Fuente: Arainfo.org de fecha 19 de octubre 2021 enlace
La plantilla interina en abuso de temporalidad defiende en las Cortes su conversión en fijos a extinguir como “solución justa, legal y de coste cero”
El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) ha intervenido en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón para reclamar una solución justa para las plantillas públicas temporales en fraude de ley de Aragón, que calcula el sindicato que suman más de 20.000 entre las administraciones territoriales y locales.
Ahora que el Congreso español está debatiendo medidas de estabilización en la nueva Ley de reducción de la temporalidad, reclaman que el Parlamento y el Ejecutivo de Aragón deben “dar también la talla para garantizar el futuro de las familias afectadas y mejorar los servicios públicos”.
STEPA presentó en junio a las Cortes de Aragón, como iniciativa ciudadana, una Proposición No de Ley con sus tres reivindicaciones: publicar un listado de trabajadores y trabajadoras en abuso de temporalidad en la administración del Gobierno de Aragón, darles una solución excepcional mediante su conversión en “fijos a extinguir”, y paralizar entre tanto las oposiciones que les afectan.
El grupo parlamentario Ciudadanos ya anunció que asumiría y defendería esta PNL, asegurando así su debate, y también otras fuerzas como IU han mostrado su respaldo. Con la comparecencia en la comisión, STEPA ha pedido el apoyo de todos los grupos a la proposición como una “solución legal, justa y de coste cero y que beneficia a todas las partes”. La intervención se ha completado además con una concentración de apoyo a las puertas del Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes.
Las portavoces de STEPA, Olga Pérez y María Pilar Remírez, han resaltado que los trabajadores públicos temporalessolo en la DGA ya suponen el 48,43% de la plantilla, de los que más de 17.000, muchos mayores de 50 años y cerca de un 70% mujeres, se encuentran en fraude de ley al haber superado el límite legal de tres años en su plaza.
Ese personal accedió a la Administración según los procesos de selección determinados en la Ley, con hasta décadas de experiencia y dedicación y continúa como temporal porque no se han convocado oposiciones o se ha hecho con un número de plazas inferior a las vacantes. Por eso STEPA ha subrayado a los parlamentarios que “no pedimos que nos regalen nada”, sino que se reconozca su fijeza, igual que se hace con el abuso de temporalidad en el sector privado. No obstante, han aclarado que están “a favor de cualquier figura que dé estabilidad en el empleo al personal en abuso”.
El sindicato ha recordado que acabar y sancionar el abuso de temporales en todas las administraciones es una exigencia de la legislación y los tribunales de la Unión Europea, contemplada ya en la Directiva 1999/70. Su cumplimiento condiciona ahora la llegada de fondos NextGeneration. El Congreso español debate actualmente el Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que plantea el objetivo de reducirla al 8%. Sin embargo, la propuesta inicial del Gobierno, conocida como el “Icetazo”, pasa por seguir cesando sin indemnización a la mayoría de estas personas mediante nuevos procesos selectivos. “No transpone la Directiva europea ni sanciona el abuso actual ni articula una norma para que esto no se vuelva a repetir”, destaca el sindicato aragonés.
Las portavoces de STEPA han resaltado que “el Gobierno de Aragón tiene la responsabilidad en materia de su personal” y debe dar una solución a todas las personas que han sufrido el abuso. Por otra parte, han señalado que al defender la estabilización “no estamos en contra de las oposiciones, el acceso libre debe aumentar y cabemos todos porque en cinco años se va a jubilar el 50% de la plantilla”.
El sindicato ha recordado que en varias ocasiones ha propuesto soluciones a este abuso y ha solicitado datos sin éxito a la DGA. Tampoco ha sido atendida su petición de reunirse con el presidente de Aragón, Javier Lambán, y el consejero de Función Pública, Carlos Pérez Anadón. El jefe del Ejecutivo tampoco ha cumplido hasta la fecha su compromiso, a instancias de IU, de elaborar un mapeo de la situación del personal interino. Así, han demandado el apoyo de todos los partidos para la PNL presentada“porque mejorar la administración aragonesa irá en beneficio de todos”.