Fuente: Confilegal 13/07/2021 – – – > enlace
“No se puede solucionar un abuso con más abuso. El Real Decreto-ley del ministro Miquel Iceta solo generará paro y más precariedad en el empleo”. Es el mensaje que lanza Javier Arauz de Robles, abogado del Estado en excedencia, a nuestro arco parlamentario.
Una vez aprobado, en 30 días tendrá que convalidarse en el Congreso de los Diputados. Su defensa ahora corresponderá a María Jesus Montero, titular de Hacienda y de Función Publica desde este lunes que tomó posesión de su nueva responsabilidad.
En los últimos cinco años el despacho Arauz & Belda se ha convertido en uno de los referentes en las reclamaciones del personal interino en nuestro país.
Su despacho llevó las cuestiones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que dieron lugar a la sentencia de marzo del 2020.
Arauz de Robles considera que “el Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno incumple de pleno la Directiva comunitaria. Denunciaremos la norma ante la Comisión Europea, por ello”.
A su juicio, “es increíble que después de veinte años un Gobierno socialista quiera impulsar el mayor ERE de la historia de España. Hay riesgo de dejar en la calle a 800.000 profesionales que son casi 3 millones de familias. Es increíble que el ministro Iceta propugnase dicho Real Decreto-ley”
Sobre la norma aprobada, Arauz explica a Confilegal “que incumple la normativa comunitaria al aplicar retroactivamente disposiciones sancionadoras a quienes ya son víctimas de un abuso. Esto vulnera un principio básico del derecho comunitario”.
“Además, en contra de la Directiva y de lo que ha dicho el TJUE en su auto de 2 de junio sitúa el eje de la sanción en la convocatoria de los procesos selectivos, cuando este tribunal ha dicho que ningún proceso selectivo de estabilización cumpla requisitos de la Directiva porque son procesos abiertos y no garantiza a las víctimas de abuso estabilidad en el empleo”.
Para Arauz, “la indemnización solo se concede a quienes no haya superado el proceso selectivo. Luego la sanción es el proceso selectivo. Si la sanción fuera la indemnización se concedería a todos las víctimas de los abusos como exige la Directiva. Pero resulta que no. Que solo la recibirá quien no supere dicho proceso selectivo”.
Este experto también señala que “se vulneran reglas básicas del derecho de la Unión Europea. El TJUE ha dicho ya que no caben establecer topes en las indemnizaciones por despido, como hace este Real Decreto-ley de 20 días por 12 meses. También se incumple el principio de práctica integral y el de equivalencia”.
“Es un Real Decreto desde el punto de vista comunitario es ilegal y desde el punto de vista de la justicia social es absolutamente impresentable”.
CAMBIO AL FRENTE DEL MINISTERIO
Le preguntamos por el cambio de ministro en el ámbito de la Función Pública, cuyas competencias tendrá a partir de ahora María Jesús Montero, titular de Hacienda y con experiencia porque en su puesto de consejera de Economía de la Junta de Andalucía llevó este asunto.
“No esperamos nada nuevo, por desgracia. Este es un Real Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros a propuesta del que era su titular en Función Publica y Administración Territorial Miquel Iceta”.
“Creemos que los cambios vendrán propiciados desde Europa. Europa tiene que actuar y espero que presione al Gobierno de España para que lo derogue o articule demandas contra este Real Decreto-ley que para los que están en abuso incumple la directiva”.
Arauz indica que este Real Decerto-ley establece un tope en las indemnizaciones. «Ese tope es declarado ilegal por el TJUE. Estas indemnizaciones no van a ser las únicas que paguen las indemnizaciones sino que tendrán que pagar más cuantiosas».
“Hay que recordar que el derecho comunitario consagra el principio de reparación integral. Esto supone que no hay topes. Ya el TJUE en la sentencia Marshall de 1993 decía que no había topes para las indemnizaciones por despido”, comenta.
PAGO DE INDEMNIZACIONES MILLONARIAS
Sobre las indemnizaciones, Arauz señala que consultando distintas sentencias “además de la indemnización fijada por el Gobierno habría otras que añadir relacionadas con la pérdida de oportunidad, lucro cesante, por daños morales o por la imposibilidad de ser fijo al convocarse esos procesos selectivos, e incluso por la imposibilidad de encontrar empleo sobre todo en mujeres de más de 50 años”.
