Fuente: Canarias7 de fecha 18 de marzo de 2022 enlace
La Administración avanza con los plazos ajustados del Estado y ve poco margen de maniobra para llegar a acuerdos con el comité de huelga.
Los intentos de acercamiento entre el Gobierno de Canarias y el comité de huelga del personal temporal de la Administración Pública sufrieron ayer un nuevo varapalo a raíz de otra reunión poco fructífera para ambos bandos.
Los sindicatos que aún mantienen las protestas -Intersindical Canarias y Co.bas- habían lanzado una convocatoria urgente para reiterar al Ejecutivo su principal demanda, que pasa por dar cumplimiento al acuerdo adoptado el pasado abril. Sin embargo, apuntan sus representantes, la Administración se adelanta y propone una reunión con la mesa jurídica, uno de los grupos de trabajo creados a partir de la negociación con el objetivo de buscar fórmulas para la estabilización.
En este contexto, ambas partes acudieron a la cita con distintas perspectivas: si bien el comité de huelga pretendía sentarse a negociar, se encontró ante una mesa con puro personal técnico que venía a estudiar mecanismos jurídicos. Una situación que les llevó a abandonar la sala y suspender el orden del día.
CONFLICTO ABIERTO
- División El comité de huelga resiste pese a la escisión de Sepca, que ha tendido la mano al Gobierno pero sin abandonar la defensa del acuerdo de abril.
- Plazas Las administraciones públicas deberán ofertar antes del 1 de junio de 2022 las plazas de temporales que están actualmente ocupadas.
- Concenso El objetivo del Gobierno es elaborar unas bases concensuadas con los sindicatos para el concurso de méritos, pero seguirá siendo abierto.
La directora general de Función Pública, Monserrat García, apuntó ayer que este resultado había sido fruto de un «malentendido». Defendió que la convocatoria de la mesa – que solo se había reunido una vez desde los acuerdos– se hacía necesaria en tanto que «el marco jurídico ha cambiado». A este llamamiento, por lo general, solo asiste personal técnico, por lo que el Gobierno no preveía un espacio de diálogo en el sentido de la negociación con el comité de huelga.
En esta línea, García aseguró que hay «poco margen» para avanzar fuera de la ley estatal y propone a los sindicatos «aprovechar la oportunidad» para elaborar unas bases consensuadas de cara a los concursos de méritos extraordinarios.
Es esta la aproximación que ha tenido Sepca tras salirse de la huelga. Si bien han confirmado que no pretenden alejarse de lo firmado en el acuerdo, tienden la mano al Gobierno para acotar la ley a la realidad canaria.
«Una vez que el Estado establece unos plazos, que son muy ajustados, no podemos salirnos fuera», señala la directora general. «Afrontamos una situación que viene desde 2017-2018 y creemos que lo mejor ahora es gastar nuestro último cartucho».
Por su parte, el comité de huelga vuelve a plantarse y critica que se tomen decisiones «ilegítimas». La última trifulca se produjo a finales de febrero en la reunión con la Mesa General de Negociación en la que estuvo presente Intersindical Canaria. Si bien la Administración planteó tres procesos diferentes en la línea de la norma estatal para cumplir con los plazos exigidos, la cita «puenteaba» al comité. «No puede haber acuerdos cuando hay un conflicto abierto», reclamaron.
La principal disputa continúa girando en torno al concurso abierto, que a ojos de los trabajadores temporales no garantiza la permanencia de todo el personal en abuso de temporalidad, como se prometió a los sindicatos. Pendiente queda, también, el catálogo actualizado de empleados en fraude de ley, paralizado desde el año pasado.
Por lo general, el desgaste del comité se hace evidente y opta por avanzar por la vía jurídica. «Ante la reiterada negativa de la Administración de negociar designamos a Manuel Martos como asesor jurídico, quien llevará a cabo cualquiera de las acciones que considere oportunas para llevar a cabo el acuerdo del 23A», apuntaron en un comunicado.