Fuente: Faro de Vigo de fecha 14 de mayo de 2022 enlace
La ley del Estado que obliga a reducir la temporalidad en las administraciones reconoce el derecho a percibir una compensación a los que no superen el proceso de estabilización
La ley del Estado que obliga a reducir la temporalidad en las administraciones reconoce el derecho a percibir una compensación a los que no superen el proceso de estabilización
La presión unánime de los sindicatos ha llevado a la Xunta a rectificar su decisión de no volver a contratar a los interinos que reclamasen la indemnización por haber cesado su relación laboral con la Administración autonómica. La Consellería de Facenda ha comunicado a las organizaciones sindicales que desiste en esta pretensión que había planteado hace un mes como uno de los criterios para proceder a la estabilización de los funcionarios interinos y del personal laboral temporal. El cobro de la compensación cuando cesan en sus puestos –siempre que se cumplan determinadas condiciones– es un derecho establecido por una ley del Estado, pero la Xunta quería aminorar su impacto económico, de tal forma que el trabajador que la reclamase quedaba excluido automáticamente de futuros llamamientos en las listas de contratación. Es decir, ya no volvería a trabajar para la Administración cuando esta necesitara tirar de refuerzos o sustituciones.
El cambio de criterio fue comunicado por la Consellería de Facenda esta semana a los sindicatos que, entre otras razones, le indicaron que la norma estatal no establece en ningún momento que el cobro de la compensación acarree una penalización en la relación con las administraciones.
Norma estatal
El Gobierno central aprobó a finales del pasado año una ley para reducir la temporalidad en el empleo público, fijando además un calendario urgente para su aplicación por parte del resto de las administraciones. Las comunidades autónomas deben tener aprobados antes del próximo día 1 de junio las oposiciones para convertir en fijos a los funcionarios interinos y al personal laboral temporal. Y las condiciones de ese proceso son las que ahora está negociando la Xunta con los sindicatos, con los que esta semana tuvo ya dos reuniones.
Inicialmente Facenda había cifrado en 4.946 las plazas que se deben estabilizar y que hasta ahora están cubiertas con contratos temporales y que atañen a la administración general de la Xunta y a las empresas, entes y sociedades públicas del sector autonómico.
Modalidades
La ley estatal determina dos modalidades a las que se será obligatorio presentarse, ya que de lo contrario se perderá el empleo. Un concurso de méritos en el que solo se valorarán los méritos y un concurso-oposición que conlleva el tener que enfrentarse a unas pruebas.
El sistema de méritos afectará a 4.537 plazas. Los aspirantes no tendrán que realizar prueba alguna, solo presentar una solicitud con sus méritos para que sean valorados. Pero es un modelo libre y abierto a toda España, por lo que la competencia será masiva. En el modelo de concurso-oposición solo hay en juego 409 puestos.
Indemnización
No obstante, al proceso de estabilización será obligatorio presentarse por parte de las personas que están ocupando ahora esas plazas, ya que de lo contrario quedarán fuera automáticamente. Y los que suspendan esta prueba tendrán derecho a una compensación económica, con carácter general, equivalente a 20 días de retribución fija por año trabajado y hasta un máximo de 12 mensualidades, ya sean funcionarios interinos o personal laboral temporal.
De ahí que la Xunta intentara en un primer momento que los que reclamen esta compensación ya no volverían a trabajar para la Administración autonómica.
Según los sindicatos, también es posible que finalmente –tras las negociaciones– las plazas a estabilizar superen las 6.000 frente a las 5.000 expuestas originariamente por la Consellería de Facenda.