El sindicato, tercera fuerza en la Administración General aragonesa junto a CATA, resalta que PP y PAR -además de IU- firmaron un escrito de respaldo a su demanda de estabilizar a los 17.000 empleados y empleadas públicas en fraude de ley “y que este mismo punto figura en el pacto entre los dos partidos”
El sindicato STEPA “valora positivamente los pactos y primeras declaraciones del nuevo Gobierno de Aragón presidido por el popular Jorge Azcón, con el apoyo de PP, Vox y PAR, para acabar con la temporalidad abusiva y la nefasta política laboral” del anterior Ejecutivo del socialista Javier Lambán “que se ha despedido con un 49,5% de la plantilla de la DGA con contrato temporal, incumpliendo el límite legal del 8%, y lograr la estabilización de los 17.000 empleados en fraude de ley de la administración autonómica”. Para garantizar el cumplimiento de estas promesas, solicitará de forma inmediata una reunión con el nuevo consejero de Hacienda y Administración Pública del gobierno ultraderechista, Roberto Bermúdez de Castro.
STEPA destaca que “tanto el PP como el PAR, así como IU, se comprometieron por escrito antes de las elecciones autonómicas a identificar todas las plazas que cumplen con los requisitos de la Ley 20/21 y deben salir a concurso de méritos o concurso-oposición y convocar estos procesos en el menor plazo posible. El mismo compromiso aparece expresamente en el pacto de investidura entre los dos partidos. Además, el propio Jorge Azcón en su discurso de investidura a las Cortes se comprometió a solucionar la elevadísima tasa de interinidad atendiendo a los reiterados requerimientos de la Unión Europea y al cumplimiento de nuestra propia normativa”.
La lucha contra la temporalidad en el sector público ha sido la prioridad de STEPA durante los últimos 4 años. En este sentido, ha denunciado que, en la administración aragonesa, la tasa actual triplica la del sector privado (el 13,9% según la última EPA) y la DGA sigue sin cumplir con la Ley 20/21 para estabilizar sus plazas a todos los trabajadores y trabajadoras “que llevan más de tres años con contrato temporal, un fraude de ley que en la empresa privada se sanciona y, paradójicamente, en la pública, no”.
Una de las acciones fue solicitar a todas las formaciones que concurrieron a las elecciones aragonesas su compromiso escrito de convocar todas las plazas que pueden estabilizarse “ya que durante el Gobierno cuatripartito de Javier Lambán apenas se ofreció el 10% de las más de 4.000 plazas de Administración general reconocidas por el propio Ejecutivo”. Así, recuerdan que Mar Vaquero, secretaria general del PP en Aragón, y Clemente Sánchez-Garnica, presidente del PAR, “firmaron este documento”, que ahora el sindicato demanda “llevar a la práctica de forma inmediata, junto con otras medidas para garantizar la calidad del empleo público”.
Estabilización con transparencia
Las responsables de STEPA han subrayado que se trata de una cuestión urgente “al tener la obligación legal de publicar una última Oferta de Empleo Público de estabilización durante el cuarto trimestre del año, y para acabar ya con los ceses masivos del personal en abuso, al ofrecerse sus plazas en procesos ordinarios, que están provocando un grave perjuicio no solo para los afectados, sino para la calidad de los servicios públicos”.
Como primer paso, el sindicato emplaza al nuevo consejero Roberto Bermúdez de Castro a una reunión lo antes posible, “para presentarle una radiografía de la situación de la Administración General que sea un punto de partida para estabilizar a todos sus empleados y dar cumplimiento a la legislación europea y nacional en todos sus ámbitos”.
Como reclamación destacada, señalan la necesidad de que todo el proceso se ejecute “con total transparencia”, identificando claramente los plazas afectadas, los criterios aplicados y los pasos jurídicos, “frente a la falta de motivación jurídica y oscurantismo en la convocatoria de estabilización actualmente en marcha”, que llevó al sindicato a presentar una demanda de nulidad ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Solución justa, legal y a coste cero
STEPA ha subrayado que dar “una solución justa, legal y a coste cero, para las víctimas del abuso de temporalidad”, se enmarca dentro de su objetivo de “mejora de todos los trabajadores sin distinción, porque los servicios públicos se sustentan en las personas y todos somos compañeros”.
Las últimas elecciones sindicales, en mayo, consolidaron a STEPA en unión con CATA como la tercera fuerza en la administración general aragonesa, con el 20% de apoyos, y le dieron entrada en la Mesa Sectorial, “desde donde luchar contra el desmantelamiento de los servicios públicos y la precarización del empleo”.
Entre otras cuestiones, el sindicato resalta “la necesidad de impulsar decididamente la prevención de riesgos laborales, ya que la Administración aragonesa es la mayor incumplidora en esta área”. Entre las demandas al nuevo Ejecutivo, STEPA incidirá en cómo “la precariedad laboral, la inestabilidad, la falta organizacional, el estrés, la falta de reconocimiento y promoción, etc. influyen directamente en la salud mental y, por tanto, en el servicio público”.
STEPA señala que “la situación que se le presenta al nuevo Gobierno como empleador es muy complicada, ya que a la alta temporalidad se suman multitud de procesos convocados días antes de la entrada en vigor de la Ley 20/21 sin ejecutar, un macroconcurso sin resolver con más de 800 alegaciones o la obligación de sacar una nueva oferta extraordinaria de estabilización para suplir la ridícula oferta aprobada en 2022. Lo raro es que haya alguien ocupando su puesto”, concluyen las representantes sindicales.