Fuente: Diario16 de fecha 27 diciembre 2021 enlace
La lucha de los trabajadores en situación de abuso de temporalidad del Ayuntamiento de Zaragoza ha abierto un nuevo camino jurídico. En concreto, iniciaron una acción basada en el derecho de Petición Constitucional, una nueva estrategia modificada por el alud de reclamaciones que se habían presentado ante la Comisión Europea y que habían ocasionado un archivo masivo de acciones.
El equipo jurídico de OriginLex, con el exmagistrado Fruitos Richarte y Beatriz González a la cabeza, presentó, en representación de la Plataforma de Trabajadores Temporales del Ayuntamiento de Zaragoza (PTTAZ) una demanda de Derecho de Petición Constitucional, a la que ha tenido acceso Diario16. Según confirman fuentes cercanas a la acción judicial, el consistorio de la capital de Aragón respondió haciendo un alarde de cómo se infringe el Derecho Europeo en España. En concreto, según las mismas fuentes, argumentó que en España ninguna institución cumple con la Directiva 1999/70 CE ni con las sentencias del TJUE.
Esta ha sido la clave jurídica empleada por los juristas, el alarde de prepotencia jurisprudencial, legal y doctrinal usadas por la oficina de Recursos Humanos de Zaragoza. En concreto, este ha sido el recurso usado para probar, sin duda alguna, un hecho por todos conocido: la desobediencia continuada, sistemática y dolosa de las resoluciones del TJUE por parte de todas las instituciones públicas españolas.
Este hecho es clave puesto que, hasta ahora, la Comisión Europea o, incluso, el Tribunal General se escudaban en que las reclamaciones eran particulares, locales, inclusive que afectaban sólo algunos tribunales, pero que no había un incumplimiento doloso y reiterado de las decisiones del TJUE, o bien que no se podía exigir que se sancionara a España.
Sin embargo, con la respuesta por escrito del Ayuntamiento de Zaragoza, esgrimiendo decenas de sentencias en que se vulneran las decisiones del TJUE, se pone claramente en tela de juicio nada menos que la propia actuación de la Comisión Europea en su calidad de garante del Derecho de la Unión y de hacer cumplir las sentencias del TJUE.
La falta de respuesta de la Comisión Europea, así como que lo peticionado no es una sanción al Estado o que se abra un procedimiento contra el reino de España, sino la omisión de la Comisión en cumplir y hacer cumplir el Derecho comunitario y las sentencias de la Unión en España abre, por fin, la vía a la intervención final de la Justicia Europea en el caso de los trabajadores públicos en situación de abuso de temporalidad.
Finalmente, y sólo como medidas cautelares contra el Ayuntamiento de Zaragoza ante el flagrante incumplimiento de los mandatos legislativos y judiciales europeos, se han solicitado indemnizaciones y retroacciones de lo actuado contra los trabajadores temporales en abuso.