- Los planes de reestructuración podrán ponerse en marcha…
- cuando un cambio tecnológico comprometan la prestación eficaz de los servicios
La Administración podrá realizar planes de reestructuración para ajustar áreas o determinados sectores que pierdan eficiencia o productividad ante los avances de la digitalización que podrán conllevar, entre otras, medidas basadas en la modificación de los puestos de trabajo, la movilidad del personal, la formación y la incorporación de efectivos de nuevo ingreso.
Estos planes de reestructuración ya estaban contemplados en la reforma de la Administración pública aprobada por el Ejecutivo el pasado mes de diciembre a través del Real Decreto-ley 6/2023 para simplificar y digitalizar los procesos y procedimientos administrativos como parte de los hitos a cumplir por España en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, necesarios para lograr la concesión de los fondos europeos. Ahora, la orden del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, que recogió el BOE el 30 de abril, dicta las directrices para la elaboración de estos planes de reestructuración que, para su ejecución, permitirá adoptar medidas como la movilidad del personal o el cambio de puesto de trabajo, actuaciones ya avaladas por la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público de 1984.
La Administración podrá poner en marcha planes de reestructuración en sectores concretos “cuando un cambio tecnológico, una modificación en la forma de prestación de los servicios, la aparición de nuevos perfiles competenciales u otras circunstancias comprometan de manera significativa la prestación eficaz de los servicios“.
Si estos cambios bien comprometen la prestación del servicio o la competencia de uno o varios departamentos ministeriales, o entidades públicas vinculadas o dependientes “se podrán aprobar, previa negociación colectiva, planes de reestructuración para el sector en cuestión”.
La consecuencia directa de esta reestructuración para los funcionarios será que se les moverá de puesto de trabajo, según informan a este diario desde CSIF, el sindicato con mayor representatividad entre los funcionarios.
Contratación de nuevos perfiles
En el marco de estos ajustes, la Administración tendrá potestad para cambiar a los empleados públicos de puesto de trabajo, impulsar planes de movilidad, darles formación para que se adapten a las nuevas maneras de operar. No obstante, a la par que puede retirar a los funcionarios de su puesto para darles un nuevo destino, también podrá contratar personal con perfiles más competentes.
“La iniciativa para la elaboración –de los planes de reestructuración– corresponderá a los departamentos ministeriales, los organismos y entidades afectados o a este ministerio –el de Función Pública–, señala la Orden ministerial.
Desde CSIF señalan que se negaron a avalar esta orden ministerial porque la Administración que encabeza José Luis Escrivá no especificó en qué consistirán los movimientos de puesto de trabajo ni cómo estos planes pueden influir al personal.
Evaluación de la productividad
La reforma de la Administración Pública aprobada en diciembre, que vino a sustituir a la Ley de Función Pública que se tramitaba en el Congreso y decayó con el adelanto electoral, trajo como principal novedad la evaluación anual de los funcionarios con el objetivo de medir y mejorar su productividad.
Estas pruebas medirán el desempeño de los empleados públicos y si obtienen una valoración negativa podrán perder su puesto de trabajo, aunque no la condición de funcionario.
La Administración permitirá un periodo transitorio y las primeras evaluaciones realizadas no tendrán consecuencias para el trabajador en los dos primeros años. El Ejecutivo aún tiene que desarrollar a través de una norma en qué consistirán estas nuevas pruebas.
Fuente: eleconomista.es 21.05.2024