El sindicato STEPA ha organizado este jueves una mesa redonda sobre “Abuso de la temporalidad en la Administración del Gobierno de Aragón” para denunciar el incumplimiento de la DGA de la normativa europea y estatal que obliga a estabilizar al personal temporal en abuso.
El Estado español no está cumpliendo con la normativa europea, que obliga a sancionar el abuso de temporalidad en el sector público y además el Gobierno de Aragón ni siquiera cumple con la ley estatal para estabilizar a las personas que están en esta situación, lo que supondrá, finalmente, el pago de indemnizaciones millonarias. Así lo han explicado tres juristas expertos, Clemente Sánchez-Garnica, Javier Araúz y Pau Albert Martí, en la mesa redonda ‘Abuso de la temporalidad en la Administración del Gobierno de Aragón’.
El sindicato STEPA ha organizado este debate para informar a toda la sociedad del incumplimiento por parte del Ejecutivo de Javier Lambán de la normativa europea y la Ley 20/21 de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad y exigir soluciones de cara a las próximas elecciones sindicales y aragonesas. Según sus cálculos, 29.000 trabajadores y trabajadoras de la DGA, el 49,5% de la plantilla, son temporales, y unos 17.000 están en fraude de ley y deberían poder consolidar su plaza por concurso de méritos, pero el Gobierno de Aragón los está echando a la calle sin indemnización: “Personal con más de 50 años, en su mayoría mujeres, y difícil reincorporación al mercado laboral”.
En el debate celebrado este jueves en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza, los tres ponentes han subrayado que con su comportamiento, el Gobierno de Aragón “ralla el lícito penal”, “está conduciendo en dirección contraria” y se verá condenado al pago de “indemnizaciones que serán un sinsentido”.
El sindicato ha invitado al acto a todos los partidos políticos de las Cortes de Aragón y ha contado con asistentes de PP y PAR. También han participado representantes de otras plataformas de interinos y sindicatos estatales, miembros de la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal (CEPPT).
“El gobierno de Aragón no está cumpliendo la ley”
El senador, presidente del PAR y abogado en ejercicio Clemente Sánchez-Garnica, promotor de distintas acciones por la fijeza de los y las trabajadoras públicas en fraude, ha señalado en su charla ‘La visión jurídica de la Ley 20/21 en Aragón’, que esta norma “no es una maravilla jurídica ni la transposición de la directiva europea”, pero supone para todas las administraciones la obligación de convocar procesos extraordinarios de estabilización de los temporales en abuso
“Ni el Gobierno de Aragón, ni la Diputación de Zaragoza ni otras administraciones están aplicando bien la ley” ha asegurado el ponente, que ha asegurado que tanto por la oferta de plazas aprobada, los baremos “caprichosos y que no tienen en cuenta los servicios prestados”, y los mismos resultados de los concursos, la actuación del Ejecutivo de Aragón “ralla el ilícito penal”.
“Un procedimiento ilegal, arbitrario e inmoral”
El abogado Javier Araúz, pionero en denunciar judicialmente en Europa los derechos de los interinos e interinas, ha afirmado en su ponencia sobre el ‘Cumplimiento de la jurisprudencia europea’, que el Estado español “lleva 22 años sin aplicar una directiva europea ya vigente en el resto, lo que es una auténtica vergüenza; como ha ocurrido en otros casos, como las clausulas abusivas de las hipotecas, Europa tiene que enseñarnos como proteger los derechos de los ciudadanos”.
También ha destacado que la Comisión Europea tiene abiertos dos procedimientos de infracción contra el Estado español por abuso de la temporalidad y también se espera pronto una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que fijará si el personal público en abuso de temporalidad tiene derecho a la estabilidad, “por lo que sorprende que las administraciones se hayan lanzado a la piscina con ceses masivos”, ya que a la vez se está incumpliendo el Plan de Resilencia, lo que pone en riesgo los fondos europeos, ligados a la obligación de reducir la temporalidad a coste cero “y si se cesa al personal y luego hay que indemnizarlo, es imposible”.
Para Araúz, Aragón está conduciendo en dirección contraria, porque es de las pocas Administraciones que no solo incumple la directiva europea, sino también la ley 20/2021, para dar la oportunidad al personal que lleva tantos años de servicio, un mínimo de seis, de estabilizar su plaza a través de un concurso de méritos, que beneficia a toda la ciudadanía “porque este personal ha demostrado que gestiona bien los servicios públicos;han mantenido los servicios públicos y se les paga ahora con un procedimiento ilegal, arbitrario y encima inmoral”.
“Un desbarajuste en los servicios públicos”
Finalmente, el abogado Pau Albert Martí, asesor jurídico de la plataforma de interinos e interinas de Catalunya, y representante en la lucha del personal temporal de todas las Administraciones Públicas, ha expuesto en la charla ‘Otras soluciones legales’, como, al contrario que en Aragón, la Generalitat de Catalunya ha garantizado que el 92% de los cuerpos generales se estabilicen con las personas que ocupaban las plazas.
“La ley tiene una finalidad legislativa clara: la estabilidad de los empleados públicos en abuso. Por tanto, obliga al poder Ejecutivo a identificar estas plazas y ofrecerlas, es un mensaje que deben recoger todas las administraciones”, ha recalcado Martí, porque de no usarla bien “la consecuencia va a ser un desbarajuste en los servicios y un importante gasto en indemnizaciones y responsabilidad por daños y perjuicios”.
El ponente ha añadido que aunque se están extendiendo las sentencias que reconocen compensaciones, “la solución solo puede ser la fijeza porque así lo dice Europa y supondrían un problema muy grande, porque como pasó en Italia serán tan elevadas, que será un sinsentido”.
Fuente: arainfo.org