Fuente: Confilegal de fecha 9 diciembre 2021 enlace
Los repartidores, los taxistas y los trabajadores en línea se encuentran entre los millones de trabajadores que podrían beneficiarse de contratos seguros, salarios mínimos y vacaciones pagadas en virtud de la propuesta de Directiva de la Comisión Europea, que se conocerá hoy, que pretende regular la economía de plataforma reforzando los derechos de los trabajadores.
La intención de la propuesta de Directiva de la Comisión Europea no es otra que considerar como asalariados a cerca de 4,1 millones de personas que trabajan en estas empresas, cuya regularización laboral supondría un impacto de 4.500 millones de euros extras.
Dos juristas españolas, Nuria Ramos, profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad de Amsterdam, y Ana Belén Muñoz, profesora titular de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid, han participado, junto a investigadores de toda la Unión Europea, durante los pasados seis meses, en la elaboración de un informe de impacto de la propuesta de Directiva y de la normativa comunitaria. Un informe gestionado por una consultora lituana.
“Es habitual que se haga un informe de este tipo, como acompañamiento al trabajo de la Comisión de proponer una Directiva o un Reglamento”, explica Ramos.
El informe sobre la futura Directiva evalúa cual es la conveniencia de las distintas políticas que puedan adoptarse con la regulación del trabajo en plataforma sobre tres ejes fundamentales: El primero, la clasificación jurídica de los trabajadores.
El segundo tema que se aborda es el algoritmo y su composición.
Y el tercero, las cuestiones de aplicación y transparencia en la normativa, a nivel transfronterizo europeo.
“El informe evalúa cuales serían las medidas más adecuadas, siempre respetando el principio de proporcionalidad y subsidiariedad contemplado en los tratados. Siempre que se propone una normativa desde la UE, debe estar justificada porque es necesaria la intervención de la Unión. Y porque es necesaria esta regulación transacional. Y no por cada estado miembro”, relata Ramos.
Sobre estas líneas, la profesora de la profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad de Amsterdam, Nuria Ramos Martín, coautora del informe de impacto sobre la Directiva en ciernes.
Como ocurre con cualquier nueva Directiva que se elabora, este es el primer paso de una negociación que se promete larga. Desde algunas agrupaciones empresariales alertan de que esto puede llevar a la destrucción de empleo en el sector y a un aumento del precio de los servicios en el consumidor final.
La Comisión Europea, el Ejecutivo de la Unión Europea, tiene la potestad de propuesta e impulso legislativo que después desemboca en el Parlamento y el Consejo Europeo.
Las Directivas son actos legislativos en los cuales se establecen objetivos que todos los países de la UE deben cumplir. Una vez adoptada a nivel comunitario, los países de la UE la incorporan (la transponen) de forma que adquiere rango de ley en cada una de las naciones que forman parte del club de la bandera azul y las trece estrellas de cinco puntas en círculo.
En el Consejo están representados todos los estados miembros. En este caso los ministros de Trabajo de los 27 países que componen la Unión. A ellos les corresponderá votar, positiva o negativamente, la propuesta de Directiva en última instancia.
Por lo tanto, el texto que hoy se dará a conocer es susceptible de sufrir cambios.
Hay muchas negociaciones por medio. Se prevé que la aprobación final de la futura Directiva podría producirse antes del verano que viene.
UN MÍNIMO DE PROTECCIÓN Y DE SEGURIDAD JURÍDICA
Este informe de impacto sobre la propuesta de Directiva, tiene muy presente que se están librando varias batallas legales por esta situación en los países de la Unión. En Francia, varias sentencias han recalificado el vínculo entre los autónomos y las plataformas como contrato de trabajo.
En Italia, la Fiscalía de Milán ha decidido que los repartidores deben considerarse empleados y no trabajadores autónomos.
En España ya entró en vigor, el pasado 12 de agosto, la conocida «Ley Rider», motivo por el que Deliveroo ha abandonado este mes el país, por no considerar rentable su negocio con el nuevo marco legal.
Sobre las conclusiones, Ramos explica que “hay mucha inseguridad jurídica sobre la relación contractual existente la plataforma y el repartidor. Ha habido varios litigios en los estados miembros. En algunos países se ha resuelto como trabajadores por cuenta ajena, pero en otros países hay sentencias contradictorias”.
Desde esta perspectiva, el informe plantea que, para establecer un mínimo de protección y de seguridad jurídica a los trabajadores de plataformas en la UE, sería adecuado una normativa comunitaria de mínimos para todo este colectivo.
“De esa forma se evitaría la competencia desleal con una regulación armonizada en toda Europa”, señala.
Esta experta recuerda que “no es solo regular una situación actual, como la que ya se conoce, sino también normas de transparencia que señalen como se aplican los algoritmos a estas relaciones laborales es bastante necesario. Es importante que se conozca su funcionamiento”.
