Fuente: Confilegal de fecha 15 de noviembre 2021 enlace
Los acontecimientos se aceleran en torno al proyecto de ley de interinos. El reciente acuerdo entre Gobierno, PNV y ERC para establecer una enmienda que estabilice al personal desde el concurso de méritos a interinos con cinco años de antigüedad ha generado una marejada de fondo muy intensa y elevada; reivindican que el plazo sea de tres años.
Así, por una parte, una delegación de interinos viajará a Bruselas, entre el 16 y el 8 de este mes, para reunirse con eurodiputados españoles de todas las formaciones políticas con el fin de explicar, en profundidad, la situación en la que vive este colectivo de 900.000 profesionales, además de concentrarse ante el Parlamento Europeo.
Y por otra, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, va a comparecer ante el Congreso de los Diputados el jueves, 18 de noviembre. Se espera que Montero aclare algunas cuestiones del acuerdo al que ha llegado con PNV y ERC, además de abordar otras cuestiones como son los ingresos municipales y su viabilidad.
Esa comparecencia, prevista desde hace semanas, ha provocado que la reunión de la Comisión de Función Pública pase a la semana que viene.
Uno de los grandes escollos es el concurso de méritos a 5 años; los interinos quieren que sea a 3 años y que también se incluya a los que, acumulando una gran antigüedad, hayan dejado sus puestos en los últimos meses. Sobre estas líneas, la ministra María Jesús Montero, competente en este contencioso.
Las distintas interpretaciones que ya Confilegal ha comentado sobre la norma, no deja satisfecho a nadie.
Las dudas sobre el acuerdo son importantes entre sindicatos, juristas y los propios interinos se centran sobre todo en cómo va a quedar definido el concurso de méritos, su cobertura y qué va a pasar con las plazas ya sacadas.
Tampoco queda claro si la enmienda afecta a sanitarios y docentes, colectivos de interinos de mayor tamaño, o siguen quedado al margen como decía el #icetazo que les daba un año de plazo para adaptarse al nuevo Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
Otra cuestión que preocupa a los expertos es saber cómo las Comunidades Autónomas van a adaptar dicho concurso de méritos, porque todas ellas tendrán libertad para establecer las bases. Tendrán la última palabra para materializarlo.
En este contexto, la totalidad de las Comunidades Autónomas en las que el PP está en el poder –Madrid, Galicia, Murcia, Castilla y León y Andalucía– han criticado este acuerdo.
Una de las primeras ha sido la Comunidad de Madrid, que, a través de su consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, ha tachado este pacto de «extraordinariamente preocupante» y de «concesión demagógica».
Frente a esta postura, conocido el acuerdo entre el Gobierno y sus socios ERC y PNV, una entidad como la Diputación de Sevilla anuncia que revocará los procesos convocados para aplicar el nuevo proyecto de ley, referidos a las convocatorias del 2017 y 2018 y que afectan a interinos de larga duración
Esta paralización de los procesos selectivos ha sido una demanda que muchas de las partes implicadas han reclamado, por lo menos hasta que se aprobase el nuevo proyecto de ley, sin embargo, las administraciones han hecho caso omiso.
CIUDADANOS PIDE AL GOBIERNO QUE SE LO TOME EN SERIO
Desde Ciudadanos, el vicesecretario general y portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, mostraba su escepticismo sobre el acuerdo alcanzado esta semana entre el Gobierno central, PNV y ERC, sobre los interinos “nos hemos enterado por la prensa. Estaremos ‘ojo avizor’ con respecto al tema”.
Bal recuerda que el problema es grave al afectar a más de 900.000 interinos y que el Gobierno debe tomárselo en serio. La propuesta de Ciudadanos planteaba una solución integral fijaba dos planteamientos en función de los años de interinidad.
Para los interinos entre 3 y 10 años en situación de abuso, crear la figura legal de “personal fijo a extinguir”.
A partir de diez años: concurso de méritos restringido para que consigan la condición de funcionarios de carrera.
A su juicio “no parece lógico que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo hable de la lucha contra la temporalidad en la empresa privada, lo cual es loable, pero que en la Administracion pública no se establezcan medidas para frenar dicha temporalidad”.
Desde Ciudadanos “en una de las enmiendas que planteamos a este proyecto de ley, igual que el interventor controla los fondos públicos que exista una figura de ‘Compliance’ o director de recursos humanos para que en el futuro se trate de evitar estas contrataciones en abuso de la temporalidad”.
Edmundo Bal Francés es portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de Ciudadanos y portavoz de la formación naranja en la Comisión de Justicia y abogado del Estado en servicios especiales. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
VIAJE REIVINDICATORIO A BRUSELAS
La voluntad de la delegación representativa de las plataformas de empleados públicos temporales de toda España en su viaje a Bruselas es la de poner en evidencia la falta de voluntad política en España para solucionar la acuciante situación por la que están pasando 900.000 trabajadores de todas las administraciones públicas españolas.
Los interinos reivindican la aplicación del Derecho Comunitario por parte del ejecutivo español, en las medidas ya en vigor del Real Decreto Ley 14/2021, más conocido como el “Icetazo”, a través de las enmiendas al Proyecto de Ley, actualmente en negociación.
