Fuente: El Periódico de fecha 8 de abril de 2022 enlace
La administración catalana aspira a reducir la temporalidad entre su plantilla del actual 35,5%, hasta el 8% que obliga la ley estatal.
El Govern de la Generalitat ha puesto en marcha la maquinaria administrativa para estabilizar 59.000 plazas actualmente ocupadas por interinos en fraude de ley. La mayoría de ellos docentes y sanitarios, en el que la Generalitat ha calificado como el “mayor” proceso de estabilización de la historia de la institución. Y pretende hacerlo antes del 2025. La administración catalana aspira así a reducir la temporalidad entre su plantilla del actual 35,5%, hasta el 8%, según le obliga la ley estatal. Las bases del grueso de los concursos extraordinarios se publicarán en los dos próximos meses, los exámenes se realizarán antes de acabar este año y las resoluciones llegarán antes de finalizar el 2024. La normativa no garantiza que todos los hoy interinos consoliden su plaza y existe riesgo de que algunos la pierdan, aunque desde la Generalitat confían en que todo aquel que hoy ocupa un puesto de temporal en fraude se quede.
Las altas tasas de eventualidad en la Administración -especialmente concentrada en comunidades autónomas y municipios- llevan cronificadas desde hace más de una década y se agudizaron por la falta de convocatorias de ofertas públicas de empleo en la época de recortes. El abuso de la figura del interino ha sido censurada repetidas veces por la justicia europea y no ha sido hasta el 2021 cuando el entonces ministro de Función Pública, Miquel Iceta, inició conversaciones con los sindicatos que finalmente culminó su sucesora, María Jesús Montero. Y hoy esa norma empieza a desplegarse en la Generalitat de Catalunya. Durante los próximos meses el mismo proceso deberán seguirlo diferentes municipios catalanes.
De las 59.000 plazas a estabilizar, hay un total de 26.000 que hoy en día están ocupadas por interinos que no deberán pasar por una oposición y podrán consolidar su plaza acreditando los méritos acumulados. Esta vía -denominada concurso de méritos– está pensada para todos aquellos interinos que lleven desde antes del 1 de enero del 2016 prestando servicios para la Generalitat. Y en estas se valorará, sobre 100 puntos, los servicios prestados, haber superado un proceso selectivo previo (sin obtener por ello plaza), los conocimientos de catalán y las competencias catalanas.
En dicho concurso de méritos, uno de los puntos más polémicos de la nueva ley estatal dada la ausencia de oposición para la obtención de plaza, podrán formalmente presentarse todo el mundo. Haya o no estado como interino, aunque es altamente improbable la obtención del puesto sin experiencia previa. Así lo ha planificado la Generalitat para evitar vulnerar los principios de publicidad, igualdad y concurrencia que debe seguir todo concurso público. Los detalles de estos y el resto de concursos extraordinarios los pretende consensuar el Govern con los sindicatos durante las próximas semanas.
A ese concurso de méritos se añadirá un concurso de oposición extraordinario. Este contemplará 13.000 plazas y está pensado para estabilizar a aquellas personas interinas entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de diciembre del 2017. Aquí los postulantes sí deberán pasar un concurso de oposición, que sumará la propia oposición (el 60% de la nota) y los méritos (40%). La fase de oposición tendrá carácter parcialmente eliminatorio, es decir, no será eliminatorio entre las diferentes fases de la oposición, pero sí en el conjunto de la nota de la oposición. Es decir, si el opositor aprueba sumando méritos y oposición, pero en la oposición no aprueba, queda eliminado.
A estas dos vías extraordinarias y habilitadas en la norma estatal aprobada por el Congreso en diciembre del 2021 se suman los concursos de oposición ordinarios. Hay 20.000 plazas que están pendientes de resolver de los años 2019, 2020 y 2021 y que también entran en el cómputo que ha realizado la Generalitat para reducir en los próximos dos años y medio la temporalidad entre sus plantillas hasta al 8%. De no hacerlo, la administración catalana podría incurrir en penalizaciones para sus directores de departamento, ya que legalmente se les podría exigir responsabilidades, además de un riesgo de que la Unión Europea penalizara la asignación de fondos públicos comunitarios.