Un grupo de interinos andaluces pide en el TSJA la paralización de las oposiciones en Educación

Un grupo de unos 70 docentes interinos andaluces, agrupados  bajo la denominación Stop Oposiciones Docentes Andalucía, ha solicitado en la demanda interpuesta ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la paralización de los procedimientos selectivos en Educación en tanto que no se clarifique, desde Europa, la veintena larga de cuestiones planteadas desde distintos colectivos de funcionarios interinos ante la sala de lo Contencioso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El abogado del colectivo de interinos, entre los que hay docentes granadinos, Josep Jover, indica que el origen de la demanda está en la aplicación de la Ley 20/2021 de 28 de noviembre. Esta norma, aprobada por el Gobierno central, establece la necesidad de rebajar la tasa de interinidad al 8% tal y como marca la política europea. Una vez aprobado el marco normativo -que en el caso de Educación se amplía con el Real Decreto 270/2022-, desde distintas comunidades grupos de interinos ha planteado cuestiones sobre la aplicación, que ahora deben dirimirse en Bruselas. En tanto que Europa no fije doctrina, defiende el letrado, se solicita que la Administración andaluza paralice las oposiciones en Educación. Este mismo verano está prevista la convocatoria para cubrir miles de plazas de docente en Secundaria y otros cuerpos educativos.

En la demanda se pide “la suspensión de todas las convocatorias de oposiciones, concursos de persona y concursos de traslado dentro del ámbito jurisdiccional de la comunidad autónoma de Andalucía”. El texto, al que ha tenido este diario, apunta que “para los interinos, por sí, el forzar la convocatoria de concursos y oposiciones no adaptados a las sentencias y normas de la Unión Europea es, ya en sí, una represalia sobre un tipo específico de funcionarios. Una represalia y una discriminación”. Los demandantes alegan, de hecho, en la demanda que “la convocatoria de oposiciones contraviniendo sentencias y legislación europeas es, en efecto, una represalia”.

Una de las docentes que han demandado, profesora de Formación y Orientación Laboral (FOL) en un centro de la provincia de Granada, asegura que la norma estatal, la Ley 20/2021, “pretende reducir la temporalidad mandando a la calle a los interinos” y que “se debería dar la plaza a quien ha estado en abuso más de tres años, que es lo que dice Europa”. 

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Esta misma profesora añade que el procedimiento para rebajar la temporalidad en Educación en Andalucía comenzó en abril de 2022. Ese año se sacaron plazas a cubrir mediante concurso de méritos,  un sistema que califica de “arbitrario, que no estabiliza a los que llevan más años sino a quien tiene más títulos”. Además, al ser Andalucía una de las comunidades en las que más plazas se sacaron, hubo un “efecto llamada” de interinos de otras comunidades, relata esta profesora.  Este verano de 2023 hay previstas oposiciones, en las que interinos y aspirantes deben enfrentarse a una convocatoria compuesta de dos partes. Para llegar a la segunda es requisito pasar la primera y, según indica esta interina, “el número de plazas es irrisorio”. La obligación de pasar las pruebas, alega, premia a quien tiene tiempo para preparar los exámenes. En su caso, debe compatibilizar la crianza de su hijo con el trabajo como docente en un centro en el que tiene horario de mañana y tarde y, además, preparar las oposiciones. “Si no apruebo, me veo en la calle. De un plumazo nos van a quitar de en medio”.

El procedimiento diseñado desde Andalucía prevé que en 2024 se saquen las plazas que permitan llegar al 8% de interinos, los puestos que se tenían que haber cubierto con funcionarios de carrera y que están en manos de interinos, continúa esta docente. “Sólo hay dos exámenes y no hay que aprobar el primero para sacar el segundo, pero únicamente han sacado plazas del 60% de las especialidades“, argumenta. Entre las que se han quedado fuera está, precisamente, FOL, la asignatura que imparte esta docente desde hace años. 

Jover, el abogado que representa a este colectivo, asegura que la mayoría de los interinos a los que afecta esta normativa son “mujeres, de mediana edad” que llevan años en la Administración y que “ahora no pueden competir” con opositores más jóvenes que tienen uno o dos años completos para preparar una convocatoria. La cuestión del acceso a una plaza de funcionario de carrera es espinosa por cuanto que quienes han accedido ven con suspicacia que se relaje el procedimiento para quienes vienen detrás, razona el letrado. “El gran problema no es pagar, sino los propios compañeros”.

No es la primera vez que los interinos recurren a la justicia para defender su posición. El mismo abogado que ahora asesora a este grupo de docentes andaluces recuerda que los primeros fueron un grupo de jueces catalanes. Perdieron, pero la cuestión llegó de nuevo a los juzgados. Ahora hay planteadas “25 cuestiones sobre la regularización de estos funcionarios temporales. A la espera de que se resuelva, este abogado defiende que “el marco jurídico de convocatoria de oposiciones no va a ser el mismo” que el actual “cuando haya resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”. Esos pronunciamientos -que pueden tardear entre trece y catorce meses, calcula Jover, desde que se plantean- establecerán un nuevo marco, en el que deberían concretarse las futuras oposiciones.

“Acumulación de tasa de temporalidad”

El Real Decreto 270/2022 de 12 de abril, publicado en BOE, establece la modificación del reglamento de ingreso al cuerpo de docente. Se recoge que en los últimos años ha sido necesario “un refuerzo urgente de las plantillas docentes”, lo que ha conllevado “la acumulación de una tasa de temporalidad”. El Gobierno apunta con el dedo a las restricciones presupuestarias del anterior Ejecutivo y a la pandemia como causas de esta situación.

Este texto establece que en la fase de concurso -que complementa a los exámenes- se valorará con un máximo de 7 puntos la experiencia docente, mientras que en el apartado “otros méritos” se puede conseguir un punto. La formación académica, por su parte, supone otros dos puntos. La fase de oposición -los exámenes- vale un 60% de la nota final, mientras que la fase de concurso supone el 40% restante de la calificación.

Además, se incluye una disposición transitoria, que regula el concurso excepcional de estabilización, que “podrá convocarse por una sola vez”. Esta vía está pensada para los que entraron a formar parte de la Administración antes del 1 de enero de 2016 mediante un concurso de méritos en el que la experiencia docente es, de nuevo, lo que más pesa, con hasta siete puntos (con un máximo de diez años trabajados) que puede obtener el opositor, mientras que la formación vale tres puntos y el resto de méritos que pueda aportar, cinc puntos.

El pasado 31 de mayo, el BOJA publicó el decreto 93/2022 por el que se aprobaba una oferta de empleo público de 2.960 plazas del cuerpo de docentes dentro del engranaje para bajar la temporalidad en Andalucía. El Gobierno andaluz prevé sumar a estos puestos de funcionario otros 2.600 de maestro, 264 de Música y Artes Escénicas y nuevas plazas del cuerpo de profesores de Secundaria FP, Idiomas y resto de especialidades que se cubrirán en 2024.

Desde ANPE, sindicato del sector educativo, se explica en un comunicado a los docentes interinos que deben participar en el concurso de méritos “de cara a la posible percepción de las indemnizaciones que pudieran corresponder en un futuro al profesorado interino que no resulte seleccionado”.

Fuente: Granada Hoy

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