Fuente: el español de fecha 15 de octubre 2021 enlace
CGT asegura que la Junta “ha contactado con diversos aspirantes de forma directa”, a través de su correo electrónico o incluso de llamadas telefónicas, “para ofrecerles determinados puestos de trabajo docentes sin respetar los procedimientos” empleados para el común de los profesores interinos
El inicio del curso escolar 2021-22 ha supuesto para la Consejería de Educación de la Junta la contratación, como todos los años, de un conjunto de funcionarios interinos para cubrir las diferentes vacantes surgidas.
Este proceso debe realizarse de un modo transparente, conforme a los procedimientos informatizados de elección y cobertura de vacantes y sustituciones denominadas AIVI y AISI respectivamente. Y solo en los casos en que, agotado dicho proceso, algunas plazas docentes no hubieran podido ser cubiertas, la administración autonómica puede acudir a otros procedimientos alternativos tales como listados extraordinarios o las listas dinámicas de profesores.
Pero CGT Zamora asegura que “esto no ha sido así en todos los casos”. Desde la sección sindical aseguran que, una vez acabado el habitual plazo de contrataciones de principio de curso, la administración educativa autonómica “no ha seguido en todos los casos” el procedimiento estipulado y de obligado cumplimiento para la cobertura de plazas de profesorado, y en cambio “ha efectuado ofertas personalizadas” en algunas especialidades para cubrir vacantes en la provincia de Zamora.
CGT asegura haber tenido constancia de que la administración educativa “ha contactado con diversos aspirantes de forma directa”, ya sea a través de su correo electrónico o incluso de llamadas telefónicas, “para ofrecerles determinados puestos de trabajo docentes sin respetar los procedimientos” empleados para el común de los profesores interinos (AIVI y AISI), y “sin haber esperado a ver si las plazas docentes se cubrían a través de ambos procedimientos”.
Para CGT este hecho supone “una ruptura total” de la transparencia en materia de contratación pública que la administración educativa “tiene obligación de cumplir, a la vez que suscita todo tipo de sospechas de enchufismos o favoritismos, desde el momento en que a la mayor parte del profesorado interino se le aplica el procedimiento estandarizado de cobertura de vacantes/sustituciones (AIVI/AISI), mientras que a otras personas, de manera arbitraria y opaca, se les realizan ofertas al margen del sistema general, que les benefician, a la vez que suponen un perjuicio claro para el resto de aspirantes a cubrir dichas plazas docentes, que dejan de tener la posibilidad de optar a todos esos puestos de trabajo”.
“Todo ello socava asimismo el derecho que los propios afectados, y las organizaciones sindicales tienen, y que la administración debe respetar, de poder comprobar el correcto y transparente funcionamiento del proceso de oferta y contratación pública, dado que la administración ni ha informado a través del portal de educación o cualquier otro medio de la existencia de estos hechos que CGT denuncia, ni ha aportado a las organizaciones sindicales ningún tipo de documentación que avale tales prácticas”, critican en un comunicado.
Desde CGT exigen a la administración educativa que investigue estos hechos, identifique todos los casos en que la contratación pueda haber vulnerado los procedimientos establecidos, tome las medidas necesarias para sancionar tales prácticas irregulares, e informe de todo ello tanto a la opinión pública como a las organizaciones sindicales, “como legalmente está establecido”