Fuente: Canarias 7 de fecha 19 diciembre 2021 enlace
Esta semana la Consejería trasladará por escrito la respuesta a la propuesta jurídica presentada por el comité de huelga en noviembre.
La Consejería de Función Pública tendrá que pisar el acelerador si quiere cumplir con el plazo para sentar las bases que den solución a la temporalidad de los trabajadores públicos de la comunidad autónoma. Con la norma estatal aprobada en las Cortes -la ley pasó esta semana sin cambios por el Senado- el Gobierno de Canarias ya cuenta con directrices que esperaba para avanzar en la negociación con los sindicatos. Sin embargo, la relación con el comité de huelga continúa en tensión después de un año de protestas y de que estos optaran por la vía judicial ante los supuestos incumplimientos del acuerdo que firmaron abril. El comité decidió romper el diálogo en noviembre al interpretar como una nueva «tomadura de pelo» la última reunión con la mesa jurídica para valorar una propuesta que pretendía dar solución a los afectados por el fraude de ley.
Esta semana, el viceconsejero Manuel Martínez ha asegurado que darán un nuevo paso y volverán a convocar a la mesa para dar una respuesta por escrito al documento. Este, apunta, requería de una valoración de los servicios jurídicos, puesto que, en base a una sentencia, plantea considerar la condición de indefinido no fijo a quien esté en situación de abuso de temporalidad.
La Administración se encuentra, así, nadando entre dos aguas sindicales: mientras CC.OO, UGT y CSIF apoyan la propuesta estatal, Sepca, Cobas e Intersindical Canarias critican que no garantiza la fijeza del personal. «Nuestra intención siempre ha sido que nos sentemos todos con una filosofía clara, que es lograr que la mayor cantidad de empleados posible se quede trabajando en la Administración -explica Martínez-. Pero no sé si en este nuevo escenario será posible».
La nueva ley establece, de forma extraordinaria, la convocatoria de plazas ocupadas ininterrumpidamente por temporales desde hace más de cinco años por el sistema de concurso. Es decir, por méritos, sin oposición. Sin embargo, las plazas son de libre concurrencia, que es el principal rechazo del comité de huelga, ya que cualquier persona del territorio nacional puede acceder a ellas y, por tanto, no da seguridad jurídica a los trabajadores.
Para el viceconsejero, esto agiliza el procedimiento, ya que se eliminan los procesos selectivos, pero queda pendiente determinar qué criterios son los que se requerirán para limitar la demanda a nivel autonómico. «No se va a poder restringir porque hay que respetar los principios constitucionales de igualdad, capacidad, mérito y publicidad -explica Martínez-, pero habrá que ver cómo baremar en las bases la antigüedad, la titulación, etc».
Con todo, en previsión de que existan personas que no consigan plaza, Función Pública defiende que la ley aún reconoce dos mecanismos más: quienes no superen el concurso pasan a formar parte de una bolsa de empleo en el que tendrán prioridad de contratación en base al tiempo trabajado; o bien el derecho a una indemnización, que el documento establece en 20 días por año. «Entendemos que con estas vías, afinando los detalles, se podrán conseguir los objetivos, aunque siempre habrá controversias en ese tema», ha añadido.
De hecho, el comité ya ha señalado que la norma traerá una larga cola jurídica de demandas particulares, lo que podría atascar el proceso. «Entiendo que un texto que ha pasado por las Cortes tiene las garantías suficientes de constitucionalidad, aunque eso no impide que si cualquier persona considera que se están infringiendo sus derechos vaya por la vía judicial», añade.
El viceconsejero se mantiene firme frente a los plazos que marca el ministerio y, «a menos que alguna medida cautelar diga lo contrario» apunta junio de 2022 para identificar las plazas, diciembre para concretar las bases y 2024 para desarrollarlas y dar por finalizado el asunto. El compromiso del Estado con Europa es reducir en este tiempo la temporalidad del 30% actual al 8%, aunque buena parte de los sindicatos canarios ven «irrealistas» dichos plazos. Para el viceconsejero, será Bruselas la responsable de tomar «las decisiones oportunas» si no se cumplen, pero mantiene su intención de trabajar en esa dirección.
El proceso de estabilización -que no de garantía de fijeza- podría afectar a más de 300.000 plazas estructurales ocupadas por personal temporal en todo el Estado. En Canarias, el dato del que parte la Consejería es de 2017: aproximadamente 2.800 plazas de personal laboral temporal y 96 de interinos. El comité de huelga, que también trabajaba en la identificación de personas afectadas por el fraude de ley otra de las mesas del acuerdo con el Gobierno, apunta a más de 4.000. Pero el problema de la temporalidad va más allá del fraude de ley en la Administración General: si se suma el conjunto del sector público -Ejecutivo, cabildos, ayuntamientos y organismos estatales- el porcentaje se eleva al 51% de la plantilla del Gobierno. Es decir, alrededor de 35.000 personas no son fijas, según el último registro publicado en el Boletín Estadístico de la Consejería de Administraciones Públicas.
Canarias deberá tener en cuenta estas cifras de cara a la convocatoria de plazas por la vía ordinaria. Según el consejero, las Ofertas de Empleo Público (OPE) se encuentran al día tras aprobar a principios de mes las 457 que corresponden a la Administración General para 2021. «Estas son independientes de las que convocaremos de forma extraordinaria para los afectados por el fraude de ley y no presentan retrasos de momento», ha asegurado.
Las protestas no pararán en 2022
El comité de huelga no ve los avances del Estado como algo nuevo. Aunque han seguido todo el proceso parlamentario de la nueva ley, insisten en que sus demandas para conseguir la fijeza del personal van «por otra vía». Es por este motivo que critican que especialmente durante los últimos meses la Consejería de Función Pública se haya mantenido a la expectativa de que en Madrid se alcanzara una solución cuando parecía que el diálogo en Canarias iba a mejor tras la firma del acuerdo. La paralización de la firma a la espera de un documento jurídico que le diera legitimidad, los días «inhábiles» de la Administración en verano o la dimisión de la directora general han sido algunos de los episodios que han dilatado la situación en el archipiélago. Ahora, el comité amenaza con proseguir su lucha por la vía judicial al mismo tiempo que esperan una reunión con el presidente Ángel Víctor Torres.
Sin embargo, y a pesar de los constantes desplantes, no niegan tenderle de nuevo la mano a la Consejería, pero sí muestran recelo. Tampoco se cierran a la posibilidad de que el resto de sindicatos participen en el diálogo, pero sin voto, ya que restaría la legitimidad del acuerdo.
En este contexto, el comité no prevé que el fin de conflicto esté cerca y ante lo que consideran «falta de voluntad política» y «dejadez de funciones» ya han asegurado que ampliarán la huelga durante el próximo año con un nuevo calendario de acciones hasta encontrar una solución.