EL CONTROL DEL ALGORITMO ES CLAVE
Ana Belén Muñoz, por su parte, como investigadora está desarrollando diferentes trabajos donde confluye la tecnología emergente y el control laboral. “Nuestro trabajo se ha centrado en cuanto a las medidas de control de los algoritmos en estas plataformas”.
Esta experta cuenta que el control del algoritmo es un elemento importante porque “asigna los trabajos y quién decide si llama o no al repartidor. Es clave para determinar si hay laboralidad o no. La subordinación es un criterio para tener en cuenta si ese colaborador es un trabajador por cuenta ajena”.
A su juicio “otro elemento muy importante es la transparencia en este tipo de actividad gestionada por plataformas digitales. Se trata de que los representantesde los trabajadores y la inspección de trabajo pueda tener acceso a determinada información sobre ese algoritmo. No a toda. Hay que ponderar lo que es el secreto industrial con los derechos de los trabajadores, pero ya en España tenemos como referente: la Ley Rider”.
Muñoz explica que “esta ley española se ha tenido muy en cuenta para la elaboración del informe sobre la futura Directiva. El caso español ha servido de ejemplo. En relación a la transparencia, se trata de saber para qué se utiliza ese algoritmo. Que no tenga repercusiones importantes en materia de extinción del contrato”.
Ana Belén Muñoz, profesora titular de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid, cree que el control del algoritmo es clave.
EVITAR QUE EL ALGORITMO DISCRIMINE
También se espera que las decisiones relevantes laborales «se supervisen por un responsable y evitar cualquier tipo de sesgo o discriminación que genere el uso del propio algoritmo, en cuanto a que esa decisión no es neutra o puede ir guiada por unos datos que pueden generar una discriminación”.
De acuerdo con Muñoz, habrá que ver como queda esta propuesta de Directiva en el futuro.
“Puede solucionar la imagen fragmentada que hay en la UE sobre este tema. Se han producido distintos casos judiciales en todos los países, pero son soluciones fragmentadas. Eso hace que haya varias velocidades en Europa a la hora de reconvertir esta situación. Por eso la Directiva puede ayudar mucho sobre todo en un mercado global trasnacional”, aclara.
Muñoz cree en esta solución europea para esta problemática que va a ir creciendo en el futuro. Porque “se va a incrementar el número de trabajadores en plataformas en los próximos años. Habrá que ver cómo va a ser el contenido de la Directiva. Si va en la línea del informe que hemos elaborado va a poder aportar una visión más humana de la relación laboral y a proteger mejor los derechos de los trabajadores”.
Según esta profesora titular de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid, “con la tecnología emergente que se avecina, el actual Reglamento General de Protección De Datos [RGPD] se nos queda pequeño. El derecho a la información va a más dirigido al ciudadano o al trabajador y no tanto al representante de los trabajadores. Los algoritmos se nutren de datos personales y es previsible que en la propuesta de Reglamento que hay de Inteligencia Artificial se modifique el propio RGPD”.
LOS SINDICATOS, A LA EXPECTATIVA
Por su parte, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) entiende que la futura Directiva sobre el trabajo en plataformas que se presenta hoy cerrará esta laguna jurídica mediante la presunción de que se aplica una situación laboral en las plataformas laborales digitales.
Por tanto, también protegerá los derechos de los trabajadores que son auténticamente autónomos a seguir siéndolo (y evitará que las empresas de plataformas impongan una mayor subordinación en la relación contractual).
Los ministros de trabajo de Alemania, España, Italia, Portugal y Bélgica, así como los eurodiputados de alto nivel, apoyaron el llamamiento de la CES a la Comisión para que acabe con el falso autoempleo con una iniciativa que debería apuntar a todas las plataformas laborales digitales.
Ludovic Voet, secretario confederal de la CES, manifestaba recientemente que “durante demasiado tiempo, las empresas de plataformas han obtenido enormes beneficios al eludir sus obligaciones más básicas como empleadores a expensas de los trabajadores y, al mismo tiempo, al vender la mentira de que ofrecían opciones a los trabajadores”.
“La propuesta de la Comisión debería finalmente dar a los trabajadores una certeza real sobre su situación laboral. Todos los que sean asalariados recibirán al menos un salario mínimo, vacaciones pagadas y baja por enfermedad, mientras que habrá más independencia de las plataformas para los auténticos autónomos”, afirmó.
En su opinión, el Parlamento y el Consejo deben garantizar que las negociaciones sobre la futura Directiva se lleven a cabo rápidamente para garantizar que los trabajadores puedan comenzar a beneficiarse de sus derechos lo antes posible. «Lo mejor que pueden hacer las empresas de plataformas ahora es reunirse con los sindicatos como todos los demás empleadores responsables», concluyó.