El Supremo tumba una OPE de la Diputación vizcaína por la elevada exigencia de euskera

Desestima el recurso del Gobierno foral, que defendía la legalidad del proceso con el que estabilizó 150 puestos en 2022

El Tribunal Supremo (TS) ha emitido una providencia en la que desestima el recurso de casación presentado por los letrados de la Diputación de Bizkaia y ratifica la anulación de una OPE convocada por el Gobierno vizcaíno en 2022 para estabilizar 150 plazas de administrativo. El proceso tendrá que empezar de cero debido a los «desproporcionados» requisitos de euskera que planteaba a los aspirantes, lo que suponía «la exclusión de facto» de los castellanoparlantes.

La resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, fue emitida el pasado día 17 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS y pone punto final a un litigio que arrancó hace cuatro años, cuando un aspirante impugnó la OPE. Desde comienzos de la década una ley aprobada por el Congreso obliga a todas las administraciones del país a rebajar su índice de temporalidad por debajo del 8% y esta prueba forma parte del primer paquete de exámenes que se convocaron en el territorio de forma urgente.

La demanda presentada en un juzgado de primera instancia de Bilbao precisaba que 133 de las plazas ofertadas tenían algún requerimiento de euskera. Oscilaba entre un perfil lingüístico 2 y 3. Significaba que el 88,6% de los puestos obligaban a acreditar algún tipo de conocimiento de la lengua cuando el índice de preceptividad de la Diputación, el que marca cuántos funcionarios deben saber euskera, es del 46,7%. Para los 27 puestos restantes el conocimiento de la lengua era además considerado como mérito y podía elevar la nota del aspirante entre un 5% y un 10%.

A comienzos de 2024 el juzgado dio la razón al demandante al considerar que los requisitos de euskera que planteaba la OPE nada tenían que ver con «la realidad sociolingüística» de Bizkaia. La sentencia fue inmediatamente recurrida por la Diputación, pero el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) volvió a fallar en contra del Gobierno foral. En enero de 2025 anuló el concurso al considerar que el conocimiento de euskera se había «sobreponderado» al organizar las bases de la prueba, lo que suponía «menospreciar» a los aspirantes castellanoparlantes y vulnerar el Estatuto de la Función Pública.

La Diputación no dio su brazo a torcer y anunció otro recurso al Supremo. Los abogados forales han defendido durante todo este tiempo que la OPE se ha ajustado a la legalidad y a los requisitos del Plan de Normalización del Euskera vigente, que las administraciones tienen derecho a «autoorganizar» sus estructuras y que un trabajador que es capaz de expresarse en las dos lenguas cooficiales «acredita mayor mérito y capacidad». El TSJPV argumentaba que la independencia del Ejecutivo foral para establecer el perfil de sus funcionarios «tiene límites». Una posición que reitera ahora el Supremo.

El TS no entra al fondo del asunto, desestima el recurso de casación de la Diputación y da por buena la sentencia del Superior de Justicia vasco. Insiste en que fijar perfil lingüístico para las plazas de una OPE «no puede comprometer derechos fundamentales de los candidatos» y que la elevada cifra de puestos de la prueba que obligaban a acreditar el conocimiento de la lengua «contravienen el derecho fundamental al mérito y capacidad».

Queda ratificada así una sentencia que ya había obligado a la Diputación a tomar medidas provisionales. La OPE en cuestión no se reinició porque se estaba a la espera de lo que dijera el Supremo, pero el Gobierno foral sí que paralizó en marzo del año pasado otro proceso para elegir a 20 integradores sociales al tener constancia de que dos aspirantes también habían presentado recursos por las altas exigencias de euskera. Concretamente, 18 de los puestos a cubrir requerían acreditar PL3, el perfil lingüístico equivalente a contar con el título EGA, en el momento del examen. Eso suponía el 90% de la oferta de plazas.

Perfil lingüístico «diferido»

La necesidad de aportar seguridad jurídica a los siguientes procesos de estabilización también provocó que Bizkaia rebajara a aproximadamente el 50% las plazas de la primera OPE convocada el año pasado en las que exigió perfil lingüístico. Para cubrir 30 puestos, 24 de técnico de Administración General, 4 de técnico de archivo y 2 de técnico de biblioteca, la Diputación planteó «diferir» el perfil lingüístico. Dicho de otro modo, la mitad de las plazas salieron a concurso sin requisito de euskera y sus adjudicatarios, en el caso de que el puesto obligue a acreditar el conocimiento de la lengua, tendrán más tiempo para hacerlo. La llamada fecha de preceptividad no coincide con la de la oposición como ocurría hasta ahora en la mayor parte de los casos sino que se aplaza ‘sine die’, a la espera de que el TS se pronunciase.

Son de hecho varias las providencias que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha emitido respecto al euskera durante las últimas semanas, y en todas reconviene a administraciones vascas por la elevada exigencia del idioma. En Bizkaia también ha anulado definitivamente otra OPE foral para celadores de obra pública en la que el 91% de los puestos llevaban aparejado un perfil C1. En Gipuzkoa ha hecho lo propio con otro proceso para elegir a 49 trabajadores de residencias forales a los que se exigía B1 o B2 en 49 de las 54 plazas de consolidación. Suponían el 92% de los puestos cuando el índice de preceptividad en el territorio vecino se sitúa en torno al 66%.

Fuente: elcorreo.com 26.06.2026