El sindicato aragonés, tercera fuerza en la Administración General de Aragón en coalición con CATA, anuncia una avalancha de acciones y movilizaciones ante “el incumplimiento del PP de la ley” y “de su compromiso electoral de estabilizar a los temporales de larga duración”
El sindicato STEPA, junto con CATA, ha llevado a cabo este jueves una acción de protesta ante la sede del Chusticia d’Aragón, y a continuación ha presentado una queja por “el incumplimiento del Gobierno de Jorge Azcón (PP) de la Ley 20/2021 de medidas para reducción de la temporalidad en el sector público y del Real Decreto Ley 5/2023”.
Estas han sido las primeras acciones de una avalancha de iniciativas y movilizaciones anunciadas por STEPA “ante la reiterada desobediencia del Ejecutivo aragonés a la obligación de convocar procesos extraordinarios de estabilización teniendo en cuenta las plazas ocupadas por los trabajadores y trabajadoras temporales de larga duración -con más de ocho años de antigüedad (algunos con 20 o incluso 30 años de interinidad en puestos estructurales)”. De igual forma reclamará ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) la nulidad de la Oferta Pública de Empleo extraordinaria 2023 de estabilización, “como ya llevó la anterior del PSOE y también la ordinaria de 2023 y todas las que se aprueben sin tener en cuenta las leyes que reconocen derechos al personal interino”.
En una nota de prensa, STEPA explica que como primer paso, “en representación propia y de los trabajadores y trabajadoras de la administración aragonesa”, ha pedido auxilio al amparo de las atribuciones del Chusticia ante “el gravísimo perjuicio a miles de aragoneses, servidores públicos que ocupan puestos estructurales como personal temporal de larga duración, dentro de la Administración, así como a sus familias víctimas de ceses ilegales e injustificados”. “El Chusticia, en ejercicio de sus funciones tiene la potestad de enviar a la Fiscalía, si alguna autoridad o funcionario no cumpliese con la obligación de auxiliarle en sus investigaciones, a partir de la queja presentada”, añade el sindicato.
En paralelo, STEPA prepara un recurso contencioso-administrativo ante el TSJA contra las Ofertas Públicas de Empleo de 2023 recientemente aprobadas por el Gobierno PP-Vox. STEPA ya recurrió la de 2022 y está a la espera de sentencia, “habiéndose admitido por la sala gran parte de las pruebas aportadas”. Igualmente, va a denunciar la “insumisión de Aragón” ante el Ministerio de Hacienda y Función Pública y junto con otras plataformas de interinos se preparan movilizaciones a nivel estatal y una nueva queja a la Unión Europea.
“Incidiremos en cómo por la vulneración de las directivas europeas sigue aumentando el índice de temporalidad en la DGA, actualmente de más del 51% -54% en la Administración General- frente al compromiso para reducirlo por debajo del 8% legal antes de fin de 2024, para recibir los Fondos Next Generation de la UE”, apunta STEPA.
El sindicato ha recalcado que la Cámara de Cuentas de Aragón recoge en su reciente informe de fiscalización de 2022 esta misma denuncia, que también le hizo llegar en una reunión mantenida con el sindicato en noviembre de 2022. En su auditoría, la Cámara “reitera varias veces el inasumible índice de temporalidad, la necesidad de cubrir de forma ágil los procesos de estabilización para reducirla y los vicios de anulabilidad de los procesos selectivos convocados, así como que las plazas convocadas entre 2018-2022 en el mejor de los casos reducirían la tasa de temporalidad sectorial al 35,8%, muy lejos del objetivo del 8%”.
“La alta temporalidad es el cáncer de algunas administraciones autonómicas; el Gobierno de Aragón está en cabeza y lo grave es que no quiere afrontar la enfermedad, a pesar de que el Gobierno de Sánchez legisló dos leyes como medida paliativa”, subraya el sindicato.
Contra los derechos de 4.500 trabajadoras y trabajadores
Con estos pasos, STEPA-CATA, tercera fuerza sindical en la Administración General de Aragón, responden a la OPE aprobada por el Consejo de Gobierno tras lo que califican de “bochornoso espectáculo” en la Mesa Sectorial, en la que el Ejecutivo de Jorge Azcón “incumplió el derecho a la negociación colectiva, aprobando una Oferta Pública de Empleo totalmente arbitraria, sin justificar ningún criterio y ni siquiera respetar el reglamento de funcionamiento”. El sindicato ya demandó que “constaran en acta todos estos hechos, así como su aviso de que no respetar los derechos de los interinos en abuso de temporalidad puede dar lugar a sanciones a los funcionarios o causantes, así como a responsabilidad patrimonial del Gobierno de Aragón”.
La principal denuncia de STEPA es que el Gobierno de Aragón “niega el derecho al personal temporal de larga duración (funcionario o laboral) a poder acceder a ser fijo mediante la superación de un concurso de méritos o un concurso-oposición, como marcan las últimas leyes de estabilización”. Según los cálculos de STEPA, en Administración General, más de 4.500 plazas deberían ofrecerse en procesos de estabilización -3.000 por concurso de méritos sin examen-; “pero la nueva propuesta de OPE 2023 se limita a 313, que junto a las 571 plazas incluidas en la OPE de estabilización de 2022 dejan fuera al 85% de los afectados”.
