Fuente: Confilegal de fecha 13 diciembre 2021 enlace
Hoy lunes, a primera hora de la tarde, la Comisión de Función Publica del Senado analizará las enmiendas presentadas por los distintos grupos políticos al Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, aprobado por el Pleno del Congreso el 2 de dciiembre pasado –tramitado por el procedimiento de urgencia– y votará la ponencia que debería reducir la temporalidad en España.
Habrá que ver qué cambios se generan sobre el texto, aprobado en el Congreso recientemente, gracias a la alianza entre el Gobierno con PNV y ERC. Y si habrá tiempo para hacer retoques, que juristas e interinos en declaraciones a Confilegal, ven muy necesarios.
Fructuoso Manuel Collado, exdirigente sindical y técnico superior del Servicio Canario de Empleo, es personal laboral indefinido por sentencia desde el 1 de julio de 2005.
Cree que el análisis de la situación que hizo a este medio cuando llego el proyecto de ley en tramitación al Congreso es igual de válido para la Cámara Alta.
“La agenda del lunes en el Senado es muy intensa. Van a hacer, en una tarde, lo que el Congreso tardó varias semanas. Se debatirá la ponencia y tendremos el dictamen de la misma. Que esta jornada se acelere es porque igual no van a aceptar ninguna de las enmiendas de los distintos partidos políticos, La idea es que llegue al Pleno del Senado el 23 de diciembre, último del año”, explica.
Collado aclara que “solo volvería al Congreso en el caso de que hubiera algún tipo de modificación o aceptación de las enmiendas. En ese caso tendría que volver a la Cámara Baja, que tendría que volver a votarla. En el caso que no haya modificaciones, se manda directamente a publicar al Boletín Oficial del Estado, como ley”.
Fructuoso Manuel Collado, exdirigente sindical, cree que aquellos interinos que hayan superado un proceso y no tengan plaza, tendrían que ir a concurso de méritos.
Vaticina que “la mayor parte de las enmiendas, sino todas, se van a tumbar. Es cierto que hay un compromiso con la Unión Europea de que esté publicado el antes del 31 de diciembre, pero ya se han recibido los primeros fondos Next Generation, con un retraso de un mes. No creo que afectase mucho para mejorar la ley y afinarla más de lo que se ha hecho hasta ahora”.
Todo el mundo tiene claro, sindicatos incluidos, «que es necesario un consenso en esa reforma; debe buscarse un marco legal en todas las Comunidades Autónomas a la hora de realizar el concurso de méritos. Es muy importante que sea obligatorio para todas. Hay administraciones que siguen sacando procesos selectivos”.
También ve lógico que las plazas de los procesos selectivos ya en marcha de 2017 y 2018, se sacaran de los mismos y se llevasen al citado concurso de méritos que se va a poner en marcha. «Hay varias enmiendas en ese sentido y deberían aceptarse. También aquellos interinos que hayan superado un proceso y no tengan plaza podrían ir a concurso de méritos”.
Y pone el ejemplo del Ayuntamiento de Jaén, administracion local que ya prepara el concurso de méritos: “Llevan trabajando tres meses en este tema. Ya han llegado un acuerdo con los sindicatos de cómo lo van a hacer. En enero tendrán publicado el proceso y finalizado en concurso de méritos en marzo para unos doscientos trabajadores. El diseño lo tienen claro para que nadie se quede fuera”.
Los líderes de las plataformas de interinos en una foto tomada ante la puerta del Senado, donde tienen puestas todas sus esperanzas.
Un texto normativo que no gusta a nadie
Beatriz González, experta en derecho administrativo y defensora de distintos temas del colectivo de interinos, explica a Confilegal que si hay algo en común en este proyecto de ley es que a nadie le agrada. «Los propios políticos no están cómodos con el texto aprobado; los temporales tampoco, al mismo tiempo a la judicatura le agrada la ley. Al igual que a los opositores”.
De acuerdo con González, hay distintas cuestiones claves que pueden mejorar el proyecto de ley de reducción de la temporalidad. “En primer lugar, los procesos de selección que se articulan en el artículo 2 y disposiciones adicionales sexta, en ningún caso deberían ser abiertos”.
Desde su punto de vista “esos procesos no son una sanción a la víctima de abuso. Según el texto redactado, cualquier persona podría presentarse a dichos procesos selectivos sin estar sometido a una situación de abuso. Esos procesos deberían ser restringidos para esas personas que hayan sufrido ese abuso”.
Otra cuestión que podría mejorarse en el Senado, es “esta división que se hace de forma aleatoria entre los que llevan tres años en abuso, con un concurso oposición, y los de seis años en adelante. Con un concurso de méritos abierto no se puede hacer”.
Y refiere que la sentencia «de 3 de junio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea [TJUE] y la de unificación de doctrina del Tribunal Supremo y su Sala Social hablan del abuso desde los tres años, si se hacen funciones estructurales y no se cumple con la Directiva comunitaria”.
González cree que este tipo de planteamientos deben tener un aval jurídico claro que de consistencia a estos planteamientos. “De esa forma se conculcan los principios más elementales del derecho”.
Como tercer elemento discordante del mencionado proyecto de ley, la abogada habla de las indemnizaciones fijadas en el proyecto de ley que mantienen las del Real Decreto-ley 14/2021: “solo habla de veinte días por año con un tope de un año. Es claramente insuficiente. Ya han dicho los tribunales que no es ni adecuada, ni proporcional ni disuasoria. En todo caso, debería ser la cuantía del despido improcedente. Sin tope”.
