El secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, reafirmó ayer el compromiso del Gobierno con la estabilización del empleo público en el ámbito judicial, subrayando que el objetivo es «poner fin al abuso de la temporalidad», que afecta tanto a los jueces como a los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) interinos.
Así lo manifestó en una conversación con Confilegal en la que abordó el futuro del proceso de consolidación y los efectos de la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Olmedo recordó que la Comisión Europea ha exigido a España abandonar el uso recurrente de figuras temporales para hacer frente a necesidades estructurales en el sector público. “Lo que queremos es acabar con una situación que se ha prolongado durante años. Deberíamos haberlo hecho antes, pero ahora desde la Comisión Europea se nos ha dicho que no podemos seguir empleando medidas temporales para solucionar problemas continuos y estructurales”, declaró.
En este sentido, el secretario de Estado explicó que la Ley 20/2021 fue el instrumento normativo aprobado para corregir esta situación, y que su espíritu debe extenderse “también al resto del personal de Justicia”, además de a jueces y magistrados.
NO VA A SUPONER UN DESPIDO MASIVO
Frente a las críticas de algunos sectores del colectivo de interinos, que califican el actual proceso de estabilización como un “despido encubierto masivo e inmediato” debido a la reestructuración de la planta judicial contenida en la Ley Orgánica 1/2025, Olmedo negó que exista tal intención.
“Eso no supone el despido masivo. Tenemos la plantilla de los letrados medio vacía. Lo que pasa es que tenemos que encontrar una solución también para ellos”, señaló.
El secretario de Estado explicó que el proceso de estabilización de los LAJ derivado de la Ley 20/2021 se articuló en dos fases: una mediante concurso y otra por concurso-oposición.
Sin embargo, el Tribunal Supremo anuló el procedimiento de concurso puro, al entender que la Ley Orgánica exigía, también para los letrados, al menos una parte de oposición. “Eso nos obliga a buscar otra manera de darles a ellos también la oportunidad de consolidar, pero cumpliendo los requisitos que nos ha marcado el Supremo”, añadió.
Respecto a las voces que reclaman una solución inmediata para los LAJ afectados por esta situación, Olmedo recalcó que no se puede aplicar directamente el modelo anterior: “Tenemos que examinar alternativas que respeten la legalidad y lo que ha dictado el Supremo”.
Olmedo respondió de esta forma con la preocupación extendida entre la Plataforma de Personal Interino del Cuerpo de Letrados y Letradas de la Administración de Justicia (PICLAJ) que un día antes había lanzado una contundente alerta pública anticipándose a la convocatoria que el Ministerio de Justicia había dirigido a los sindicatos para hoy.
REUNIÓN CON LOS SINDICATOS HOY
En dicha reunión de la Mesa Sectorial se debatirá un borrador de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que afecta de lleno a las condiciones del personal interino y a las sustituciones en el Cuerpo de Letrados.
Entre las medidas que recoge el borrador se encuentra la imposición de un límite máximo de dos años para las suplencias de los LAJ interinos por vacante, así como la prohibición de encadenar relaciones de sustitución más allá de ese periodo, salvo con una espera obligatoria de seis meses entre nombramientos. Además, se establece una compensación económica de veinte días por año trabajado, con un tope de doce mensualidades, en caso de finalización del servicio, una medida que, según el TJUE, no constituye una sanción efectiva al abuso de temporalidad.
Para el PICLAJ, esta nueva regulación encierra un «despido encubierto masivo» e inmediato de todo el personal interino que actualmente ocupa plazas en riesgo de desaparición por la inminente reestructuración de la planta judicial derivada de la reciente Ley Orgánica 1/2025, que introduce los Tribunales de Instancia.
Según advierten, el nuevo diseño organizativo implicará la amortización de plazas y ceses sin indemnización, o bien la firma de nuevos contratos de duración limitada que suponen igualmente el cese diferido pero asegurado.
Uno de los aspectos más graves que denuncia la plataforma es que esta medida afectaría a funcionarios interinos con más de 15, e incluso 30 años de servicio continuado, muchos de los cuales han ocupado puestos estructurales de manera ininterrumpida, bajo la promesa implícita de una futura estabilización que nunca llegó.
En la actualidad, y según el escalafón de 2022 –el último publicado por el Boletín Oficial del Estado–, este cuerpo nacional, que depende directamente del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, está formado por 3.760 funcionarios.
98 son de primera categoría (lo que sería el equivalente a magistrado del Supremo o fiscal de Sala), 2.571 de segunda categoría (equivalentes a magistrados o fiscales) y 1091 de tercera categoría (equivalentes a jueces o abogados fiscales).
Actualmente existen 700 vacantes, ocupadas por letrados de la Administración de Justicia interinos, que suponen el 18,62 % del total de la plantilla, establecida en 4.460 LAJ, a los que el Ministerio quiere encontrarles una solución.
El secretario de Estado, Manuel Olmedo, explica que el problema de los LAJ interinos está en el rádar del Ministerio de Justicia para solucionarlo.
Fuente: CONFILEGAL 12.05.2025
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