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El Gobierno se planta en una subida de 46,7 M a jueces y fiscales, inferior a los letrados de Justicia

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Las asociaciones de jueces y fiscales no han sido capaces de llegar a la reunión de este lunes con una contrapuesta unitaria.

La secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, ha ofrecido este lunes a las asociaciones de jueces y fiscales un pequeño aumento en la partida que el Gobierno está dispuesto a poner para incrementar las retribuciones de los jueces y fiscales, y evitar de este modo la huelga indefinida convocada a partir del próximo martes.

Si el pasado viernes, cuando se produjo la primera sesión negociadora, la cantidad que el Gobierno planteó ascendía a 44,6 millones de euros para las dos carreras, hoy la cifra se ha elevado a 46,7 millones.

Sánchez Milán ha advertido con claridad de que está hablando en nombre del Gobierno y que no habrá una cantidad superior a esa.

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No obstante, en la sesión de la tarde ha sugerido la posibilidad de complementar la subida por la vía de las retribuciones variables, ya que no sería un incremento salarial directo sino que depende del rendimiento laboral.

La vía de las retribuciones variables queda, así, abierta para la próxima reunión, que se producirá el miércoles, a seis días de la convocatoria del paro de la Judicatura y la Fiscalía.

17 € lineales más que los LAJ

En las próximas 48 horas las asociaciones consultarán a sus directivas sobre la última oferta del Ejecutivo, que sigue quedando muy lejos de la recuperación del 20% de poder adquisitivo que jueces y fiscales aseguran haber perdido desde 2010.

La última propuesta del Gobierno también es inferior, en términos porcentuales, a la subida salarial que se aprobó para los letrados de la Administración de Justicia tras dos meses de huelga.

Según los cálculos de los negociadores, el aumento salarial a los LAJ -para el que el Gobierno puso 22,7 millones de euros- fue de 430 euros mensuales brutos, lo que representa un 10 % respecto a la nómina media del cuerpo.

La última propuesta para jueces y fiscales equivaldría a una media de 447 euros mensuales brutos, es decir, 17 euros más que la de los LAJ en términos lineales, pero no llega al 7% del sueldo medio de jueces y fiscales.

El Gobierno ha confirmado que la subida sería escalonada y no se terminaría de completar hasta 2025, aunque se ha abierto a la posibilidad de que la primera subida tenga carácter retroactivo a enero de este año.

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En cambio, en las conversaciones no se ha profundizado ni en el aumento de las guardias ni en el cómputo de los trienios respecto a la categoría que se ostente al devengarlo. El Gobierno afirma estar dispuesto a “hablar de todo”, pero con posterioridad.

Sin unidad

Las asociaciones de jueces y fiscales no han sido capaces de llegar hoy al Ministerio de Justicia con una propuesta unitaria.

De ello ha tomado buena nota Justicia, que en el breve comunicado hecho público tras la reunión resalta que “las asociaciones participantes no han mostrado unanimidad ni una postura común en sus demandas, si bien todas han coincidido en solicitar la celebración de una nueva reunión para el próximo miércoles con el objeto de trasladar a sus asociados y directivas la propuesta presentada”.

En realidad, la unidad asociativa nunca ha existido porque las dos asociaciones más próximas al Gobierno -Juezas y Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales- no secundaron la convocatoria de la huelga.

Pero la falta de unidad entre las restantes organizaciones se ha puesto en evidencia hoy, cuando el representante de la asociación judicial Francisco de Vitoria ha hecho una propuesta diferente -y a la baja– respecto a la que ha planteado la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura.

Juan José Carbonero, representante de la APM en la mesa de retribuciones, ha pedido un aumento de 74 millones de euros para las dos carreras, que supondría un aumento medio bruto de 697 euros al mes.

La propuesta del representante de Francisco de Vitoria, José Ignacio Martínez, ha sido de 67 millones de euros, equivalente a 630 euros mensuales brutos.

La UPF, aún más a la baja, ha mencionado la reclamación de 60 millones de euros, aunque al mismo tiempo ha valorado positivamente la oferta del Gobierno.

Fuente: elespanol.com

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