Plataforma de Interinos de la Función Pública: “Ante la temporalidad en la Administración Pública, hemos decidido organizarnos y luchar”

Entrevistamos a Jordi Cerdà, trabajador de la Plataforma de Interinos, que viene denunciando la anómala situación de temporalidad en el sector público y las inacciones de gobiernos e instituciones desde hace años

os sectores públicos se encuentran en pie de guerra. Hace apenas unos días, colegios, institutos, FPs y universidades de Madrid llenaban las calles de la capital en una manifestación histórica en defensa de la educación pública. El sector sanitario en los últimos años ha sido uno de los más presentes en luchas y en mareas. A todos estos se suman en esta ocasión miles de trabajadores interinos de la Función Pública, que se están organizando en grupos y canales de difusión al margen de la burocracia sindical, con el objetivo de denunciar y revertir el enorme problema de la temporalidad presente en la Administración Pública. Hablamos con Jordi Cerdà, trabajador que lleva 17 años en la Administración Pública en Catalunya y que se encuentra en esta situación. “En total en todo el Estado hay 3.591.000 personas que son interinos. Es decir, casi el 30% de los trabajadores públicos son interinos. Ante el trato de la temporalidad por parte de las diferentes administraciones públicas, hemos decidido organizarnos y luchar”.

El problema de la temporalidad en la Administración Pública viene presente desde hace años. Con la directiva 1999-70 emitida por la UE, se buscó específicamente regular el régimen para los trabajadores de la AP en todos los estados miembros. Sin embargo, como denuncian los trabajadores, “llevamos 26 años esperando la transposición de esta directiva”, es decir, que se armonice la legislación española al marco de regulación europeo. “Llevamos desde el año 1999, somos el Estado con diferencia más incumplidor en este aspecto”. Tras la denuncia de sindicatos y colectivos sobre el incumplimiento, el Gobierno progresista anterior aprobó en Consejo de Ministros el Real Decreto-ley 14/2021 y posteriormente la Ley 20-2021, convalidados en el Congreso de los Diputados y cuyo objetivo pasaba por “estabilizar a los interinos en abuso de temporalidad”. Sin embargo, según denuncia la Plataforma de Interinos, “no se ha solucionado nada. En abuso de temporalidad, había 800.000 trabajadores. Hoy hay 1.300.000 según datos del INE.” La ley traía además una fecha de caducidad, dado que “estaba prevista solo para actuar hasta el día 31 de diciembre del 2024”. Es decir, era una ley pensada para que las administraciones autonómicas y estatales actualicen la regulación a los trabajadores temporales. Pese a ello, muchas administraciones “que no se han puesto las pilas y no han tirado en marcha los procesos de estabilización, ya no la van a ejecutar”. De hecho, actualmente la ley ya no es válida, por lo que no hay una legislación vigente para regular el abuso de temporalidad. “Se ha creado otra vez un abuso de temporalidad sin resolver previamente el que había, y estamos peor que estábamos”.

Este problema se ha agravado estos últimos 4 años, en tanto que “hay autonomías que por las razones que sean no lo han puesto en marcha” y “ha habido un seguimiento desigual”. Donde más se ha agravado el problema es en el País Vasco, con un “41% de trabajadores temporales y donde no ha habido estabilización”, pero es un problema que atraviesa a otras comunidades como Aragón, Madrid, Extremadura o la Comunitat Valenciana, que tampoco han llevado a cabo ningún cambio. Incluso en las CC. AA que se han aplicado las estabilizaciones, el problema sigue siendo inmenso. “En Canarias, ha habido estabilización, pero continúan quedando un 40% de interinos. En Asturias, donde ha habido estabilización, pero continúan quedando un 35%. En Andalucía uno de cada cuatro funcionarios es un trabajador público temporal en abuso. Y en Cataluña, hemos quedado 100.000 y los profesores o sanitarios no han sido estabilizados”. Las AP más allá de aplicar la legislación, no han parado de contratar gente y con ello, “han vuelto a crear medio millón más de interinos en abuso”.

