Fuente: Confilegal de fecha 8 de enero de 2022 enlace
“Es un cierre en falso al problema de los interinos”, explica aConfilegal Jose María Figaredo, diputado por Vox por Asturias y portavoz adjunto de la Comisión de Política Territorial y Función Pública, sobre la reforma aprobada para reducir la temporalidad, ya en el BOE y en vigor.
Sus intervenciones en la tramitación del ‘Icetazo’ en el Congreso de los Diputados han puesto de manifiesto su rechazo al Real Decreto-Ley 14/2021, tramitado en la Cámara Baja, y contra el que Vox interpuso un recurso de inconstitucionalidad el último día del plazo octubre del 2021 que está pendiente de ser admitido a trámite.
“Confiamos que se tenga en consideración nuestro recurso de cara a anular todas sus implicaciones jurídicas que son muchas”, afirma.
Este diputado avanza que su grupo parlamentario recurrirá también la cesión al Pais Vasco, mediante una enmienda aceptada al PNV a la Ley de Presupuestos Generales del Estado, de la competencia sobre el cuerpo de habilitados nacionales, funcionarios de la administración local. Se trata de secretarios e interventores que se habilitan a nivel nacional.
Desde su punto de vista, “es un insulto a todos los habilitados nacionales y opositores al cuerpo. Al mismo tiempo es un golpe importante a la seguridad jurídica y al sistema jurídico de nuestro país. Tener un cuerpo nacional garantiza reducir los focos de corrupción, que en muchos casos aparece a nivel municipal en termas de urbanismo”.
En sus intervenciones en la Comisión de Función Pública del Congreso, Figaredo ha llegado a señalar que mientras en España la precariedad en el empleo privado ronda el 25%, en la administración publica se pulveriza esta cifra: 44% en la Universidad, en administraciones sanitarias, el 47,31% o el 51% en docencia.
«Es infame y con esta norma que van a aprobar los sucesivos gobiernos que han ido aprobando esto, se van a ir de rositas, no hay responsables políticos».
También criticaba que la propuesta pretende estabilizar las plazas, pero lo que hay que estabilizar es a las personas que han padecido el fraude de ley.
En cuanto al recurso en sí,Figaredo explica a Confilegal que el recurso de inconstitucionalidad tiene una forma muy concreta y unos requisitos específicos.
“La crítica es más amplia y no está atada por estas formalidades. Creemos que no se pueden tratar por igual, situaciones de estos profesionales que son muy diferentes”.
Este diputado recuerda que “estamos hablando del futuro de miles de personas que llevan años en fraude en distintas administraciones”.
“Lo que nos preocupa es que cuestiones como el diseño del concurso de méritos para los interinos con más de cinco años en fraude, o la convocatoria de concurso oposición para aquellos en tres y cinco, queda a la discrecionalidad de cada CCAA”.
Desde esta perspectiva, “este Real Decreto-Ley desde su entrada en vigor es discriminatorio y genera una inseguridad jurídica notable. Por desgracia, la tramitación parlamentaria no ha mejorado el texto que sigue siendo infumable a todas luces”.
“El régimen de responsabilidad de los administradores es a posteriori, pero que sucede con aquellos que han generado la situacion de estos 800.000 profesionales. No se toma ninguna medida contra ellos”.
Un texto con grandes lagunas
Para este jurista “el texto final de la norma que ya conocemos nace infringiéndose a si misma. Habla del año 2016 y la norma va a salir publicada este año, 2022, eso son seis años de diferencia para acogerse al concurso de méritos abierto”.
Frente a ello destaca que “sentencias del TJUE y algunas de la Sala Social del Supremo hablan de fraude de ley a partir de los tres años. Esto hace que la norma nazca infringiendo la ley”.
Al mismo tiempo considera que “muchas de estas personas no van a poder afrontar un sistema como éste. Mucho de este personal interino es mujer con una edad entre 50 y 60 años, con carga familiares y poco tiempo para dedicarle a preparar con éxito ese concurso oposición que señala el Real Decreto-Ley y ahora la norma aprobada en Congreso y Senado”.
