Fuente: Eldia.es de fecha 28 de noviembre 2021 enlace
La Comisión Europea ve con reparos el proyecto de ley de reducción de la temporalidad en el empleo público que se debatirá el próximo jueves en el Congreso con el respaldo de los partidos del Gobierno y sus socios parlamentarios. Bruselas advierte que España está obligada a cumplir con la normativa comunitaria y, por lo tanto, regularizar la situación de los miles de interinos y temporales que trabajan para las administraciones públicas porque, en caso contrario, habría que pagar indemnizaciones. Sin embargo, el pago de liquidaciones choca con el compromiso del Gobierno español de que las reformas para reducir la alta tasa de interinidad en el sector pública no tendrían coste presupuestario ni ayudas del Estado. El Ejecutivo central se juega los fondos europeos de recuperación del próximo año ya que, entre otros aspectos, están vinculados a la reducción de la precariedad laboral en las administraciones.
La coordinadora de plataformas de interinos, formada por ocho colectivos, planteó al comisario europeo de Empleo, Nicolas Schmit, la situación en la que se encuentra este personal y su oposición a determinados aspectos de la nueva ley estatal. El dirigente comunitario se encuentra en España en visita oficial y accedió a reunirse con los representantes de los interinos en Madrid. Schmit señaló que la única solución para resolver este problema pasa por la estabilización de los interinos para cumplir la normativa comunitaria. La Comisión Europea habría hecho una recomendación en el semestre anterior al Gobierno español para que hiciera dicha estabilización, una recomendación que ahora sale a la luz pública tras este encuentro.
Esta reunión con el comisario europeo de Empleo estuvo precedida en las últimas semanas por la gira que las plataformas de interinos han realizado por Bruselas para mantener encuentros con diversos representantes y funcionarios de la Comisión Europea y la presentación de un escrito de denuncia dirigido a las autoridades de la Comisión y del Parlamento, en el que advierten que la nueva ley estatal incumple la directiva comunitaria sobre el trabajo temporal y las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La coordinadora de plataformas de interinos y sus abogados han defendido en la capital comunitaria la regularización o estabilización de todo el personal en abuso de temporalidad ya que, habiendo declarado el TJUE que ningún proceso selectivo es una medida sancionadora que cumpla con los requisitos de la Directiva si no va acompañado de otras sanciones efectivas, equivalentes, proporcionadas y disuasorias, habría que indemnizar a las víctimas de los abusos tal y como establecía el real decreto 14/2021 y prevé el nuevo proyecto de ley, en cuyo caso España estaría incumpliendo los compromisos que asumió en el plan de recuperación y resiliencia para recibir los fondos europeos Next Generation.
Una de las cuestiones que más critican los interinos del proyecto de ley es que los procesos selectivos de estabilización que se recogen en el texto son abiertos, con lo cual no se garantiza la regularización de todos los empleados públicos que se encuentran en abuso de temporalidad. Por ello han requerido en Bruselas a España que adapte el proyecto de ley a la normativa comunitaria, en particular a la Directiva 1999/70/CE y a la doctrina del TJUE y también a los compromisos asumidos con la UE en el Plan de Recuperación y Resiliencia. Asimismo exigen que se paralice el desembolso de todos los fondos vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) hasta que la normativa española se adapte a la europea y no haya indemnizaciones tal y como se comprometió el Gobierno.
La demanda se presenta la próxima semana
El comité de huelga del personal interino de la Administración General de la Comunidad Autónoma valora presentar la demanda contra el Ejecutivo regional la próxima semana por incumplir el acuerdo al que se llegó en abril para la permanencia de este colectivo y por vulnerar la negociación colectiva. Los miembros del comité exploran otras vías para mantener las acciones del conflicto laboral que protagonizan desde enero, a la vez que tienen previsto intensificar la presencia de los huelguistas en las calles y en actos públicos. Desde hace más de una semana han solicitado también la mediación del presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, al cual han pedido una reunión. El comité de huelga critica que el Ejecutivo regional muestra «desinterés» por los empleados públicos que están manifestándose desde el pasado mes de enero, no han remitido las actas de las reuniones celebradas hasta ahora de las mesas de trabajo, ni han respondido formalmente a la propuesta jurídica entregada hace varias semanas. Los sindicatos que forman parte del conflicto –Sepca, Intersindical y Co.bas– desconfían de la ley estatal y no ve claros los beneficios de la misma, sobre todo para los laborales indefinidos no fijos por sentencia.