El Ejecutivo aprueba por Real Decreto el contenido de la Ley de Función Pública, que se redactó en la pasada legislatura con acuerdo con los sindicatos, pero decayó por la convocatoria de elecciones
El Gobierno ha aprobado este martes un Real Decreto por el que se da vía libre al contenido de la Ley de Función Pública, cuya tramitación no pudo concluirse en la pasada legislatura por la convocatoria de elecciones. Ahora, el texto plagado de novedades para los funcionarios de la Administración General del Estado, sale adelante por esta vía para dar cumplimiento con los compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Ejecutivo busca así cumplir con uno de los hitos acordados con Europa “en tiempo y forma”.
La principal novedad supone la creación de un nuevo sistema de evaluación del desempeño, valorando la conducta profesional y el rendimiento del personal de la Administración. El Gobierno explica que se persigue con esto una “mejora de la productividad” que redunde en “una mejor prestación del sector público”. Las evaluaciones se acordaron con los sindicatos en el acuerdo para la reforma de la Ley de Función Pública. Además, explican, no supondrá “en ningún caso” la pérdida de la condición de funcionario para quienes no la superen. En el caso de que un empleado o empleada pública no tengan resultados satisfactorios en las mismas, se fomentarán las medidas de formación para dotarles de herramientas que les permitan un mejor desempeño.
Los que sí superen este sistema de evaluación de manera satisfactoria, obtendrán beneficios directos en distintas variables. La principal de estas variables será la remuneración del complemento de desempeño, que sustituye al complemento de productividad.
Por otro lado, explica el Ministerio que se fomentará la progresión de la carrera horizontal, un sistema por el que se pueden mejorar las condiciones del puesto sin cambiar de trabajo. La norma utilizará un sistema de tramos donde se valorará la trayectoria, la evaluación del desempeño, la formación o la participación en actividades de docencia o investigación. Se podrá hacer mediante un complemento adicional de nueva creación.
Otra de las medidas incluidas es la constitución del Instituto Nacional de Administración Pública como agencia de empleo público. El objetivo es consolidar su papel en las políticas de selección y de formación de los empleados públicos y su función como organismo generador de conocimiento de las Administraciones Públicas.
También cambia el sistema de acceso a la Administración. Se genera una nueva regulación para la planificación estratégica de los recursos humanos, diseñada a partir de la Secretaría de Estado de Función Pública. Estos planes dictaminarán la actividad y las incorporaciones al sector público.
El principal refuerzo llega para la oferta de empleo público, obligando a unos plazos “irrenunciables” para ejecutar las plazas que se promocionen. Evitando, de este modo, los retrasos del pasado. Entre las novedades están la posibilidad de que las plazas no cubiertas tras una convocatoria de oposiciones puedan volver a ofrecerse si no han pasado más de tres años desde la publicación de la oferta. También se establece la posibilidad de que el departamento competente convoque a través de la Secretaría de Estado de Función Pública concursos unitarios abiertos y permanentes para incluir puestos de trabajo vacantes en los distintos ministerios. El fin, explica el Ministerio, es fomentar una mayor ocupación de plazas de necesaria cobertura.
En lo referido a los procesos de acceso y selección de empleadas y empleados públicos, se impulsará un modelo “más ágil y eficiente” con la duración máxima de los procesos selectivos y la territorialización de las pruebas. Para ello, se establecerá obligatoriamente la publicación de convocatorias en el mismo año de la aprobación de la Oferta de Empleo Público, que deberán ejecutarse en un máximo de dos años.
El proceso de oposición, además, no podrá durar más de un año. Para hacer unos procesos más garantistas y unitarios, se habilitará al Ministerio de Hacienda y Función Pública para elaborar un modelo de bases comunes en los procesos selectivos. Esto facilitará que las actuaciones y orientaciones en el campo de la selección de personal queden recogidas en un único instrumento vinculante a todos los procesos.
Las pruebas para seleccionar a los nuevos integrantes de la Función Pública también serán reformadas, con el objetivo de que el modelo de selección responda a las funciones a desempeñar en los puertos ofertados. Basar las evaluaciones en las competencias y habilidades y la profesionalización de los órganos de selección, con mayor formación en ámbitos como técnicas de selección por competencias, en igualdad de género y en atención a la diversidad para quienes compongan los tribunales.
Novedades en la ley de mecenazgo
El mismo Real Decreto en el que se incluyen los cambios para los funcionarios incorpora también novedades para la ley de mecenazgo. En concreto, se mejora el marco fiscal para el mecenazgo en la cultura y en otros campos, con el objetivo de aumentar la participación de inversores. Se pretenden mejorar figuras como el micromecenazgo o la donación continuada y aumentar la participación de inversores privadas.
En concreto, con los cambios introducidos se incrementan los incentivos fiscales al mecenazgo, tanto si es efectuado por personas físicas, como por personas jurídicas o por no residentes. En el caso de las personas físicas, se eleva del actual 35% al 40% el porcentaje de deducción aplicable con carácter general. Además, se amplía la cuantía del micromecenazgo, de 150 a 250 euros, por lo que se incentiva la generación de este tipo de donativos, ya que esa ampliación de la cuantía permite aplicar el porcentaje del 80% a una mayor cantidad de donativos.
Fuente: eldiario.es