Reconocen que el acuerdo anunciado entre PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV supone un avance para adaptar la futura ley a la normativa europea sin conseguirlo. “Es un acuerdo de mínimos muy alejado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ”, señalaba Elisabeth Ramos a nuestra publicación recientemente.
“Un esfuerzo más para ser escuchados en primera persona por miembros de las instituciones europeas, cuestionando si somos o no ciudadanos de pleno derecho de la Unión Europea”, comentaba Amaia Zarrabeitia, portavoz de Interinok Taldea del País Vasco.
Con los permisos oportunos de las autoridades belgas, los interinos se concentrarán frente al Parlamento Europeo los días fijados para llamar la atención de las instituciones europeas sobre el hecho de que, además de Polonia, hay otros estados miembros, que siguen sin aplicar el derecho de la Unión en su toma de decisiones.
DENUNCIAR UNA SITUACIÓN CRÍTICA
Gracias a la colaboración del Eurodiputado del Grupo Ciudadanos Europa, Jordi Cañas, se ha cerrado una reunión de portavoces de la Unión de Plataformas de Interinos, con eurodiputados de Ciudadanos, Grupo Popular, Vox, Grupo Socialista y PNV.
El objetivo de dichas reuniones es denunciar ante los europarlamentarios, que las medidas implementadas por el Gobierno de España en el Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia para reducir la temporalidad en el sector público al 8%, se basan en el despido (cese) de estos empleados, mediante procesos selectivos de nuevo acceso a la Administración que incumple la normativa comunitaria.
Para Ana Dueñas, portavoz del colectivo de interinos de Castilla-León y una de las profesionales que acudirá a Bruselas, estas medidas no cumplen con la Directiva 1999/70, ni con las sentencias últimas del TJUE ni con la resolución de mayo del 2018 dictada por el Parlamento Europeo
También confirman que, por motivo de agenda, tendrán lugar a distintas horas, otras reuniones con eurodiputados de Esquerra Republicana de Catalunya, En Comú Podem y Podemos.
Los representantes de los interinos tienen muy claro que está en las manos del PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV mejorar el proyecto de ley de forma que cumpla con la Directiva, cerrando los procedimientos de infracción abiertos, evitando tener que pagar nuevas sanciones a Europa y eludir los retrasos en los pagos de los Fondos de Reconstrucción.
DOS PROCEDIMIENTOS DE INFRACCIÓN ABIERTOS
Se aprovecharán también las reuniones para recabar información sobre el estado de la tramitación de los dos procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea contra el Reino de España.
En el último año, la Comisión ha recibido miles de denuncias de trabajadores temporales afectados por la falta de transposición en el Sector Público español de la Directiva 1999/70/CE y su Acuerdo Marco, acumuladas en el CHAP (2013) 01917 y CHAP (2014)4224.
La última respuesta de la Comisión Europea ante estas denuncias recalca que siguen vigilantes esperando que el texto resultante de la Ley que actualmente se encuentra en tramitación cumpla con la Directiva y las sentencias del TJUE.
Como ya ha comentado Confilegal recientemente, la publicación de esta Ley para la reducción de la temporalidad en el empleo público es uno de los hitos que debe cumplir el Gobierno de Pedro Sánchez antes de final de año para recibir el pago de una nueva partida de los Fondos “Next Generation” en 2022.
El objetivo último de estas reuniones es conseguir un compromiso por parte de los europarlamentarios españoles de medidas concretas y acciones específicas que ayuden a poner fin a una situación que después de 30 años todavía sigue sin solución.
Los interinos se consideran víctimas del abuso de contratación temporal en las administraciones públicas españolas. Contrataciones que, a diferencia del sector privado, no conlleva indemnización alguna. Sus derechos laborales no se parecen en nada a los de los servidores públicos de otros estados miembros, protegidos por la Directiva y su acuerdo marco.
José Luis Gutiérrez, portavoz de la Coordinadora Andaluza de Empleados en Abuso de la Temporalidad (CAEPAT), otro asistente a Bruselas, subrayaba que las medidas acordadas podrían dejar fuera de la solución a miles de empleados públicos inmersos en las convocatorias en marcha de 2017 y 2018, a pesar de cumplir con los requisitos necesarios para beneficiarse de esta nueva Ley obligándoles a recurrir de nuevo a las instancias judiciales para defender sus derechos.
Los representantes de los interinos tienen muy claro que está en las manos del PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV mejorar el proyecto de ley de forma que cumpla con la Directiva, cerrando los procedimientos de infracción abiertos, evitando tener que pagar nuevas sanciones a Europa y eludir los retrasos en los pagos de los Fondos de Reconstrucción.
“El Estado Español no puede permitirse el lujo de dejar pasar esta oportunidad para reducir la temporalidad logrando la estabilidad de sus empleados públicos sin ningún coste para el Estado, manteniendo su experiencia y seguir ofreciendo unos servicios públicos de calidad demostrando al resto de Europa que España no es Polonia”,concluye Ruth Gras, presidenta de la Plataforma de Interinos de Cataluña.