Fuente: Canarias7 de fecha 27 diciembre 2021 enlace
El Supremo fija doctrina con una sentencia que establece que para que los empleados puedan seguir prestando sus servicios hasta los 70 se debe justificar que su permanencia beneficia a la Administración.
Los funcionarios pueden ser obligados a jubilarse a los 65 años, una vez cumplan la edad legal de retiro. Esta es la doctrina que fija el Tribunal Supremo en una sentencia con fecha 15 de noviembre a la que ha tenido acceso este periódico. Si quieren permanecer en activo más allá de esa edad y hasta los 70 años deberán justificar que su permanencia supone un beneficio para la Administración.
Para ello, el titular del Departamento en que estuviese destinado el solicitante debe emitir un «informe preceptivo y vinculante», que justifique «… la necesidad o no de la prolongación, a tenor de la adecuación funcional del solicitante al puesto de trabajo en el marco de las necesidades organizativas del Departamento o Unidad razonadamente ponderadas al tiempo de dicha petición», según se explica en el fallo.
Además, si el informe es favorable, deberá contener una «exposición lo más detallada posible de la adecuación del solicitante al puesto» en el que pretende seguir prestando servicios, con referencia, en su caso, a las tareas que viniera desempeñando el solicitante, la imposibilidad de su sustitución por otro funcionario, el cumplimiento de los requerimientos de actualización formativa o de adaptación a los ritmos de trabajo, nuevas tecnologías u otros, que motivadamente se consideren indispensables para su desempeño.
Si el informe es desfavorable «habrá de motivarse con referencia a criterios objetivos, que deben aparecer vinculados a necesidades organizativas (eventual amortización de la plaza o reconversión de los requisitos del puesto), o a la incapacidad funcional del solicitante (inadaptación funcional continuada a la estructura del Departamento y sus necesidades objetivas)».
De esta forma, el Supremo desestima el recurso que presentó el recurrente contra una resolución anterior que le denegaba permanecer en su puesto de auditor del Tribunal de Cuentas alegando numerosos informes de sus jefes que le cuestionaban la calidad de su trabajo y que incluía quejas de sus compañeros por utilizar el tiempo de trabajo para llamadas personales.