Fuente: El Dia de fecha 2 de enero de 2022 enlace
El Ejecutivo busca unas bases para el concurso de méritos ajustadas a los empleados más antiguos – Apela a los sindicatos para alcanzar un acuerdo
Llegó la hora de la verdad. La Comunidad Autónoma, los cabildos y los ayuntamientos de las Islas ya tienen el marco legal para estabilizar a los más de 40.000 empleados interinos y temporales que trabajan para las administraciones públicas canarias. La ley estatal de reducción de la temporalidad en el empleo público está en vigor desde el pasado jueves, por lo que ha comenzado la carrera contrarreloj ya que la norma establece plazos taxativos que culminan en 2024 para reducir una precariedad que ronda el 40% y se pretende reducir al 8%, compromiso adquirido por el Gobierno central con la Comisión Europea. Uno de los principales desafíos a los que tendrán que hacer frente las instituciones es evitar un trasvase masivo de empleados entre administraciones con unas bases ad hoc consensuadas ya que, al ser convocatorias abiertas, existe el temor de que el personal que lleva años ocupando una plaza pueda quedarse sin ella porque otros empleados pujen con sus méritos o tengan mejores calificaciones en un concurso oposición.
La ley establece como plazos antes del 1 de junio para convocar las ofertas públicas de empleo de estabilización, antes del 31 de diciembre para publicar las bases por las que se van a regir el concurso de méritos extraordinario y las oposiciones y antes del 31 de diciembre de 2024 para finalizar todos los procesos selectivos. Tres años en los que se tendrá que realizar todo el trabajo que no se ha hecho en la última década cuando el Gobierno central paralizó todas las ofertas públicas de empleo debido a la crisis económica y dejó las tasas de reposición bajo mínimos.
Convocatoria general
En esta tesitura se mueve la Comunidad Autónoma, que cuenta con un 40% de interinidad de media entre personal de la Administración General, docentes y sanitarios. Lo primero que va a hacer el Gobierno regional es convocar a todos los sindicatos de la mesa general de empleados públicos, según explica el viceconsejero de Administraciones Públicas, Manuel Martínez, con el fin de iniciar un periodo negociador de las bases. Martínez es consciente de que el escenario al que se enfrenta el Ejecutivo es «complicado» debido a la fractura sindical existente después de un año de conflicto laboral protagonizado por los sindicatos que tienen mayoría en la mesa de negociación, fundamentalmente Sepca e Intersindical. «El marco jurídico que hay ahora es este y nos tenemos que atener al mismo», advierte Martínez, que incluso está dispuesto a sentarse solo con los miembros del comité de huelga además de la convocatoria que se haga a todas las centrales sindicales.
Sea como sea la obligación del Gobierno es «cumplir» la ley y, por lo tanto, se trabajará en esa línea aunque no haya consenso en la mesa general de los empleados públicos. El viceconsejero es consciente de las impugnaciones y recursos que puedan haber cuando se inicien los procesos pero se trata de un factor inherente a la gran mayoría de las ofertas públicas de empleo, por ello apela a la «responsabilidad» de los representantes sindicales «para ponernos a trabajar en unas bases que sean pactadas entre todos porque la Administración es la primera interesada en que los empleados que llevan años trabajando y que han adquirido una experiencia y un bagaje en sus puestos continúen con nosotros».
Es precisamente en estas bases en las que se tendrán que definir fórmulas para evitar en lo posible los trasvases de empleados entre distintas administraciones. Martínez cree que uno de los límites que se puede establecer es que la experiencia que se pida sea al puesto al que se opta, con el fin de que tengan preferencia los que ya ocupan la plaza que sale a concurso. Asimismo, habría que determinar en las bases cuáles son las plazas que están sujetas a «abuso de temporalidad» para delimitar el peso de la antigüedad en el puesto.
«Son ideas que tenemos que tratar en coordinación con el Ministerio y con el resto de comunidades para después concretarlas en las mesas de negociación porque se tienen que ajustar a la ley y al ordenamiento jurídico», añade Martínez. El número dos de la Consejería de Administraciones Públicas discrepa con el comité de huelga, que exige que se garantice la fijeza a todos los interinos sin más procesos en cumplimiento del acuerdo firmado el pasado mes de abril. «La aspiración es que todos se queden pero no se puede garantizar algo que no está en la ley, con el marco en el que nos movemos podemos ajustar los procesos y los que no consigan superarlos pueden entrar en unas listas de empleo en las que tendrán preferencia por su experiencia y antigüedad, nadie se va a quedar fuera porque de una forma u otra seguirán vinculados a la Administración», añade.
Personal de oficios
Martínez insiste en que la mayoría de los empleados de la Administración General es personal de oficios como subalternos, limpieza, vigilantes de comedor, mantenimiento y otras categorías a las que se les puede buscar una solución específica que no suponga más quebraderos de cabeza a estos trabajadores, en consenso con los sindicatos en la negociación del convenio colectivo. «Si logramos un acuerdo para estabilizar este personal una parte importante del problema estaría solucionado, solo es cuestión de voluntad porque hay alternativas sobre la mesa», explica.
Los propios sindicatos reconocen que la unidad sindical está muy cuesta arriba en Canarias. Después de un año de protestas, las diferencias entre Sepca e Intersindical –mayoritarios en la Administración autonómica– con UGT, CCOO y CSIF en torno a la ley y a la negociación de los concursos y las oposiciones se torna una tarea compleja que el Ejecutivo pueda lograr una posición consensuada en las convocatorias a las que obliga la nueva ley.