Los trabajadores, que van a ser cesados próximamente, aseguran que el 51% de los empleados públicos tienen contratos temporales, cuando la ley obliga a reducir esa cifra al 8%.
Un grupo de interinos acudió este miércoles a la Fiscalía para interponer una denuncia contra los responsables del Gobierno de Aragón, tanto en la etapa anterior del cuatripartito dirigido por el socialista Javier Lambán como en la actual de PP y Vox, presidido por Jorge Azcón. El motivo es la situación de abuso de temporalidad que se ha producido en la administración autonómica, “con un 51% de interinos” frente al máximo del 8% fijado por la ley.
La denuncia, dirigida a los consejeros de Hacienda de los dos Ejecutivos como a los directores generales de Función Pública, está firmada por 20 empleados públicos, que cuentan con el apoyo de la Asociación de Veterinarios Oficiales de Aragón (AVOA) y por el Colectivo de Interinos.
A su juicio, todas estas actuaciones podrían ser “constitutivas de delitos tipificados en los artículos 404, 433, 502 del Código Penal“, es decir, la prevaricación, la malversación o la desobediencia. Aducen que la mayoría de los firmantes llevan en sus puestos de trabajo un mínimo de 15 años, con casos de incluso 20 o 25.
Los denunciantes afirman asimismo que el Gobierno entrante llegó a un acuerdo con el sindicato de interinos “en el que se comprometía a no sacar a concurso las plazas estructurales ocupadas por interinos afectadas por la ley 20/2021 de 28 de diciembre y el Real Decreto 5/2023, como hacía mal el Ejecutivo del señor Lambán”.
Sin embargo, y siempre según sus apreciaciones, “ahora el Gobierno entrante sigue la misma tónica que el saliente y va a echar a la calle a miles de interinos, en la mayoría mujeres de más de 50 años”.
También hacen hincapié en que se trata de la primera vez que un colectivo de empleados públicos interinos tiene que denunciar las prácticas irregulares de dos Gobiernos de Aragón. Pese a todo, afirman que no les va “a temblar el pulso” y seguirán “con distintas actuaciones dentro de la legalidad” en la defensa de sus “legítimos intereses amparados por la ley”.
Fuentes del Gobierno de Aragón evitaron hacer valoraciones, pero aclararon que la denuncia procede de un grupo reducido de funcionarios y que “es ajeno al sindicato mayoritario y representativo en la Mesa de la Función Pública STEPA”.
Fuente: heraldo.es