Fuente: Europapress de fecha 13 de noviembre 2021 enlace
Aidmur ha pedido a la consejera de Educación, María Isabel Campuzano, “tras el acuerdo alcanzado entre PSOE, UP, ERC y PNV por el cual se modifica el polémico ‘Icetazo’, aprobado el pasado mes de julio, con objeto de que tenga lugar un proceso transitorio y excepcional donde miles de interinos en fraude de ley pasen a ser funcionarios de carrera mediante un concurso de méritos”, que paralice cualquier proceso de oposición en educación hasta que dicha nueva regulación no sea desarrollada en los términos de este acuerdo, para no perjudicar a los miles de docentes interinos en fraude de ley de la Región.
El acuerdo que se firmó ayer por las agrupaciones políticas anteriormente mencionadas establece, en aplicación del artículo 61.6 del TREBEP (algo que desde AIDMUR llevamos defendiendo desde 2012), que las plazas que hayan sido ocupadas por interinos con anterioridad al 1 de enero del 2016 se ofertarán una única vez en un proceso extraordinario de concurso de méritos, en el que cualquier persona que reúna los requisitos necesarios, establecidos por las administraciones educativas competentes, podrá participar y optar a consolidar su situación, pasando de ser funcionario interino a funcionario de carrera.
Además, adicionalmente se amplía la tasa de reposición para que de forma extraordinaria haya procesos de estabilización para aquellas plazas que hayan estado ocupadas por interinos al menos tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020.
Estos procesos se convocarán, como hasta ahora, por el método de concurso-oposición, pero se exige que la fase de concurso (méritos) tenga un peso del 40% (cosa que en educación ya venía sucediendo). Además, estos procesos podrán producirse con pruebas no eliminatorias.
Por otro lado, las personas que pierdan su puesto de trabajo con motivo de estos procesos, deberán ser indemnizados con 20 días de salario por año de servicio. Con ello se pretende que las administraciones convoquen oposiciones y no aumenten las tasas de interinidad de manera disuasoria.
Aidmur explica que educación y el personal estatutario de los servicios de salud tienen normativa propia. En este caso se da un plazo de un año para que adapten la normativa; así se mantiene la Disposición final segunda del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, por lo que entendemos que las administraciones educativas competentes tienen de plazo hasta el 6 de julio del 2022 para adaptar su normativa a esta nueva Ley, o en su caso a cumplir la literalidad de la misma.
Aidmur entiende que, ante este nuevo escenario, no deben realizarse procesos selectivos sin que se adapten a la nueva norma y la nueva situación, de forma que las administraciones que así lo hicieran podrían estar incurriendo en ilegalidad manifiesta y fraude de ley, además de un posible delito de prevaricación.