Fuente: Diario de Navarra de fecha 14 de enero 2022 enlace
En los últimos tiempos hemos venido asistiendo a importantes movilizaciones por parte de trabajadoras y trabajadores interinos del ámbito público que se encuentran en un flagrante fraude de Ley reconocido no solo por las más altas instancias judiciales europeas, estatales, y locales, sino por el propio gobierno de la nación que ha tramitado una Ley para intentar el resarcimiento y solución de la situación a la que nos han dirigido con sus irresponsables decisiones. No vamos a entrar a valorar la Ley, pese a tener mucho que decir sobre sobre ella y su falta de cumplimiento para con una resolución europea jerárquicamente superior. No es lo que nos preocupa en estos momentos, aunque si no ocupe y mucho.
No vamos a entrar a valorar la Ley, pese a tener mucho que decir sobre sobre ella y su falta de cumplimiento para con una resolución europea jerárquicamente superior. No es lo que nos preocupa en estos momentos, aunque si no ocupe y mucho
Ahora se hace prioritaria otra cuestión relativa a la correcta gestión del personal de Gobierno de Navarra, cuestión que debería haber sido ya abordada por quienes se sientan en los sillones y deciden el futuro de miles de personas, entre las que, evidentemente nos encontramos, pero también se encuentran todos. Desde estas líneas queremos poner de relieve que se encuentran en marcha multitud de convocatorias públicas de empleo cuyo futuro es más que sombrío. En estas convocatorias públicas se convocan plazas ocupadas de manera temporal por personas que llevan, en algunos casos, más de diez años contratadas en fraude de ley. Se da la circunstancia que desde la ley de estabilidad presupuestaria y los presupuestos de 2011 se niega a las administraciones públicas el derecho de convocar libremente los procesos selectivos que consideraran necesarios, estableciendo las llamadas tasas de reposición, que no son otra cosa que la posibilidad de restituir aquellas personas trabajadoras que se jubilan, se encuentran en situación de excedencia sin reserva de plaza o renuncias voluntarias, obviando otras situaciones administrativas que generan temporalidad de larga duración, y que deviene en estructural. Estas y otras decisiones anteriores a la norma establecida en 2011 como el excesivo conservadurismo en las ofertas de empleo público que provocaron la convocatoria de un número de plazas menor insuficiente para el correcto funcionamiento de los servicios públicos nos ha dirigido a esta situación de abuso por parte de la administración.
En el caso que nos ocupa somo los y las trabajadoras de Servicios Generales del Gobierno de Navarra quienes tomamos la iniciativa de solicitar del departamento de Función Pública la suspensión temporal de la convocatoria prevista, aún sin lista definitiva y por tanto fecha de examen, para llevar a cabo un análisis exhaustivo de todas aquellas plazas ocupadas por personas en situación de fraude de ley y por tanto estén siendo abusadas por la administración.
Piensen por un momento el embrollo en que la administración se metería al continuar con este, y otros, procedimientos selectivos en el que aquellas personas que opten a una plaza y la obtuvieran por oposición se encontraran que otra persona la sigue ocupando por sentencia judicial…dos personas en las mismas plazas en infinidad de plazas. Recursos, indemnizaciones, daños y perjuicios se sucederían a lo largo del tiempo. Se hace necesaria pues, una gestión responsable del problema que nos ocupa, la suspensión temporal no implica la no convocatoria de este y otros procedimientos selectivos, quienes tienen las oposiciones como base de sus negocios pueden estar tranquilos, aquellos que libremente quieren opositar también deben estarlo, la decisión de interrumpir la convocatoria para su análisis proporciona seguridad jurídica de la que hoy por hoy carece. Es por tanto que el colectivo de trabajadores y trabajadoras de servicios generales abajo firmantes solicitamos de la Dirección de Función Pública la suspensión y posterior análisis del proceso selectivo aprobado por resolución 768/2021, de 15 de marzo, de la Directora General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de ciento cincuenta y siete vacantes del puesto de trabajo de Servicios Generales, al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.