En el terreno judicial, la Plataforma plantea que hay en curso dos procedimientos de sanción desde la UE para España por incumplimiento de la directiva

La vigencia limitada de la ley y la incapacidad de ser una ley efectiva para acabar con la temporalidad en el sector público en ninguna de las administraciones estatales es en realidad una maniobra gestada. “No sé las razones, pero ni el PP ni el PSOE están dispuestos a llevarla a cabo”. Para la Plataforma de Interinos, es especialmente interesante poder abusar de la temporalidad en el caso de los trabajadores públicos, por diversos mecanismos que complican esa regulación y favorecen que continúe el abuso. “Muchas veces no hay presupuestos, otras veces son diferentes administraciones las que tienen que poner en marcha sus recursos humanos, autonomías, diputaciones, ayuntamientos, el Estado, y nadie las está coordinando. El Estado no va a regular el abuso de temporalidad porque no se va a castigar a sí mismo”. Por otro lado, la Plataforma de Interinos denuncia la complicidad de los sindicatos mayoritarios y de la judicatura en legitimar la temporalidad. “El Supremo se ha declarado en rebeldía ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, es una cosa que no se había visto nunca. CCOO y UGT se han cerrado en banda en no querer sancionar el abuso de temporalidad, en tanto que tienen academias de formación y viven de subvenciones de la patronal, es un tema estructural”. 

Ahora, la Plataforma de Interinos, con el apoyo de sindicatos de base, se proponen organizarse y llevar a cabo una respuesta. “Nos hemos articulado como plataforma para poder llevar la protesta a las calles y a la justicia. Empezamos primero como plataforma territorial y ahora ya a nivel estatal. Y trabajamos de la mano de CGT, de Cobas, de COS, que son sindicatos que nos están prestando toda su ayuda y orientación estratégica”. Según cuenta el miembro de la Plataforma, “del mismo modo que nos atacan por tierra, mar y aire, nosotros hemos planteado un ataque judicial que ya ha empezado, un ataque político que ya ha empezado y un ataque sindical”. O, dicho de otra forma, plantean llevar a cabo una “huelga general, manifestación estatal y querellas a nivel de contencioso administrativo de impugnación de los procesos que sean injustos”.

En el terreno judicial, la Plataforma plantea que hay en curso dos procedimientos de sanción desde la UE para España por incumplimiento de la directiva. “En 3 o 4 meses la Comisión Europea va a emitir un informe demoledor en el cual va a pedir al TJUE que sancione al Estado con 23, 27, 29 o 31 millones de euros al día para que obliguen al Supremo a acatar la jurisprudencia europea”. Además, desde la Plataforma han podido poner enmiendas a la nueva ley en trámite, con el objetivo de “modificar el Estatuto Básico del Empleado Público y para introducir el tema del abuso de temporalidad”.

“Para tanques hay dinero, para misiles hay dinero, para submarinos y para sus cuatro tonterías, pero para lo que realmente importa, no para matar, sino para vivir, no hay”

Los interinos quieren hacer hincapié en que el problema de la temporalidad en el sector público afecta a todos los usuarios y al servicio que proporcionan. “Si las unidades están infradotadas, no hay suficientes trabajadores para poder cubrir la carga de trabajo. Esto se nota sobre todo en la sanidad o en la educación, donde falta gente. No hay presupuesto ni para nóminas ni para mantenimiento”. Añadido a esto, “el tema de la temporalidad afecta directamente en que se desmontan los equipos de trabajo. Estamos especializándonos para poder dar el mejor servicio posible al usuario, al ciudadano, y si nos vais cambiando esto no es posible”.

Los contratos temporales, la precariedad y las deficiencias que sufren los trabajadores de la Administración Pública son un síntoma más de los ataques a los servicios públicos que se sufren en todo el Estado, pero que además ahora están a la orden del día en la Comunidad de Madrid. El ajuste presupuestario y la Ley Viciana en curso para atacar a las universidades públicas, la falta de prácticas en la Formación Profesional, las ratios de profesor por alumno en los institutos o las privatizaciones de servicios en la sanidad pública son solo algunos ejemplos. “El caso de Madrid es flagrante, inexplicable el ataque brutal que están padeciendo los servicios públicos, no solo de los interinos, sino los servicios públicos en su totalidad por parte de la presidenta Ayuso y del gobierno del Partido Popular”. Según destaca la Plataforma, comenzaron a organizarse en Catalunya y han llevado a cabo procesos para organizarse en todas las Comunidades Autónomas. “Ahora la plataforma en Madrid con los ceses y con el ataque que se está produciendo, se ha levantado.

Por último, Jordi Cerdà planteó una interesante reflexión en torno a dónde se invierten los fondos que se recortan en los servicios públicos: “Para tanques hay dinero, para misiles hay dinero, para submarinos y para sus cuatro tonterías, pero para lo que realmente importa, no para matar, sino para vivir, no hay”.

Fuente: diario.red 04.03.2025