Fuente: Diario de Navarra de fecha 1 de noviembre 2021 enlace
Sólo el Gobierno de Navarra, con una temporalidad del 53% de su plantilla, debería dar fijeza a diez mil plazas
El desastre en que se ha convertido la gestión del empleo público en las últimas décadas, en las que se ha prolongado hasta lo indecente la interinidad, va a obligar ahora a la estabilización de unos diez mil puestos ocupados por personal eventual en el Gobierno de Navarra. Se trata de plazas estructurales, dotadas de presupuesto, ocupadas durante más de tres años por eventuales sin que hayan salido a oferta de empleo público. A ellas habrá que sumar otras cinco mil en las administraciones locales y en los servicios estatales en Navarra. Este es el cálculo que hacen los sindicatos respecto a los planes del Gobierno de Pedro Sánchez de reducir la temporalidad al 8%. Una tarea que no va a ser sencilla ya que según datos del Ejecutivo foral la temporalidad en su ámbito afecta al 53% de sus cerca de 28.000 trabajadores. Aunque el vicepresidente Javier Remírez ha anunciado que el Gobierno de Navarra comparte el objetivo y que se creará una norma navarra para desarrollar dicho plan, también ha expresado sus dudas de que tan ingente tarea se puede llevar a cabo en el plazo previsto de 2024.
En todo caso este es el precio que hace pagar Europa a la política de empleo público llevada a cabo por los gobiernos centrales y autonómicos por dejadez y ahorro. Durante mucho tiempo los interinos navarros no han gozado de los derechos de los funcionarios, como el complemento del grado, la antigüedad y la ayuda familiar. Además podían ser despedidos a coste cero. Europa ha dado la vuelta a la situación en los últimos años alentando a los jueces españoles a reconocer estos derechos.Así, la ventaja económica ha dejado de ser determinante para que la Administración siga abusando de la temporalidad, Pero si el Gobierno de Sánchez ha decidido poner el cascabel al gato de la temporalidad no es tanto por convencimiento u oportunidad, como por las exigencias europeas, ya que este es uno de los compromisos para el reparto de los fondos Next GenerationUNA VÍA PARA CASOS DISPARESPor ahora, los planes de estabilización del empleo público han cristalizado en un acuerdo entre el PSOE y los sindicatos UGT, CC OO y CSIF, que luego se ha plasmado en un Real Decreto. Ahora se pretende darle rango de Ley en el Congreso y casi todos los partidos han presentado enmiendas, la mayoría de ellos a favor de que la experiencia de los interinos sea determinante cuando sus plazas salgan a oferta de empleo.La tarea no va a ser fácil ya que hay miles de casuísticas diferentes y todos los interinos, en principio, van a tener que pasar por la convocatoria de concursos-oposición. Esto no garantiza a los eventuales vayan a conservar su puesto, pese a que en anteriores planes de estabilización la mayoría sí lo ha logrado gracias al mérito y a que los exámenes de la oposición se intentaba adaptar al puesto. Lo que no se contempla es la petición de la Plataforma de Interinos de dar directamente la fijeza a los puestos ocupados de modo interino desde hace más de tres años.
Navarra se enfrenta a indemnizaciones millonariasMientras llegan los planes de estabilización, la justicia ha comenzado a dictar sus primeras sentencias frente al Gobierno de Navarra considerando que ha cometido “fraude de ley” con interinos a los que ha mantenido más de tres años en un mismo puesto sin que sacara dichas vacantes a oferta pública para darles fijeza. Por eso está considerando improcedentes los despidos de estos trabajadores y está obligando a la Administración foral a que los readmita en su puesto de trabajo en las mismas condiciones y a pagarles los salarios que hayan dejado de percibir desde que se les cesó. De lo contrario deberá pagarles la indemnización por despido.Así ha ocurrido con una médico de urgencias del Servicio Navarro de Salud que llegó a concatenar 153 contratos desde 1990. Representada por el sindicato LAB, ha conseguido que se le reconozca una indemnización de 115.000 euros, aunque el Gobierno de Navarra tiene intención de recurrir.Este sindicato también ha ganado otros dos casos recientemente que suman indemnizaciones por importe de 85.000 euros y está trabajando en estos momentos en más de 50 expedientes de este tipo.Lo mismo ocurre con el resto de sindicatos de la Administración foral, que están logrando ver reconocida para sus representados la condición de indefinidos no fijos y las consiguientes indemnizaciones en caso de despido.Todos ellos acumulan casos en la justicia y advierten de que la nueva doctrina judicial puede costar indemnizaciones “millonarias” a las administraciones navarras. De momento, lo que está garantizada es una acumulación de expedientes en los juzgados de los Social de Navarra.
