Fuente: Públco.es de fecha 23 de septiembre 2021 enlace
En la enmienda se plantea que todas las personas que lleven más de tres años en situación de interinidad y que estén en puestos estructurales pasaran a ser fijas de manera inmediata, entre otros cambios.
La enmienda a la totalidad de la ley para reducir la temporalidad del empleo público que presentó la CUP ha sido rechazada este jueves por el Congreso de los Diputados con 309 votos en contra, 33 a favor — incluidos los de ERC y PdeCAT — y tres abstenciones. Por lo tanto, continuará su tramitación.
El Congreso ha acordado la avocación a Pleno del proyecto de ley, esto es, que será votado en Pleno tras su paso por la Comisión.
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“No se puede tener a la gente en condiciones de precariedad de este tipo”, ha criticado la diputada de la CUP Mireia Vehí, quien, además, ha defendido esta enmienda en la que se plantea que todas las personas que lleven más de tres años en situación de interinidad y que estén en puestos estructurales pasarán a ser fijas de manera inmediata, entre otros cambios.
El Gobierno, gracias a un acuerdo de última hora entre el Ministerio de Hacienda y ERC, logró convalidar en el pasado mes de julio el decreto ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público —previamente pactado con los principales sindicatos— que dará una mayor prioridad en el acceso a las plazas fijas a los interinos que ya ocupan esos puestos estructurales.
Y, dado que el Congreso acordó tramitar el decreto como proyecto de ley, los cambios se introducirán vía enmiendas parciales.
En virtud del acuerdo, los interinos de las administraciones públicas que lleven más de diez años ocupando una plaza estructural que nunca haya sido convocada podrán adjudicarse dicha plaza sin necesidad de pasar una oposición, únicamente por una valoración de méritos.
El decreto ley ya preveía que la valoración de la experiencia en el puesto pesara un 40 % en el proceso de selección, pero ahora se añadirá la posibilidad de que la prueba no sea eliminatoria, en función de lo que decidan las comunidades autónomas en sus convocatorias.