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El Gobierno admite el abuso del fijo discontinuo en la Educación y anuncia una inspección “sin miramientos”

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Reconoce que este contrato no puede utilizarse para evitar que los docentes y otros trabajadores tengan vacaciones pagadas

La Inspección de Trabajo va a vigilar el abuso de los contratos fijos discontinuos con especial foco en el sector educativo, según han admitido este jueves fuentes del Ministerio de Trabajo, que han reconocido que se está dando un uso indebido a esta modalidad contractual incluso en el sector público, después de que EL MUNDO publicara hoy que estos contratos se han disparado un 116% en el sector.

No está habiendo un uso adecuado de esta contratación y, por tanto, la Inspección de Trabajo va a revisar sin ningún miramiento, aunque estemos hablando de empleados públicos, si se usa el contrato fijo discontinuo en la Educación, en qué casos debe utilizarse y en cuáles no. El uso irregular de los fijos discontinuos en la Educación es previo a la reforma laboral, pero ahora vamos a volver con una segunda campaña de la Inspección de Trabajo poniendo el acento en la Educación como sector en el que se están produciendo abusos de ese contrato”, han reconocido este jueves fuentes del Ministerio de Yolanda Díaz.

Sus declaraciones se han producido después de que EL MUNDO publicara hoy que los contratos fijos discontinuos en el sector educativo se han disparado un 116% en el último año, a pesar de que la Audiencia Nacional avaló su prohibición en la enseñanza privada. En la práctica, estos contratos se utilizan, como se ha hecho siempre, para enviar a los docentes y otros trabajadores vinculados a la Educación (personal de comedores, limpieza, etc.) al paro durante el verano y que no puedan disfrutar de vacaciones pagadas, como el resto de colectivos.

“Hemos detectado que en función de la comunidad autónoma, hay una misma actividad que en algunos casos se cubre con un fijo discontinuo y en otros no. Incluso a veces dentro de la misma comunidad hay discrepancias. Vamos a lanzar una campaña específica que va a prestar especial atención al uso de los fijos discontinuos en el sector educativo, para dejar claro que ese contrato no puede ser un instrumento para evitar el disfrute de los derechos de las vacaciones, sino que tiene que estar vinculado a factores o campañas estacionales”, han recalcado.

Desde el Ministerio han prometido que la Inspección llevará a cabo “un control riguroso”, aunque han querido desvincular el uso de este contrato en la Educación de la reforma laboral. “Es anterior a la reforma y no deriva de ningún cambio normativo, sino del uso que las comunidades autónomas, que son las responsables de la Educación, han dado a este contrato para buena parte del personal a su servicio”.

La Inspección ha enviado este año 50.000 misivas a empresas que afectaban a 140.000 contratos (una gran mayoría de esos contratos fijos discontinuos), con especial foco en el sector educativo, según el Ministerio.

En la Educación privada el uso de este contrato no está permitido, ya que el convenio colectivo nacional de centros de enseñanza privada lo impide, un veto que ha sido avalado recientemente por la Audiencia Nacional en contra de la reivindicación de las patronales del sector.

AL PARO EN VERANO

Según los datos de afiliación a la Seguridad Social, el número de trabajadores del sector educativo con contrato fijo discontinuo ha pasado de 68.815 en media en enero de 2022 a 148.832 en enero de este año, un 116% más, un incremento de unas 80.000 personas que han sido trasvasadas desde contratos temporales: los de tiempo completo han bajado un 11% -unos 20.000 afiliados menos- y los de tiempo parcial se han recortado un 48%, alrededor de 90.000 personas menos.

En total, 1,12 millones de personas trabajan en España en el sector educativo a cierre de marzo, de los que sólo un 27,4% tiene un contrato indefinido a tiempo completo. Los demás están en situación más precaria: un 14% tiene contrato fijo discontinuo, un 13% es indefinido a tiempo parcial, un 24,3% tiene contrato temporal y un 21,4% contrato de aprendizaje, formación, prácticas u otros. En este total de afiliados figuran los docentes de todos los niveles educativos y también los de academias (de idiomas, de danza, etc.) y las escuelas infantiles.

Independientemente del tipo de contrato, uno de los males principales que tienen los trabajadores del sector educativo es que pierden su trabajo durante el verano, tanto en el sector privado como en el público. Según los datos de afiliación a la Seguridad Social, en junio del año pasado el país contaba con 1,03 millones de docentes dados de alta (472.790 de ellos en el sector público), pero en dos meses perdieron su empleo 180.000 personas, de forma que en agosto el número de afiliados era de 854.416. De esos 180.000 que dejaron de trabajar el verano pasado, 70.000 eran del sector público, donde la afiliación bajó hasta 402.493 empleados en septiembre.

Fuente: elmundo.es

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