Pese al plan del Gobierno para reducir la temporalidad en las administraciones, la tasa de temporalidad ha crecido 5,75 puntos porcentuales desde 2018.
El número de empleados públicos alcanzó récord histórico el pasado mes de julio, hasta sumar 2.731.116 millones en un contexto de crisis, deterioro del empleo privado y un ‘boom’ de oposiciones. Sin embargo, este aumento no ha sido a costa de la entrada de funcionarios de carrera, ya vinculados a la Seguridad Social y con puesto garantizado, y sí de la contratación de interinos, sobre todo por parte de las comunidades autónomas.
Mientras la plantilla de funcionarios de carrera sigue perdiendo fuerza en todas las administraciones, los esfuerzos y medidas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para reducir la precariedad siguen sin tener los efectos previstos.
Los datos actualizados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, recogidos en el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, muestran que los empleados incluidos en Otro personal, básicamente interinos, suponen ya un 24,34% en las administraciones.
El porcentaje es el más alto en esta estadística y se ha ido incrementado de forma progresiva durante los últimos semestres. La actual situación trunca claramente los planes de Sánchez de reducir la temporalidad y minimiza parte de las medidas ya impulsadas por el Ejecutivo.
El 8% de interinos
El objetivo, recogido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas, de cuyo dependen los fondos europeos, en situar los contratos eventuales en el 8% de media en las administraciones en 2025, un escenario que a día de hoy no parece fácil. El Boletín de Hacienda muestra que en enero de 2018, cuando Mariano Rajoy afrontaba sus últimos meses en La Moncloa, la tasa de interinos se situaba en el 18,59%, 5,75 puntos porcentuales menos que los registrados en julio de 2022.
La tipología Otro personal engloba a los trabajadores eventuales que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial. Su número es muy reducido. También se incluye en el apartado Otro personal a los funcionarios interinos, que es nombrado por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia y hace funciones de personal de carrera. Por último, contempla al personal funcionario de plazas no escalafonadas, un tipo por la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en su Disposición Adicional Primera.
Normativa contra la temporalidad
Con el objetivo de reducir al 8% la interinidad media en las administraciones, el Gobierno logró sacar adelante en julio de 2021 el Decreto Ley de interinos, una norma que busca dar estabilidad a este colectivo. Sin embargo, el proyecto estrella de Miquel Iceta tras su paso por el Ministerio de Función Pública, no parece estar dando el resultado previsto, al menos en el corto plazo.
La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, tenía como objeto reforzar el carácter temporal de la figura del personal interino, aclarar los procedimientos de acceso a la condición de personal interino y determinar las causas de los ceses. Una de las claves de la ley era que transcurridos tres años desde el nombramiento se producirá el cese del personal interino y la vacante sólo podrá ser ocupada por un funcionario de carrera.
Funcionarios vs interinos
Las comunidades autónomas son las máximas responsables de esta situación que se constatan tanto en la Encuesta de Población Activa como en el Registro de Hacienda, que se nutre directamente de los datos de las administraciones. Las autonomías registraron en julio un porcentaje de interinos del 34,76%, muy cerca del máximo de enero de 2021 -35,14%-.
Mientras, la Administración Pública Estatal, en la que el 82% de la plantilla son funcionarios de carrera, ha visto como también ha aumentado el porcentaje de temporalidad, que está lejos del de las regiones, pero ya supone un 2,65%. Su principal problema es el envejecimiento de su plantilla, que en su mayoría logró plaza en los 80 y está a punto de jubilarse. En total, serán más de 300.000 los empleados que se retirarán antes de 2025.
Así, el 41,56% de los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) se encuentran entre los 50 y 59 años, siendo mayores de 50 el 63,46% de la plantilla. Mientras, los menores de 40 no superan el 15%. Por su parte, las entidades locales recurren de forma habitual al personal laboral, que se rige por el Estatuto de los Trabajadores y no cuenta con algunos privilegios de los funcionarios. El 54% de sus empleados tienen este perfil.
Fuente: The Objetive