Fuente: Redacción médica de fecha de 06 octubre 2021 enlace
El Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público está en plena fase de presentación de enmiendas en el Congreso. Tal y como transmitió el Ejecutivo por boca de su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el objetivo es buscar el máximo consenso posible y Ciudadanos (Cs) ya ha puesto sobre la mesa sus condiciones para dar apoyo a esta norma, que no ha estado exenta de polémica y que fue impulsada por Miquel Iceta cuando aún ocupaba la cartera de Política Territorial y Función Pública. En el curso de esta negociación, la formación naranja ha presentado hasta 15 enmiendas al articulado de la Ley, en las que aboga por ‘eliminar’ las vacantes que no sean ocupadas por funcionarios de carrera.
En concreto, a través del texto firmado por Edmundo Bal, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPC), la formación establece que, a partir del día siguiente al transcurso de tres años desde el nombramiento, se considerará que el funcionario interino está en situación de abuso, por lo que se devengará a su favor, desde ese momento y por un plazo máximo de un año, el derecho a una compensación económica equivalente a la estipulada para el despido improcedente.
En todo caso, cumplidos los cuatro años desde el nombramiento, se producirá el cese del personal funcionario interino y la vacante solo podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera. En caso de no haberse cubierto la vacante por un funcionario de carrera en dicho plazo, la plaza queda extinguida y deberá salir de los inventarios de Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) de la correspondiente Administración.
Esto se traduce en que el funcionario interino solo podrá estar en situación de interinidad por un período máximo de cuatro años, debiendo producirse su cese una vez transcurrido dicho plazo. Con ello, según explica en el escrito, se pretende dar un margen adicional a la Administración de un año para que pueda llevar a cabo la cobertura de la plaza por un funcionario de carrera pero, a la vez, delimitar de manera cierta el plazo máximo para la interinidad. En todo caso, cumplidos los cuatro años desde el nombramiento, se producirá el fin de la relación de interinidad y la vacante solo podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera.
Además, si la Administración correspondiente no cubre dicha plaza por los cauces adecuados, la plaza quedará extinguida “como medida sancionadora e incentivadora”. La formación naranja reclama que la tasa de cobertura temporal deberá situarse por debajo del ocho por ciento de las plazas estructurales.
“Todo ello se perfila como un régimen sancionador disuasorio, proporcional y eficaz contra las Administraciones incumplidoras y suponen medidas efectivas para evitar en lo posible que se repita la situación de abuso generalizado en la temporalidad que ha venido dándose desde hace años en nuestra Administración Pública”, justica Cs en el escrito.
Para asegurar el seguimiento de los procesos establecidos, las Administraciones Públicas deberán dar cuentas al Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, del número de plazas ocupadas de forma temporal y abusiva existente en cada uno de los ámbitos afectados.
Personal fijo a extinguir
Por otro lado, para poder resolver el problema de los interinos en el Sistema Nacional de Salud (SNS), la formación liderada por Inés Arrimadas propone la creación de una figura legal para que el personal eventual que lleve entre tres y diez años en situación de ‘abuso’ pueda llegar a ser fijo.
A este respecto, Cs establece dos vías de acceso a la estabilización del puesto, dependiendo de la gravedad del “abuso”. Concretamente, según el documento, los funcionarios en situación de abuso inferior a este plazo pasarán a ser considerados “personal fijo a extinguir”, sin adquirir la condición de funcionarios de carrera.
El partido hace alusión a que el personal público temporal que haya ejercido funciones estructurales al menos durante un período de entre tres y nueve años anteriores a la entrada en vigor de la Ley, la condición de empleado público fijo con derecho a permanecer en el puesto de trabajo que esté desempeñando en el momento de entrada en vigor de esta Ley, con los mismos derechos y con sujeción al mismo régimen de estabilidad e inamovilidad que rige para los funcionarios de carrera comparables, sin adquirir la condición de funcionario de carrera.
Además, para los interinos que lleven más de diez años en esta situación, el grupo parlamentario reclama un concurso de méritosrestringido para que consigan la condición de funcionarios de carrera.