“PSOE y PP, hermanados contra el personal abusado”
Además, STEPA considera “ridícula” esta oferta que, a su juicio, “conlleva la negación del derecho a percibir una compensación económica por despido a aquéllos que no superen las convocatorias de estabilización, ya que este derecho sólo se genera si el despido se produce por no superar estas convocatorias y no otras”.
“El Ejecutivo del socialista Javier Lambán, al frente del Gobierno de Aragón cuando se aprobó la norma de estabilización, fue así el primer incumplidor de esta norma, con la que, finalmente, España respondía al requerimiento de la Unión Europea para que el abuso de temporalidad se sancione en el sector público, de la misma manera que se hace en cualquier empresa privada”, critica el sindicato.
“Con el anterior director general de Función Pública, Esteban del Ruste, se publicó la señalada oferta de estabilización denunciada al TSJA, sin haber presentado antes una lista que identificara todas las plazas que cumplían con los requisitos de estabilización ni ninguna información para fiscalizarla. Ahora, con Carlos Belda al frente de la Dirección General, de nuevo se ha presentado una mínima ampliación, sin ningún documento que justifique los números de la nueva oferta, pese a los documentos que demuestran que deja fuera a más de ocho de cada diez víctimas del abuso”, añaden en la nota.
STEPA-CATA han reiterado que “no puede negociarse una oferta de estabilización sin previamente identificar todas las plazas a las que afecta, retirarlas de cualquier otro sistema de provisión de puestos para no echar a ninguna víctima a la calle y agilizar la ejecución de estas convocatorias”. “Todos estos puntos se han incumplido totalmente”, aseguran.
Los sindicatos subrayan el “agravante” de que “el Partido Popular fue una de las formaciones que durante la campaña electoral firmó con ellos un acuerdo en el que se comprometían a respetar estas mismas demandas y que han vulnerado totalmente”. “Nos entristece el panorama político en el que todo vale para arañar unos votos y un partido en el gobierno no tiene ningún rubor en faltar a su palabra”, han señalado.
“Una OPE libre arbitraria y sin justificación”
Igualmente STEPA ha resaltado que la “nula voluntad del Partido Popular de cumplir con los derechos del personal temporal se muestra incluso en una enmienda aceptada de su socio Vox a los presupuestos de 2024”. “Se admitió añadir a la Ley de presupuestos de Aragón de 2024 la obligación del Gobierno de Aragón de publicar un listado de todas las plazas que cumplen los requisitos de la Ley 20/2021, pero sin señalar ninguna fecha límite para presentarla, lo que convierte este compromiso en un brindis al sol”, añaden.
“A estos hechos -continúa el sindicato-, aún se suma el incumplimiento del reglamento de la Mesa Sectorial sobre plazos y valoración de los documentos, en una clara vulneración del derecho a la negociación colectiva”, por lo que STEPA-CATA “no admite ni la OPE 2023 de estabilización; ni el falso ‘acuerdo’ para aplicar las medidas de reducción de la temporalidad, que contiene imprecisiones, no concreta fechas e incumple la normativa vigente; ni, finalmente, la propuesta de OPE libre, arbitraria y sin transparencia, que se debe entender sin perjuicio de los procesos de estabilización, como dos procesos totalmente compatibles e independientes”.
Según STEPA, el Gobierno de Aragón “no ha aportado ninguna planificación, ni por departamentos ni por necesidades específicas como tasas de jubilación, para esta oferta libre, por lo que no se cumple el objeto de solventar las necesidades de personal que no cubren los recursos existentes”. “Así lo muestra el baile de cifras aportadas, desde el día 1 de diciembre hasta la definitiva imposición del día 22, y las comprobaciones sobre jubilaciones durante el ejercicio 2022 aportadas a modo de ejemplo”, incide.
El sindicato afirma que “la propuesta inicial de la OPE ordinaria, constaba de 298 plazas de funcionarios y trabajadores laborales; después siguió un aumento de las plazas de funcionarios; dos días más tarde se doblaron las de funcionarios; y se propusieron finalmente a 530, sin además constar ninguna planificación. A modo de ejemplo, especialidades como administrativos se pasó de 40 plazas ofertadas inicialmente, a 117 plazas, cuando en 2022 hubo 51 jubilaciones. Así se muestra que no existe una identificación real de las plazas a ofertar ni una planificación adecuada en materia de personal”.
STEPA incide en que todos estos datos muestran que con el nuevo gobierno PP-Vox-PAR “se mantienen las mismas nefastas políticas de gestión del personal que llevan años sufriendo los trabajadores públicos y los ciudadanos aragoneses: con un índice de temporalidad de más del 51%, más de un 8% de vacantes, puestos sin cubrir, procesos selectivos sin resolver… Tanto en la Administración General como en Educación y en Sanidad” y han reclamado “un giro completo que garantice la calidad del empleo público y la prestación de servicios”.
Fuente: arainfo.org