Al mismo tiempo subraya que “a todas estas personas que serán despedidas habrá que pagarles el paro y los subsidios correspondientes. El coste económico de esta operación es muy elevado. Hay profesionales que llevan en abuso treinta años”.
Como ejemplo destaca Italia. “Tras la sentencia Mascolo del 2014, el Gobierno italiano aprobó una norma cuatro meses después que haría fijos a los docentes de aquel país.”
“Sin embargo, en nuestro país, tras la sentencia de 19 de marzo del 2020 que creíamos dejaba el asunto claro, hemos tenido que esperar una año y medio a que se dicte una norma que no estabiliza a este personal sino que además esta norma va contra la directiva comunitaria de forma radical”.
Desde su punto de vista, “hay que darse cuenta que la solución que propone Iceta puede generar un gasto público no controlado que puede ser excesivo y que tengamos que destinar recursos para pagarlo, en vez de atender las necesidades de los ciudadanos. Esto es una temeridad”.
Sobre los efectos de este Real Decreto-ley esta jurista señala que “en primer lugar, los tribunales no tienen la obligación de aplicar dicha normativa si entienden que es contraria a la directiva comunitaria”.
“Al mismo tiempo esperamos que la Comisión Europea actúe de nuevo y que nos vuelva a dar un rapapolvo en esta materia. Esperamos que el TJUE siga dictando sentencias favorables para el personal temporal como ha sido en los últimos años”.
Junto a esto, Javier Arauz cree que los partidos políticos “tienen que poner un poco de sentido común a esta situación y que apuesten por la estabilización de este personal”.
A su juicio, “tienen muchas razones para evitar que se convalide dicho Real Decreto-ley. Vulnera la normativa comunitaria”.
Recuerda que “esta es una batalla y que seguimos en la guerra. Seguiremos actuando y confiando en la justicia. En la Comisión Europea y en el propio TJUE”.
“Es una lástima que Europa tenga que ser una vez más la que garantice los derechos de los ciudadanos, como ha pasado con las cláusulas suelo u otros procedimientos hipotecarios”.
“Me apena que mi país no sea lo suficientemente moderno y avanzado para solucionar este tipo de problemas y que sea Europa quien tenga que resolver esta cuestión”, añade.
JUECES ESPAÑOLES Y SU CAMBIO DE DOCTRINA
Respecto a los cambios de doctrina en el Tribunal Supremo, este experto afirma que “en la Sala Social estamos lejos de obtener un pronunciamiento del derecho de la Unión. La figura del indefinido no fijo no encaja con el TJUE y no deja de ser un temporal y que la indemnización por 20 años no cumple con la directiva comunitaria”.
Sobre la Sala de lo Contencioso, “esperemos que cambien de criterios jurisprudenciales y adapten sus fallos a la doctrina del TJUE como es su obligación. Tendrán que cambiar de criterio porque esta doctrina del TJUE es cada vez más clara», apunta.
Sobre las reclamaciones a Europa, este jurista recuerda que nuestro país tiene abiertos dos procedimientos de infracción en los años 2013 y 2014 aún por resolver. “Son procesos abiertos porque la Comisión aun no ve que la normativa española cumpla las directrices comunitarias”.
Desde fuera sorprende un poco la lentitud de estos procedimientos, “creo que deberían ser más ágiles esos procedimientos. Creo que la UE debería estructurarse más como una comunidad de ciudadanos que de estados”.
“Si eso no se logra el desapego a la UE seguirá siendo notable. Estos retrasos en aplicar la normativa comunitaria dan una imagen de la Comunidad Europea que no es la mejor posible”, advierte.
En estos momentos tras la aprobación del citado Real Decreto-ley se han intensificado las denuncias en Europa de interinos, “al mismo tiempo que se están formalizando esas demandas en nuestros juzgados y tribunales donde consta la situación de fraude de ese profesional”.
A su juicio, “esta situación nos tiene que servir para dar un impulso para adelante y seguir en la lucha. A través de las últimas sentencias que hemos recibido sabemos que hay juzgados que respetan la doctrina del TJUE. Espero que se den cuenta que el Real Decreto-Ley aprobado no es la solución y planteen cuestiones prejudiciales”.