Otra cuestión que destaca que “en aquellas comunidades autónomas donde se haga una conversión automática hay casos de profesionales mas jóvenes con cinco años ya en fraude, lo que revela que son situaciones diferentes y que no se pueden tratar como iguales”.
En los debates, Figaredo ha sido muy crítico, “lo primero que hay que hacer es un análisis serio y riguroso de cómo está el problema. No se puede operar un paciente sin saber la extensión del tumor”.
A este respecto, este diputado recuerda la guerra de cifras existentes, desde que el que fuera Ministro de Función Pública, ahora en Cultura, Miquel Iceta, llegó a decir que había 300.000 interinos en fraude de ley frente a los más de 800.000 que señalan los colectivos y plataformas de estos profesionales en fraude de ley.
“No entendemos esta dispersión de datos, cuando el propio Gobierno tiene todas las herramientas para dar datos fiables sobre la situación de estos profesionales. De él depende toda la Función Pública, lo que no entendemos es que no se haya hecho una auditoria. Pero no se ha hecho porque se quiere dar una solución de brocha gorda”, aclara.
Los procesos selectivos siguen en marcha
Figaredo, como otras tantas voces, no entiende cómo “los procesos selectivos se han seguido convocando pese a la tramitación del Real-Decreto Ley 14/2021″.
“Es sorprende que el texto normativo aprobado no introdujera un elemento suspensivo de dichas oposiciones que están logrando que muchos de estos profesionales pierdan su puesto de trabajo sin indemnización alguna”, comenta.
Desde su punto de vista, “al final con toda esta actividad, el Gobierno lo que quiere es generar confusión y cumplir supuestamente con una exigencia que les ha planteado la Comisión Europea como es la reducción de los altos ratios de temporalidad de nuestra administración pública”.
Para este diputado de Vox “se cumple tarde, mal y nunca. Se ha hecho una chapuza con esta reforma. Realmente lo que hacen es un cierre en falso pero el problema va a seguir latente y mucho nos tenemos que se vaya a judicializar aún más muchos de estos asuntos”.
En su opinión esta situación de miles de interinos en fraude de ley viene provocada por los sucesivos de PP y PSOE “tenemos una administracion elefantíásica y que utiliza la interinidad para maquillar los números, en lugar de sacar plazas de funcionarios que entrarían en capítulo 1 como gasto de personal fijo, indefinido, contratan interinos, lo que hace que esos datos se maquillen realmente”.
Indemnizaciones muy escasas fijadas
A este respecto se muestra muy crítico con la indemnización aprobada en el Real Decreto-Ley 14/2021 que se mantiene en el texto final para el interino que no supere el proceso selectivo.
“Es un indemnización de 20 días por año trabajado con máximo de un año, justo lo que prevé la reforma laboral que tanto cacarean que van a derogar, quien se pregunta qué hace una persona de más de 55 años con una indemnización de un año y en la calle”, advierte.
A Figaredo, en este contexto no le sorprende que muchos jueces estén dando la fijeza sobre todo en demandas laborales a distintos profesionales en fraude de ley que denuncian su situación, “el poder Ejecutivo está cruzado de brazos con lo cual el problema va creciendo a nivel de dimensión. No se puede mirar para otro lado en un tema de este calado”.
Desde VOX se tiene claro que “la norma aprobada no resuelve el problema, ni siquiera lo ataja. Con lo cual no es de extrañar los cambios en las resoluciones judiciales que estamos viendo”.
Figaredo elogia el trabajo de las plataformas de interinos que han demostrado una capacidad de convocatoria y organización más allá de lo que se esperaba.
De este colectivo han salido muchas de las enmiendas que los partidos políticos plantearon en la tramitación del Real Decreto-Ley.
Curiosamente los distintos ministros de Función Pública: Miquel Iceta, en primer término, y ahora María Jesús Montero, su actual tititular, nunca se han reunido con este colectivo de afectados, como sí hicieron el resto de grupos políticos o el comisario Schmit en España.