El Gobierno, desesperado por sostener el sistema de pensiones, incentiva retrasar la jubilación para aumentar las cotizaciones.
El Gobierno de España ha lanzado una nueva propuesta que busca incentivar a los ciudadanos a retrasar su jubilación y así continuar contribuyendo al sistema de pensiones. Esta medida refleja la creciente preocupación por la estabilidad financiera de las pensiones, que enfrenta desafíos significativos debido al envejecimiento de la población y la disminución de la fuerza laboral activa.
El nuevo esquema permite que los pensionistas que retrasen su jubilación más allá de la edad legal puedan seguir trabajando y recibir un porcentaje cada vez mayor de su pensión. A partir del quinto año de demora, los pensionistas pueden recibir el 100% de su pensión junto con su salario. Este enfoque progresivo se detalla de la siguiente manera: 30% de la pensión tras un año de demora; 40% tras dos años; 50% tras tres años; 75% tras cuatro años; y 100% tras cinco años o más.
Para animar a los trabajadores a retrasar su jubilación, se ofrecen incentivos adicionales del 4% sobre la cuantía de la pensión por cada año completo de retraso. Además, si el retraso es superior a seis meses pero inferior a un año, se añade un complemento del 2%.
Optar por la jubilación anticipada conlleva penalizaciones significativas. Estas penalizaciones, conocidas como coeficientes reductores, se aplican a la pensión de aquellos trabajadores que deciden retirarse antes de alcanzar la edad legal de jubilación.
Para la jubilación anticipada voluntaria, es necesario tener al menos 35 años de cotización y se permite adelantar la jubilación hasta dos años antes de la edad ordinaria. Las reducciones varían según los años cotizados y los meses de adelanto respecto a la edad legal. Por ejemplo, para aquellos con menos de 38 años y seis meses de cotización, la reducción puede llegar hasta el 21% si se retiran dos años antes, y el 3,26% si se retiran un mes antes.
En la jubilación anticipada involuntaria, que aplica a trabajadores que son forzados a jubilarse debido a causas ajenas a su voluntad, como un despido colectivo, es necesario tener al menos 33 años de cotización y estar registrado como demandante de empleo durante al menos seis meses. Las reducciones pueden alcanzar el 30% si se adelanta la jubilación cuatro años, y el 5,50% si se adelanta un año.
Fuente: libremercado.com 17.08.2024