El próximo Gobierno tendrá que cambiar el marco normativo de las indemnizaciones por despido, que podrán ser mayores a las actuales, al exigirlo la Carta Social Europea que firmó España.
El despido sale barato en España. Lo defienden políticas como Yolanda Díaz, de Sumar, pero también desde los juzgados. Un magistrado de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Ignacio Moreno, se mostró contundente en una reciente jornada entre el despacho Labormatters y CEOE, donde avisó que el próximo Gobierno de España tendrá que cambiar el marco normativo de las indemnizaciones por despido.
Tendrá que hacerlo porque España ratificó al completo la Carta Social Europea. Se trata de un texto legal por encima de la normativa estatal y que reconoce un nuevo derecho para los trabajadores: los empleados que sean despedidos sin causa objetiva podrán acceder a indemnizaciones superiores a 33 días (el máximo actual).
Así lo recordó el magistrado, explicando que es el artículo 24 de la Carta quien abre la puerta a una indemnización mayor en caso de despido, como recogen desde ‘Economist & Jurist’: “Ya ha habido resoluciones de la Sala Social del TSJ de Madrid y del TSJ de Cataluña que siguen las directrices de dicha Carta Social y ofrecen indemnizaciones adiciones a los trabajadores”.
Ante este escenario, manifestó que “se trata de reaccionar a tiempo porque es una resolución que cambiará las reglas de juego en materia de despido de empresas y trabajadores, sabiendo que el 90% de las empresas son pymes, con lo cual sería recomendable poder crear un baremo indemnizatorio donde se tuvieran en cuenta diferentes factores, similar al que hay en los accidentes de tráfico para que los jueces podamos calcular las nuevas indemnizaciones”.
Un baremo que, según Moreno, por pura lógica, debería ser “fruto del diálogo social entre empresarios y trabajadores. No es lo mismo la realidad de un joven de 25 años que es despedido y que tiene una carrera profesional por delante, que si la persona que abandona la empresa tiene sesenta años. Es necesario esas reglas claras para que los jueces hagamos bien nuestro trabajo”. Sin embargo, desde la CEOE se muestran reticentes, siendo uno de los puntos que se quedó fuera de la reforma laboral por falta de consenso, y sobre el que tendrá que manifestarse el próximo Gobierno, ya que ha llegado hasta el Comité Europeo de Derechos Sociales (ECSR).
Los sindicatos llevan los costes del despido a Europa
El Comité Europeo de Derechos Sociales es el órgano comunitario encargado de velar por el cumplimiento de la Carta Social Europea. Los sindicados CCOO y UGT han presentado dos reclamaciones ante el mismo, solicitando que se incrementen los costes del despido improcedente. Revisando los antecedentes de fallos de otros países, como Finlandia, Francia o Italia, el pronóstico es que España tenga que cambiar el marco normativo fijado en el Estatuto de los Trabajadores.
Así lo cree el magistrado del TSJM, que ve “factible que se modifique el régimen actual objetivo y tasado con este fallo que viene desde Europa”. España, al firmar la carta, tendrá que cumplir las decisiones del Comité, por lo que “será una cuestión que tendrá que abordar el próximo Gobierno que tengamos”, avisando de que “en ese fallo quedará claro que el Estatuto de los Trabajadores no cumple con la Carta Social Europea”.
También lo recordó el presidente de UGT, Pepe Álvarez, en un encuentro celebrado esta semana en el que también participaron el presidente de CCOO, Unai Sordo; el presidente de CEOE, Antonio Garamendi; y el de Cepyme, Gerardo Cuerva. Álvarez, en la línea del magistrado, entiende que la normativa laboral española viola la Carta Social Europea, ya que, actualmente, las indemnizaciones de los despidos producidos por causas ajenas al desempeño del trabajador, no compensan el daño ocasionado, por lo que esperan “una respuesta positiva, como la obtenida en Francia e Italia”.
Fue en mayo de 2022 cuando UGT presentó una denuncia contra el Gobierno ante este comité, admitida a trámite en octubre del año pasado, por lo que se espera que su resolución se produzca a finales de 2023. CCOO también interpuso una denuncia similar ante el mismo órgano, pidiendo que se replante el modelo de despido.
El despido restaurativo que propone Sumar
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, líder de Sumar, que ahora está negociando con el PSOE la investidura de Pedro Sánchez, también se mostró contundente sobre este asunto en febrero: “El despido en nuestro país no es caro, es demasiado barato. Es tan barato que les sale a cuenta despedir utilizando la indemnización de 33 días. Tengan mi palabra. Vamos a cumplir con lo que resuelva el Comité Europeo de Derechos Sociales porque es la fuente de derecho en nuestro país. Creo que debemos actuar”, expresó en el Congreso de los Diputados.
De hecho, desde Sumar quieren implantan un despido “restaurativo”, donde la indemnización que deben pagar las empresas se calcule en función de las circunstancias del trabajador despedido. En una entrevista para TVE este verano, la vicepresidenta explicó que este modelo aumentaría el coste del despido, “muy superior a los 33 y 45 días” (la actual y anterior indemnización por despido improcedente), al tener en cuenta el prejuicio ocasionado al trabajador.
De ese modo, a la hora de calcular la indemnización, se tendrían en cuenta cuestiones como la edad, la formación o el sexo. Por ejemplo, las personas mayores de 60 años sufren un perjuicio mayor al ser despedidas, ya que tienen mucho más difícil encontrar un nuevo empleo a diferencia de las personas jóvenes, que tienen su carrera profesional todavía por delante.
Fuente: noticiastrabajo.huffingtonpost.es