CC OO: “El acuerdo da garantías a los interinos”El responsable del área pública de CC OO, Cecilio Aperte, critica que durante mucho años a la Administración “le ha interesado abusar de la temporalidad porque le resultaba mucho más barato, sin importarle como repercutiera eso en la calidad de los servicios públicos. Hoy se plantea la estabilización porque a fuerza de sentencias le cuesta casi lo mismo un trabajador interino que un funcionario”.Aperte recuerda que CC OO lleva varios años intentando reducir la temporalidad convirtiéndola en empleo fijo. Respecto a la fórmula pactada en Madrid, que contempla la convocatoria de concursos-oposición para dar fijeza a esas plazas, recuerda que en ella se ha intentado dar “las mayores garantías para toda la gente que está en situación de interinidad, incluso vamos a buscar que los exámenes se adapten al puesto, pero -añade-hay que actuar dentro del marco jurídico. No hay sino ver lo que ha pasado en La Rioja, donde el Constitucional ha suspendido la conversión en fijos de cinco interinos por vulneración de derechos en el acceso público”, explica.
AFAPNA: “No debe haber exámenes eliminatorios”El sindicato de funcionarios AFAPNA califica como “convulsa” la situación que viven hoy los empleados públicos interinos y ha apoyado varias enmiendas a la futura ley de estabilización con el fin de salvaguardar los derechos de estos empleados “con largos períodos de contratación en algunos casos”Así, AFAPNA solicita que el acceso a la Función Pública en todas las administraciones se realice mediante concurso de méritos o concurso-oposición. El acceso por concurso de méritos, señala, podrá determinarse por las distintas administraciones o por la regulación del Estado.En cuanto al acceso por concurso-oposición, AFAPNA pide que “en ningún caso existan exámenes eliminatorios de ninguna de las partes de la oposición”. “En todos los casos prevalecerá en primer lugar la fase de concurso, a la que se sumaría la parte de oposición”. También apuesta porque la fase de concurso suponga un 40% del valor de todo el proceso y que la puntuación máxima sea de diez puntos.
ELA: “Se abre el despido de 15.000 trabajadores”El sindicato ELA es muy crítico con el llamado Plan Iceta de estabilización del empleo público. Asegura que de aprobarseen el Congreso tal y como se presentó abriría la puerta al despido de 15.000 trabajadores y trabajadoras en el sector público navarro.ELA, junto a los sindicatos STEILAS y ESK y la Asamblea de Trabajadores Públicos Temporales de Navarra, ya ha organizado movilizaciones para exigir a instituciones y partidos políticos “que den todos los pasos necesarios para consolidar a esos más de 15.000 trabajadores y trabajadoras del sector público que sufren la precariedad de la contratación temporal”.Desde ELA se recuerda que el acuerdo del Gobierno de Sánchez con CC OO, UGT y CSIF “impone las tasas de reposición, por lo que el Estadoseguirá imponiendo y limitando el número de trabajadores y trabajadoras públicos que necesitamos en nuestro país”. También critica que no se garantiza la indemnización por despido ni la no repetición de las alta tasas de temporalidad.
UGT: “Equilibrar el interés de interinos y opositores”UGT es uno de los sindicatos que han firmado en Madrid el Plan de Estabilización del Empleo Público, al que se le busca ahora dar el soporte de una Ley. El responsable del área pública de UGT Navarra, Jesús Elizalde, destaca que se ha pretendido equilibrar los intereses de los interinos y de los jóvenes opositores. Son 800.000 puestos los que el Gobierno de España quiere sacar a oferta de empleo público hasta 2024, para lo que, a falta de las enmiendas que se realicen a la nueva Ley, se contemplan concursos-oposición, en los que los años trabajados y la experiencia contarían un 40% y el examen un 60%, lo que no garantiza que todos lo interinos conserven su puesto.Para Elizalde, “se trata de equilibrar los intereses naturales de los interinos que llevan años en su puesto y los de los jóvenes opositores que quieren su oportunidad de entrar en la Administración. Todo ello sin alterar los principios constitucionales de acceso a la función pública del mérito y capacidad en condiciones de igualdad”, concluye.
EN CIFRAS
3 AÑOS El Tribunal Supremo, de acuerdo a la doctrina del TJUE, ha establecido un plazo de tres años para considerar que se da una situación de utilización del contrato temporal “injustificadamente larga” o fraude de ley.
72 MILLONES. El Gobierno de Navarra ya se vio obligado a pagar el complemento del grado a 8.045 trabajadores por una sentencia judicial en 2019. El pago con carácter retroactivo de 4 años le supuso un gasto de 72 millones.
Tras el cambio de doctrina del TJUE, los juzgados empiezan a dictar sentencias frente al Gobierno de Navarra
28.212 Trabajadores en la plantilla del gobierno.
De acuerdo a la tasa de temporalidad, más de 14.500 de estos trabajadores no tienen fijeza en sus puestos.