Los sindicatos recalcan que no existe ningún impedimento legal para volver a esa carga horaria.
La reducción de la jornada a 37,5 horas semanales en 2025, parte del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar. Esta reducción no afectará a los trabajadores públicos que ya cuentan en la práctica con jornadas de esta duración. Eso sí, reclaman avanzar hacia la recuperación de las 35 horas semanales. UGT aboga por ir un paso más y reducirla a 32 horas.
El Acuerdo para una Administración del Siglo XXI, firmado en octubre de 2022 por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, CCOO y UGT, incluía la reimplantación de la jornada de 35 horas en todas las Administraciones Públicas y la eliminación de las limitaciones previstas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018.
La jornada de 35 horas no será una novedad para los empleados públicos. Ese era su horario hasta 2012. A finales de 2011, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó un incremento del horario a 37,5 horas semanales en todo el país, como parte de las medidas de reducción de gasto.
Los funcionarios podían mantener el horario de 35 horas semanales, aunque con la letra pequeña de una reducción de su salario proporcional.
Más de diez años después de aquel recorte, CCOO, UGT y CSIF piden al próximo Gobierno la vuelta a la jornada de 35 horas semanales como parte de esa nueva Administración del siglo XXI.
Sin impedimento legal
Con la firma de ese Acuerdo, del que CSIF quedó fuera, los sindicatos insisten en que ya no hay ningún obstáculo para volver de manera oficial a las 35 horas.
La secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, explica EL ESPAÑOL-Invertia que, en las negociaciones de ese acuerdo, “una de las cuestiones que se pactó eran jornadas por debajo de las 37,5 horas”.
“Habitualmente, las distintas administraciones han vuelto a recuperar, vía negociación colectivas, las 35 horas que les fueron quitadas en 2012″, puntualiza. Sólo hay dos excepciones: Madrid y Cataluña.
También se resiste en la Administración General del Estado (AGE), donde la vuelta a las 35 horas se ha convertido en “el caballo de batalla” de UGT Servicios Públicos.
La secretaria general del Área Pública de CCOO, Rosa Cuadrado, también alude al acuerdo de octubre de 2022. “Ya no existe ningún impedimento legal o presupuestario para retornar a las 35 horas”, apunta.
Eso implica tanto a los territorios como a los sectores. Consultada por este periódico, Cuadrado incide en que, en el caso de la sanidad pública, todos los servicios de salud autonómicos han ido conquistando las 35 horas semanales, salvo en la Comunidad de Madrid.
Incorporación al Trebep
Aunque CSIF no firmó el acuerdo con el Gobierno, defienden de igual manera la vuelta a las 35 horas semanales para los trabajadores públicos. CSIF lamenta que ese punto todavía esté “pendiente de desarrollar” y pide que la reducción de jornada se incorpore al Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (Trebep).
El sindicato sostiene que en esa cambio deben introducirse, también, la carrera profesional, la adecuación de los grupos profesionales, la mejora de las condiciones de jubilación y el desarrollo del teletrabajo en el conjunto de las administraciones.
32 horas semanales
“Nosotros seguimos partiendo de la base de que una vez se tiene la posibilidad de negociar por debajo de las 37,5 horas, el mínimo sería fijarlo en 35“, comenta Araque.
Su sindicato, UGT, es partidario de ir más allá y apuesta por las 32 horas semanales. La propuesta se planteó en Andalucía, como una experiencia piloto para la Administración pública andaluza. No obstante, la Junta de Andalucía calificó la medida de “materialmente imposible”.
Araque insiste en que esta jornada no implica un reparto en cuatro días y apunta que las 32 horas se pueden repartir “de muchísimas formas” a través de la negociación colectiva.
Además, la secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Público garantiza que esta disminución de jornada no se traducirá en menos o peores servicios para los ciudadanos.
“Nosotros tenemos la responsabilidad de que lo que se pronponga no vaya en detrimento de la atención de los ciudadanos. Somos servidores públicos. Cualquier propuesta será responsable y coherente”, zanjó Araque.
Fuente: elespanol.com