Las plantillas de la Administración aragonesa siguen teniendo un número de interinos muy elevado. Es necesario dar estabilidad a los empleados públicos.
El servicio público es la columna vertebral de cualquier sociedad que aspire a garantizar el bienestar de sus ciudadanos. Desde la limpieza o el cuidado de nuestros mayores hasta servicios esenciales como sanidad o educación, la plantilla del sector público realiza tareas que, aunque invisibles a veces, son fundamentales para el funcionamiento de la vida diaria.
Sin embargo, hoy muchos de estos trabajadores se ven enfrentados a un sistema que no solo no les reconoce como merecen, sino que amenaza con destruir sus derechos y estabilidad laboral. No es normal que la Administración aragonesa siga anclada en una temporalidad de casi el 50% y que no se intente siquiera estabilizar (hacer fijos por concurso de méritos) al personal interino de larga duración, algunos con décadas de servicio, cuando además es un imperativo legal.
La directora general de Administración Local del Gobierno de Aragón ha declarado que el proceso de estabilización de secretarios-interventores del Ministerio es «inadecuado, mal diseñado, con un número de plazas manifiestamente insuficiente» y desde luego mal resuelto por parte de la Administración central, entre otras cosas porque incumple muchos plazos de la Ley que ellos mismos aprobaron. La hipocresía política del Gobierno de Aragón es evidente, exige al Gobierno central lo que incumple de forma sistemática en nuestra Comunidad. Un ejemplo de cómo las administraciones se escudan en el discurso populista sobre la «carrera profesional» para eludir sus compromisos y responsabilidades, dejando a los trabajadores públicos en una situación de incertidumbre cada vez peor atendida.
El sindicato STEPA ha defendido que si el concurso de méritos aprobado en su momento, diseñado para hacer justicia al personal interino de larga duración —unos 17.000—, se hubiera reconocido su experiencia y reducido drásticamente la temporalidad. No se trataba solo de exigir un reconocimiento económico o un puesto fijo. Se trataba de justicia, pues este personal ha dedicado sus vidas al servicio público, ha hecho sacrificios y ha cumplido su labor con creces, en muchos casos incluso en los peores momentos.
Todos somos vulnerables ante un sistema que promueve la inestabilidad. Si no se corrige este rumbo, el daño será irreversible, también al conjunto de la sociedad. No solo perderemos a trabajadores comprometidos, sino también la confianza en un sistema que debería proteger a los más vulnerables.
Es hora de devolver la dignidad al servicio público y reconocer la labor de quienes, con esfuerzo y dedicación, lo mantienen en pie. Los trabajadores públicos no son un gasto; son el pilar del Estado del bienestar en Aragón, y así debe entenderlo su administración.
María Pilar Remírez
Secretaria General del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA)
Fuente: heraldo.es 20.03.2025
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