetivos de que el Gobierno, si quiere y si hay voluntad, le puede dar una salida a pesar de que estén las elecciones convocadas.
De los tres conflictos, el nuestro es el que más justificado estaba.
¿Por qué?
Porque nosotros estamos aportando soluciones al problema de la lentitud de la Justicia.
Y lo estamos haciendo sobre la base de que queremos que se nos reconozcan legalmente unas funciones que estamos realizando efectivamente en la oficina judicial y que se nos paguen a nosotros, no que las cobren otros simplemente porque aprietan un botón de firma.
Por tanto, nuestra reivindicación es la más justa de todas. Además, no es una reivindicación de dinero por dinero.
Insisto, el adelanto electoral desde el punto de vista de funcionamiento del Gobierno, no afecta en absoluto. Vamos a hartarnos de ver durante estos días habilitaciones de créditos extraordinarios para hacer realidad las promesas que el presidente del Gobierno va a ir lanzando durante todo este periodo preelectoral para intentar captar el voto de los ciudadanos el 23 de julio.
“Queremos que se nos reconozcan legalmente unas funciones que estamos realizando efectivamente en la oficina judicial, no que las cobren otros simplemente porque aprietan un botón de firma”
Si eso se va a hacer, ¿por qué no se atiende primero nuestra reivindicación, que es justa, y que es un conflicto que viene arrastrando ya desde hace tiempo? ¿Por qué no pone encima de la mesa unas cantidades y se intenta arreglar?
¿Por qué no cumple el secretario de Estado con su palabra de que después de los jueces veníamos nosotros, dando a entender de que también íbamos a poder alcanzar un acuerdo económico?
¿Por qué no cumple el secretario de Estado con su palabra de que después de los jueces veníamos los funcionarios?
¿Por qué no se pone alguien como interlocutor, que en vez de apostar por poner palitos en la ruedas, dinamitando los puentes del diálogo y la comunicación, que sea capaz de llegar a acuerdos y de solucionar el problema?
Este Gobierno tiene la obligación de negociar con los funcionarios.
Ustedes señalan que la subida que reclaman se llevaría a cabo a través del concepto “complemento general del puesto”, una retribución básica ligada a sus funciones, “lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen”. ¿Esa modificación afectaría al resto de funcionarios?
No. Es un complemento exclusivo de la Administración de Justicia.
Nosotros tenemos un artículo, normalmente el 28 o el 29 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, distinto a las retribuciones de AGE, donde se tienen las retribuciones de letrados, jueces, magistrados y de funcionarios de Justicia.
Es un concepto retributivo que figura en los presupuestos generales del Estado y que es competencia del Ministerio.
Un funcionario dijo recientemente en un medio televisivo: “Vamos al juzgado a sobrevivir, a ver qué nos encontramos cada mañana”. ¿Cómo es la situación que afrontan en el trabajo?
Contamos con una falta de medios personales y materiales acuciante ante la que ningún Gobierno ha puesto coto. Y menos éste, que se ha dedicado al escaparate.
“Contamos con una falta de medios personales y materiales acuciante ante la que ningún Gobierno ha puesto coto. Y menos éste, que se ha dedicado al escaparate”
Explíquese.
Este Ejecutivo se ha dedicado a reformar lo de fuera, no se ha preocupado por lo de dentro.
La reorganización de lo dentro es una tarea muy gris que nadie quiere, porque no da votos.
Pero lo que necesita la Justicia es una reorganización interna, también de las funciones.
Las sucesivas leyes procesales están encomendando a la oficina judicial cada vez más tareas. Y la oficina judicial no es sólo los 4.400 letrados de la Administración de Justicia.
De ahí que sea falso el tuit que publicó el CNLAJ diciendo que el 90% del trabajo de la oficina judicial lo hacen los LAJs.
La nueva organización de la Justicia exige un nuevo perfil de funcionario y lo que no se puede hacer es explotar a ese funcionario pagándole lo mismo pese a asumir más funciones derivadas de esos cambios tecnológicos y de una serie de cuestiones.
Lo que hay que hacer es adaptar esos perfiles y sobre todo reconocer que las oficinas judiciales no pueden seguir teniendo 800.000 cuellos de botella.
¿Entonces, qué están pidiendo respecto a la oficina?
Es ineficaz e ineficiente que un procedimiento vaya 25 veces a la pila de firma pudiendo darle el impulso procesal oportuno el funcionario de Justicia. Solamente tendrían que ir a la firma de jueces y de letrados las cuestiones verdaderamente importantes.
Estamos hablando de un cambio de paradigma dentro de la oficina. Y eso es lo que no quiere ver el Ministerio, porque vuelvo a repetir: eso es una tarea gris, que no se ve y que cuesta dinero.
Quien dijo que las reformas no cuestan dinero y que se pueden hacer a coste cero, está fuera de la realidad de lo que necesita la oficina judicial
“Las reformas no se pueden hacer a coste cero”
Claro que las reformas cuestan dinero. Hay que invertir en ellas y en las personas, que son los protagonistas de las mismas.
Otra cosa es que a largo plazo esa nueva organización dé como resultado ahorros significativos en esto. Pero en el corto plazo, evidentemente, no puede ser a coste cero.
A un mes de las elecciones, ¿qué llamamiento hace a los partidos políticos en materia de Justicia?
Que dialoguen más. Que se abran a los colectivos que trabajamos en la Administración de Justicia.
Si quieren hacer una reforma -que sea necesaria y que todos compartamos la necesidad de realizarla-, hay que hacerla entre todos. Pero de verdad, no de palabrarería y diciendo que son el Gobierno del diálogo y el Ministerio del diálogo y luego resulta que son el Gobierno de la imposición y el Ministerio del trato inhumano.
El próximo Gobierno tiene como primera tarea, si no se consigue antes, el reconocimiento legal y retributivo a los funcionarios de las funciones que realizan en la oficina judicial.
Si pretenden poner en marcha otra vez las leyes de eficiencia u otras leyes similares bajo otro nombre, ya que afectan a las condiciones de trabajo de los 45.000 funcionarios de justicia, lo que tienen que hacer es negociar el contenido con las organizaciones sindicales.
Y no hacer lo que ha hecho este Gobierno, que es iniciar su tramitación parlamentaria sin ni siquiera haber intentado llegar a un consenso con los sindicatos.
Es una cuestión muy sencilla, pero que implica voluntad de verdad de construir una justicia entre todos, y no una justicia elitista, controlada y gobernada desde las élites.
Fuente: CONFILEGAL