El presidente del Partido Aragonés (PAR) y senador por esta formación, además de abogado de profesión, Clemente Sánchez-Garnica, ha manifestado que, en Aragón, entre otras comunidades autónomas, como en Castilla y León, “estamos sufriendo una aplicación muy subjetiva y muy caprichosa” de la Ley 20/21 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
El presidente del Partido Aragonés (PAR) y senador por esta formación, además de abogado de profesión, Clemente Sánchez-Garnica, ha manifestado que, en Aragón, entre otras comunidades autónomas, como en Castilla y León, “estamos sufriendo una aplicación muy subjetiva y muy caprichosa” de la Ley 20/21 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Así lo ha manifestado antes de participar en la mesa redonda ‘Abusos de la temporalidad en la Administración del Gobierno de Aragón’, organizada por el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA), en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza, donde también han intervenido los abogados expertos en derechos laborales de los trabajadores interinos, Javier Araúz y Pau Albert Martí.
El sindicato ha invitado al acto a todos los partidos políticos de las Cortes de Aragón y ha contado con asistentes de PP y PAR. También han participado representantes de otras plataformas de interinos y sindicatos nacionales, miembros de la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal (CEPPT).
Sánchez-Garnica ha explicado que esta aplicación “subjetiva” de la norma estatal por parte del Gobierno de Aragón va “muy encaminada a evitar que a empleados públicos que llevan trabajando muchos años y prestando servicios públicos esenciales, se les aplique ese principio de mérito y capacidad”.
A su juicio, “la ley se puede interpretar de muchas formas, pero cuando se aplica correctamente” se respeta “la voluntad del legislador”, algo que no está ocurriendo en este caso.
Ha añadido que esta situación “está provocando muchos conflictos judiciales en Zaragoza y hay cientos de recursos en los distintos trámites de aplicación” de esta norma, tanto por lo que respecta a la oferta pública de empleo, “que se aprobó, pero no se incluyeron todas las plazas”, como en la aprobación de los baremos, “que son caprichosos” y en los que no se tienen en cuenta los servicios prestados por las personas que llevan ocupando muchos años esas plazas. DA INSTRUMENTOS
Sánchez-Garnica ha esgrimido que la ley “no es una maravilla”, pero da instrumentos para cumplir con la finalidad para la que fue aprobada. Ha considerado “preocupante” que la mayor empresa del Estado, que es la Administración pública, “tenga a sus trabajadores en condiciones de temporalidad y precariedad” y sin cuya labor “sería imposible que los ciudadanos pudieran disfrutar de esos servicios esenciales”.
El presidente del PAR se ha comprometido a que, desde su formación, se impulsen las fórmulas necesarias para la estabilización “real y eficaz” de los empleados públicos temporales en Aragón, “en cumplimiento de una ley que está en vigor”.
Ha apostillado que, en el Senado, “hemos presentado múltiples iniciativas” y, como consecuencia de las mismas, “se consiguió aprobar la ley 20/21, de 28 de diciembre”, que entró en vigor al día siguiente y que si bien no es una transposición de la directiva europea sobre esta cuestión, recoge medidas urgentes para la reducción de la temporalidad de los empleados públicos.
El letrado ha comentado que todavía quedará pendiente por parte del Gobierno de España transponer, “de una vez”, la directiva europea de 1999, “que es la que solucionaría todos los problemas”.
El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón ha destacado que el Gobierno de Aragón “infringe de manera sistemática” las leyes que obligan a cubrir las necesidades permanentes con personal fijo y a estabilizar a los temporales en abuso, “y que los despidos masivos conviven con un aumento continuo de la temporalidad”.
Según sus cálculos, 29.000 trabajadores y trabajadoras de la DGA, el 49,5% de la plantilla, son temporales, y unos 17.000 están en fraude de ley y deberían poder consolidar su plaza por concurso de méritos, “pero el Gobierno de Aragón los está echando a la calle sin indemnización, personal con más de 50 años, en su mayoría mujeres, y difícil reincorporación al mercado laboral”. PROTEGER A LOS CIUDADANOS
El abogado Javier Araúz, pionero en denunciar judicialmente en Europa los derechos de los interinos, ha afirmado en su ponencia sobre el ‘Cumplimiento de la jurisprudencia europea’ que España “lleva 22 años sin aplicar una directiva europea ya vigente en el resto, lo que es una auténtica vergüenza; como ha ocurrido en otros casos, como las cláusulas abusivas de las hipotecas, Europa tiene que enseñarnos como proteger los derechos de los ciudadanos”.
También ha destacado que la Comisión Europea tiene abiertos dos procedimientos de infracción contra España por abuso de la temporalidad y se espera pronto una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que fijará si el empleado público en abuso de temporalidad tiene derecho a la estabilidad.
Para Araúz, Aragón está conduciendo en dirección contraria, porque es de las pocas Administraciones que no solo incumple la directiva europea, sino también la ley 20/2021, para dar la oportunidad al personal que lleva tantos años de servicio, un mínimo de seis, de estabilizar su plaza a través de un concurso de méritos.
Por su parte, el abogado Pau Albert Martí, asesor jurídico de la plataforma de interinos de Cataluña y representante en la lucha del personal temporal de todas las Administraciones públicas, ha expuesto, en la charla ‘Otras soluciones legales’, como, al contrario que en Aragón, la Generalitat de Cataluña ha garantizado que el 92% de los cuerpos generales se estabilicen con las personas que ocupaban las plazas.
“La ley tiene una finalidad legislativa clara: la estabilidad de los empleados públicos en abuso; por tanto, obliga al poder Ejecutivo a identificar estas plazas y ofrecerlas, es un mensaje que deben recoger todas las administraciones”, ha recalcado Martí, porque de no usarla bien “la consecuencia va a ser un desbarajuste en los servicios y un importante gasto en indemnizaciones y responsabilidad por daños y perjuicios”.
Fuente: lavanguardia.com