El Tribunal Superior de Justicia de Aragón desestima el recurso de una empleada que encadenó más de siete años en la administración y que fue cesada al cubrirse su plaza por oposición
La historia arranca en febrero de 2018, cuando una mujer empezó a trabajar para una consejería autonómica como personal de servicios auxiliares. Lo hizo mediante un contrato de interinidad para cubrir la baja de una empleada titular, un vínculo que se prolongó unos meses hasta que la trabajadora sustituida se reincorporó. Pero aquello fue solo el principio de un largo recorrido por los vericuetos de la temporalidad administrativa.
En diciembre de ese mismo año, la administración le ofreció un contrato de relevo a tiempo parcial para sustituir a otra trabajadora que se jubilaba parcialmente. Esa segunda etapa duró hasta finales de 2021. El 1 de enero de 2022, la mujer firmó un nuevo contrato, esta vez de interinidad, porque la empleada a la que relevaba se jubiló anticipadamente a los 64 años y su plaza quedó vacante. Desde el 1 de enero de 2023, se le hizo un tercer contrato de interinidad, ya sin solución de continuidad, para el mismo puesto. En total, entre relevos e interinidades, acumuló más de siete años encadenados en el mismo destino.
La oposición que borra más de siete años
El 25 de abril de 2025, la administración resolvió por fin el proceso selectivo que había convocado para cubrir definitivamente la plaza. Aprobó las pruebas y adjudicó el puesto a un aspirante. El 9 de mayo se le notificó a la interina su cese, que se hizo efectivo el 25 de mayo. Ella demandó por despido improcedente y reclamó una indemnización de 33 días por año trabajado, computando su antigüedad desde aquel primer contrato de 2018.
La trabajadora argumentó que la duración de su interinidad había superado con creces el límite de tres años que el Tribunal Supremo fijó como referencia para considerar abusiva la temporalidad.
Sin embargo, la sentencia número 440/2026, dictada el 8 de junio por la Sala de lo Social del TSJ aragonés, rechaza esa pretensión. El tribunal explica que el contrato de relevo anterior no era una interinidad por vacante (porque no existía vacante, sino una jubilación parcial), de modo que el cómputo de los tres años solo podía arrancar el 1 de enero de 2022, cuando la plaza quedó efectivamente vacante y se firmó el primer contrato de interinidad.
Dos convocatorias en menos de tres años
Desde esa fecha hasta el cese transcurrieron tres años y casi cinco meses. No obstante, la sala considera que la administración no permaneció inactiva: sacó una primera convocatoria de oposiciones el 23 de diciembre de 2021, antes incluso de que se cumpliera el plazo de tres años, y una segunda el 21 de marzo de 2024. La resolución definitiva llegó el 25 de abril de 2025. Para los magistrados, esa conducta demuestra que el empleador público no dilató injustificadamente el proceso, sino que intentó cubrir la plaza en cuanto fue posible.
“La indicación de tal plazo de tres años no significa, en modo alguno, que, en atención a diversas causas, no pueda apreciarse con anterioridad a la finalización del mismo la irregularidad o el carácter fraudulento del contrato de interinidad”, recuerda la sentencia, citando doctrina del Tribunal Supremo. Y añade que “de manera excepcional, por causas extraordinarias cuya prueba corresponderá a la entidad pública demandada, pueda llegar a considerarse que esté justificada una duración mayor”. En este caso, las dos convocatorias y la adjudicación final en un plazo que la sala juzga razonable sirvieron para desvirtuar el abuso.
La decisión supone que la trabajadora se queda sin indemnización y sin el reconocimiento de una relación indefinida, a pesar de haber dedicado siete años al mismo servicio. El fallo no es firme y aún cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Fuente: larazon.es 25.06.2026
¡Suscríbete a nuestra newsletter!
Se el primer@ en enterarte de las nuevas entradas
Comentarios Recientes