Fuente: Confilegal de fecha 17 de enero 2022 enlace
José Luis Gutiérrez, secretario general de SEPMA y miembro de la coordinadora andaluza CAEPAT, plantea la creación de una gran confederación sindical que defienda los derechos de los empleados públicos en abuso de la temporalidad.
Transcurridos unos días de la comparecencia en el Parlamento para el debate de la petición realizada por mis compañeros de ASEPAT de Cádiz, integrados en la potente plataforma de temporales CAEPAT, a iniciativa de Francisco José Pons Berjarano, que me invitaron a participar en el turno de cierre, aún resuena en mis oídos las palabras de la vicepresidenta de la Comisión de Peticiones, la señora Tatjana Zdanoka, de Letonia: “La situación no es nueva, es muy grave y requerimos de la Comisión un estudio por escrito pormenorizado sobre el grado de cumplimiento de la nueva ley española al Derecho de la Unión y las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.
Igualmente, la española señora Rosa Estarás Ferragut logró incluir que se remitiera desde España el informe del Consejo de Estado sobre la adecuación de dicha norma a las obligaciones impuestas por Europa.
Como es habitual, destacar las intervenciones de Jordi Cañas, que siempre ha mantenido una línea clara de compromiso con los afectados y, desde luego, el intento de las representantes del PSOE y Unidas Podemos de sortear el objeto de la petición intentando hacernos creer, como el filósofo Leibniz, que vivimos en el mejor de los mundos posibles.
Pretensión que intentamos desmentir citando el propio «Twitter» del señor Honrubia, miembro de Unidas Podemos en la ponencia y comisión de la nueva ley: “El artículo 2, las Disposiciones Adicionales y todo lo relacionado con los procesos de estabilización, ni se han planteado nunca como ‘sanción al abuso’ ni como transposición de la Directiva. Únicamente como política de reducción de la temporalidad. Juro que no es mi culpa».PUBLICIDADPUBLICIDAD
Extrapolando el contenido de las intervenciones a la composición del Parlamento, salvo los 144 eurodiputados socialdemocrátas, el resto de la cámara (hasta 705) apoyó la petición.
Es lamentable que una de las señas de identidad de la vieja Europa, la creación del Estado de Bienestar ó social, positivado en nuestras Constituciones, sufra esas transgresiones.
¿Qué pensaría el expresidente de la Comisión, Jacques Delors, socialdemocráta francés, que, sin éxito, intentó que se aprobara una Carta Social vinculante para todos los Estados europeos, de las medidas de su homólogos españoles (y los de Unidas Podemos), que van a incrementar las tasas de desempleo de larga duración, disminuyendo la cohesión social, ya que afectará a mujeres de más de 50 años que quedarán en situación de vulnerabilidad social y económica si no superan unos procesos ajenos a la legalidad europea?
Es más, la estrechez del tiempo me hizo olvidar comentar la deslealtad de que mientras se debatía la ley 20/2021, las Administraciones Públicas gobernadas por partidos de todo signo política procedían a convocar, antes de su aprobación, una catarata de procesos selectivos sin las mejoras hipotéticas de la citada ley.PUBLICIDAD
¿Por qué todo eso es posible y no tuve tiempo de expresarlo?
Porque en España los sindicatos mayoritarios ya no cumplen el papel que la Constitución les asigna para la promoción de los intereses económicos y sociales.
A la vez que convocaban movilizaciones en 2012 contra la reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy, la utilizaban para despedir a personal propio, en un auténtico ejercicio de hipocresía social.PUBLICIDAD
¿Cómo pueden ser independientes quienes dependen de las aportaciones del Estado?
Se informa en algunos medios que unos 100 millones de euros del Plan de Recuperación y Resiliencia irán destinados a los sindicatos mayoritarios y las organizaciones empresariales.PUBLICIDAD
¿Cómo puede ser independiente quién tiene embargadas la mitad de sus sedes por los poderes del Estado? ¿O quienes están inmersos en varias causas penales o de responsabilidad contable?.
Las organizaciones sindicales mayoritarias colaboraron con el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para intentar que Europa creyese que los famosos acuerdos trasladados a las leyes de Presupuestos eran medidas disuasorias contra la precariedad.
Pero el Parlamento, en 2018, resolvió que eso no se ajustaba al Derecho de la Unión. Igual comportamiento tuvieron con el exministro de Administraciones Públicas, Miquel Iceta: pactaron el “icetazo” en una cámara donde aún resuenan las palabras de varios/as portavoces afirmando que en sus territorios dichos sindicatos eran minoritarios.PUBLICIDAD
¿Por qué participan en las negociaciones?
Porque el ordenamiento jurídico, tengan o no representación en dichos territorios, les da un trato privilegiado.
Si me permiten un ejemplo: en Málaga, mi ciudad, un taimado gerente de una Agencia Pública (que seguro acabará algún día sentado en el banquillo de un juzgado penal), junto a los representantes de UGT, CCOO y CSIF, están torpedeando una iniciativa de los trabajadores que exigen mayoritariamente la celebración de elecciones sindicales (por caducidad del mandato), y van de la mano ignorando y poniendo todo tipo de obstáculos para que las elecciones no se celebren.
Lo que nos preguntamos es: ¿cómo es posible que quienes son corresponsables del cese de muchos/as trabajadores/as vayan a negociar la celebración de dichos procesos selectivos?
Por ello, y mientras la petición de ASEPAT sigue su curso y auguramos la presentación de nuevas acciones en varias instancias europeas, se está instalando una corriente de opinión en las plataformas de temporales de todo el territorio nacional para crear una gran Confederación Sindical que agrupe y represente de verdad a las víctimas del abuso de temporalidad, a la vez que remueva a estos señores de sus puestos en los órganos de representación.