El jueves, 11 de julio de 2024, los empleados públicos en abuso de temporalidad volvimos a las calles. Esta vez delante del Ministerio de Función Pública y Transformación Digital en Madrid, ya que nuestra protesta iba encaminada a una persona, el titular de la cartera, el Sr Jose Luís Escrivá.
Allí estuvimos de nuevo los compañeros de Castilla-La Mancha representados por las dos organizaciones que llevan desde 2018 organizando a las personas en fraude de ley en nuestra región: la Plataforma de Interinos y Temporales de Castilla-La Mancha y el sindicato Solidaridad Obrera, acompañando a muchas otras fuerzas sindicales y plataformas de todo el Estado.
Una protesta más para volver a repetir, porque repetir es lo que estamos haciendo desde 2018, que el Estado español lleva desde 2001 sin trasponer para el ámbito de las administraciones públicas la Directiva Europea 70/99. Esa que nos otorga un derecho (otorga muchos, pero sólo de uno en concreto vamos a hablar en este texto): el derecho a la estabilidad en el empleo.
Para ello la Directiva establece varios mecanismos que los Estados miembros de la unión deben trasponer (recuerden este verbo) a sus ordenamientos jurídicos internos. Estos mecanismos son dos: o la fijeza directa o una sanción disuasoria y suficiente para el empleador, en este caso las Administraciones Públicas.
La analogía
Es fácil de entender, permítanme que les haga una analogía a modo de ejemplo: yo tenía una bicicleta (mi derecho a la estabilidad en el empleo otorgado por la UE) y el Estado español me la ha robado (al no trasponer ese derecho a las leyes nacionales).
Ahora usted, señor Ministro de Función Pública, y dado que por el tiempo que llevo trabajando en fraude de ley (incumpliendo las leyes nacionales como el TREBEP y por supuesto la Directiva Europea) debe o bien devolverme la bicicleta (fijeza) o pagarme el importe que costaba la misma (sanción disuasoria que repercute en el trabajador). Pues en España ni una cosa ni la otra. Y por eso seguimos protestando.
La clave
El detonante de la concentración de ayer fueron las dos sentencias que durante este 2024 ha emitido el máximo órgano judicial que tenemos en la UE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que en marzo y junio de este año ha vuelto a tirar de las orejas al Reino de España por no hacer los deberes… y lleva esperando Europa 23 años, ni más ni menos. No se puede decir que paciencia no tengan, aunque se les está acabando por el tono empleado en el texto de ambas resoluciones.
¿Paciencia?
Paciencia precisamente es lo que se nos acabó hace mucho a las personas en abuso de temporalidad, sobretodo cuando la última sentencia le recuerda a nuestro Gobierno, legisladores (al parlamento) y jueces que ninguna de las medidas tomadas hasta ahora en estos 23 años han servido para hacer cumplir la Directiva, incluídas las medidas recogidas en la Ley 20/2021 que habilitó ese mal ejecutado (y mal pensado) proceso de estabilización basado en un concurso de méritos no restringido.
La tómbola
Vuelvo a las analogías. El Estado español ha organizado una rifa o tómbola de bicicletas (la OPE22 que habilitaba la Ley 20/2021) para que algunas personas, hayan sufrido el robo de la bicicleta o no, se apunten y les pueda tocar una bicicleta nueva. Como en toda tómbola la arbitrariedad del sorteo (las bases de cada convocatoria que han topado puntos de experiencia o formación, criterios de desempate basadas en la letra del apellido, etc…) no ha asegurado que las personas que han sufrido el robo hayan conseguido resarcir el abuso que sobre ellas se ha cometido.
Y esto mismo se lo ha recordado el TJUE en su última sentencia, dejando patente la vergonzosa actuación de todos los poderes públicos en este país con respecto a este tema, que afecta no olvidemos a más de 500.000 personas, si, si , más de medio millón de personas.
Chapuzas
Ni el poder legislativo y el ejecutivo en conjunto legislando (con la chapuza de la Ley 20/2021 y las OPES que la implementaron) ni el poder judicial interpretando los conflictos para hacer cumplir la Directiva Europea se salvan de las sentencias (y llevamos ya cuatro) en las que el TJUE ha recordado sucesivamente a los jueces que deben hacer prevalecer el derecho de la Unión, por encima incluso de la Constitución Española que ya no es nuestra ley fundamental, sino que lo son las Directivas. Eso significaba ser europeo y muchos no quieren aplicarlo, porque saber, si que lo saben. Nuestros poderes públicos no son tontos, son más bien desobedientes.
No se nos debe olvidar, que las situaciones que vivimos las personas en abuso de temporalidad generan en muchos casos situaciones de precariedad. Piensen en ese profesor interino que sólo trabaja media jornada o un tercio de jornada (si estas cosas existen) y por tanto cobra la mitad de un salario o un tercio del mismo que tiene que desplazarse a diario a 30 o 50 km de su residencia.
Mujer de 58 años
Piensen en la mujer (porque son en su mayoría mujeres) de 58 años que trabaja en la cocina de un hospital y que ahora se va a ver cesada tras 30 años de servicio (caso real) y debido a su baja empleabilidad dentro del sector hostelero de una persona mayor y que ha aportado tanto al sistema sanitario va a perder muchas de las condiciones de cara a su jubilación y se verá abocada a penar sus últimos años de vida laboral.
Temporalidad es precariedad
O la auxiliar de enfermería que se ve obligada a coger sustituciones de 2 o 3 días en localidades diferentes a dónde tiene su domicilio para no perder su puesto en la bolsa de trabajo temporal y que se las ve y se las desea para poder conciliar su vida familiar. De esto estamos hablando: temporalidad es precariedad. Porque si no piensan que la UE redactó toda una Directiva para acabar con la temporalidad.
Trasponer
Por todo esto se espera un “otoño caliente” en las administraciones públicas, ya que el colectivo de empleados públicos en abuso está siendo cesado de manera ilegal y masiva en todo el territorio como consecuencia de esos procesos mal llamados de estabilización. Europa nos protege y sabemos que tenemos la razón y el derecho. Sólo queda una cosa por hacer, ¿recuerdan el verbo que les dije?: Trasponer.
La solución
Así que señor Escrivá, si me lee, la solución es muy sencilla, sólo tiene que hacer una cosa, legislar, que es su papel y no se escude en esperas a resoluciones del Tribunal Supremo, el poder judicial no puede hacer lo que está en su tejado, que es trasponer a nuestro Estatuto Básico del Empleado Público la Directiva Europea 70/99.
Fuente: diariosanitario.com 12.07.2024