Recursos Humanos se escuda en que otros municipios, como Alicante, están regularizando a trabajadores con similares bases, que puntúan cuatro veces más a sus aspirantes que a los foráneos
El concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Elche, Ramón Abad, aseguró ayer que los servicios jurídicos municipales están estudiando la posibilidad de mantener los procesos de estabilización de trabajadores pese a la sentencia del juzgado de lo Contencioso de Elche que declara ilegal las bases por romper el principio de igualdad, y que publicó ayer INFORMACIÓN. El edil dijo que la decisión se adoptará en los próximos días y de forma independiente al hecho de que se vaya a presentar un recurso judicial contra dicha resolución que podría acabar, incluso, en última instancia ante el Tribunal Supremo, lo que supondría una paralización durante años del procedimiento.
Abad se mostró sorprendido por la sentencia, que hace referencia al recurso presentado por una aspirante a una de las dos plazas de Técnico de la Administración General (TAG), porque, aseguró ayer al periódico, las bases alegadas por la recurrente son similares a las de otros ayuntamientos de nuestros entorno y que igualmente priman en puntuación, hasta cuatro veces más, a los candidatos que ya trabajen para la administración sobre los que sean foráneos. Según el responsable de Recursos Humanos, el propio Ayuntamiento de Alicante está siguiendo por ejemplo, este mismo procedimiento con unas bases similares.
Sentencia
Según fuentes judiciales y sindicales consultadas por el periódico, la sentencia, aunque únicamente resuelve el caso concreto que se le plantea (la convocatoria para dos TAG), afectaría a todas las plazas de estabilización que se están convocando, hasta 400, porque se refiere a una baremación de los aspirantes a todas ellas que vulneraría el derecho de igualdad, tal y como se plantea en la bases de la convocatoria. Es decir, en puridad el Ayuntamiento debería acatar el fallo haciéndolo extensivo al resto, pero como no lo comparte y no le han presentado más recursos sobre otras plazas, podría continuar adelante con la selección independientemente de que, cuando esta sentencia adquiera firmeza, ya bien sea dando la razón a la recurrente o bien al Ayuntamiento de Elche, se hayan resuelto el resto de procedimientos. Es decir, se podría concluir que dentro de algunos años el Ayuntamiento hubiera concluido un proceso de estabilización con unas bases que contravenían la Constitución Española por vulnerar el derecho para acceder en condiciones de igualdad a una oferta pública de empleo cuando la mayoría de la esta estaría resuelta sin que el fallo afectara a estos trabajadores ya consolidados en sus puestos, pero sí y solo sí a los dos de la convocatoria de TAG que son el objeto que se debate. También podría suceder que, finalmente, los tribunales dieran la razón al Ayuntamiento que, en cualquier caso, habría resuelto el procedimiento.
De ser la respuesta a esta cuestión fácil -¿qué van a hacer?- el concejal, que sabía desde el jueves la sentencia, la hubiera dado a conocer ayer porque sabe que hay cientos de funcionarios pendientes de lo que pase, algunos desde hace más de 20 años como interinos. Pero ayer aún no sabía qué iba a hacer el Ayuntamiento porque el asunto es peliagudo y, además, no puede negar tampoco que un juez le ha dicho que tienen una convocatoria de plazas con un articulado en las bases que considera en algún caso manifiestamente irregular y con la que, a pesar de todo, decidió seguir adelante.
El Ayuntamiento, con este proceso, no está haciendo ni más ni menos que otros municipios después de que a finales de 2021 se aprobara una ley con el objeto de reducir la temporalidad pública y siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea. La norma aprobada en el Congreso de los Diputados arbitraba un sistema excepcional basado en el concurso de méritos para los procesos de estabilización y que hacía referencia a ciertas plazas y de larga temporalidad. Recursos Humanos considera que tiene unas 400 en esta situación. En la ley nada se dice que deban ser cubiertas por los actuales titulares, ahora bien, el Ayuntamiento de Elche, tras un acuerdo con los sindicatos, aprobó este sistema de baremación para primar que sus propios interinos tengan prioridad a la hora de obtener la plaza por una cuestión, también de operatividad y organización. Y casi todos estuvieron de acuerdo, excepto aquellos que consideran que el acceso a la función pública, por muy excepcional que sea, nunca puede eludir que la convocatoria rompa el principio de igualad.
Interino
El tema no solo está candente en Elche, el Tribunal Constitucional, hace algo menos de un mes tuvo que hacer pública una resolución en la que negaba que se hubiera presentado recurso de inconstitucionalidad contra dicha ley. El sistema permite que cualquier interino con un año de antigüedad pueda acceder a las plazas, haya entrado a este Ayuntamiento, a otro o a cualquier órgano de la Administración y por cualquier método con o sin selección. Ahora bien, la mayoría de personas que se iban a beneficiar llevan una o dos décadas de interinidad tras acceder a través de las bolsas de trabajo.
Fuente: Información.es