Beatriz Gonzalez, abogada experta en derecho administrativo, opina que «los políticos no están cómodos con el texto aprobado; os temporales tampoco. Al mismo tiempo, a la judicatura le agrada la ley. Al igual que a los opositores”.
Parar los procesos selectivos
Junto a estas carencias, González se une a la corriente de expertos de toda índole que han pedido por activa y por pasiva la paralización de los procesos selectivos en marcha “de lo contrario, se queda fuera de la reforma un colectivo de interinos muy elevado. La injusticia es palpable y queda a la vista de todos. De momento no se ha conseguido dicha paralización”.
Para esta jurista, “modificar los aspectos que hemos mencionado podría hacer de este proyecto de ley, una ley justa y conforme a lo establecido tanto por el TJUE como por la Directiva 1999/70. Tiene que estar dentro del marco jurídico fijado. No podemos ser parte de Europa para unas cosas y para otras no”.
Otro problema va ser la aplicación práctica de dicha normativa, «sabiendo que hay 17 Comunidades Autónomas. Todas con una forma de entender la función publica diferente. De ellas depende la paralización de los procesos selectivos. En principio la propia ambigüedad de esta norma aventura que habrá mucha conflictividad”.
También constata que los plazos planteados obligarán a una aplicación de la ley de forma inmediata. “Se habla que deben estar en marcha los procesos antes del 31 de junio del 2022 y resueltos antes del 31 de diciembre del 2024. Veremos si realmente se hacen forma acelerada porque hay que cotejar muchos datos”.
Por su parte, Ana Dueñas, portavoz de la Plataforma de Trabajadores Públicos de Castilla y León, adscrita a la Coordinadora Estatal de Personal Publico Temporal (CEPPT), explica que ante la llegada al Senado del proyecto de ley han vuelto los contactos y reuniones con los senadores de los diferentes partidos políticos, a fin de mejorarlo.
Hace ocho meses mantenían una primera reunión en el Senado, víspera de la comparecencia del que era ministro de Política Territorial y Función Publica en aquel momento Miquel Iceta, para explicarles la envergadura de un problema que tiene en una situación de precariedad a cerca de 900.000 trabajadores de toda España.
Dueñas, que es miembro del comité ejecutivo de esta plataforma, formó parte del grupo de interinos que acudió a Bruselas para hablar con eurodiputados españoles.
Y también del grupo que se reunió en Madrid con el comisario de Empleo, Nicolás Schmit, aprovechando su visita a España, donde también se le explicó la deriva que estaba llevando la tramitación de este proyecto de ley.
De cara al debate que tendrá lugar en el seno de la Comisión de Función Publica del Senado, Dueñas afirma que “el texto no cumple ni la normativa europea ni la jurisprudencia del TJUE en su actual redacción. Ha mejorado el Real Decreto-ley 14/2021, pero aún tiene capacidad de mejora y así beneficiar al mayor número de personal temporal posible”.
Los cambios más importantes, a su juicio, «tendrían que pasar porque el concurso de méritos se fijara en los tres años desde que ese interino se encuentra en abuso, que es lo que marca la sentencia de 3 de junio del TJUE y las del Supremo. Y que fuera un proceso restringido, solo para las personas en situación de abuso”.
De esta forma “el proceso de estabilización que se quiere hacer cumpliría con la normativa europea. Pero nos tenemos que no va a ser posible”.
Como ya pasara antes de la tramitación del «icetazo» en el Congreso y su convalidación, este colectivo ha trabajado en presentar a las formaciones políticas distintas enmiendas que mejoren el proyecto de ley: “que la fecha de entrada en vigor de la ley sea a partir de los tres años y que la fecha desde la que se cuentan los tres años sea la de entrada en vigor de la ley”.
Beatriz Gonzalez, abogada experta en derecho administrativo, opina que «los políticos no están cómodos con el texto aprobado; os temporales tampoco. Al mismo tiempo, a la judicatura le agrada la ley. Al igual que a los opositores”.
Parar los procesos selectivos
Junto a estas carencias, González se une a la corriente de expertos de toda índole que han pedido por activa y por pasiva la paralización de los procesos selectivos en marcha “de lo contrario, se queda fuera de la reforma un colectivo de interinos muy elevado. La injusticia es palpable y queda a la vista de todos. De momento no se ha conseguido dicha paralización”.
Para esta jurista, “modificar los aspectos que hemos mencionado podría hacer de este proyecto de ley, una ley justa y conforme a lo establecido tanto por el TJUE como por la Directiva 1999/70. Tiene que estar dentro del marco jurídico fijado. No podemos ser parte de Europa para unas cosas y para otras no”.
Otro problema va ser la aplicación práctica de dicha normativa, «sabiendo que hay 17 Comunidades Autónomas. Todas con una forma de entender la función publica diferente. De ellas depende la paralización de los procesos selectivos. En principio la propia ambigüedad de esta norma aventura que habrá mucha conflictividad”.
También constata que los plazos planteados obligarán a una aplicación de la ley de forma inmediata. “Se habla que deben estar en marcha los procesos antes del 31 de junio del 2022 y resueltos antes del 31 de diciembre del 2024. Veremos si realmente se hacen forma acelerada porque hay que cotejar muchos datos”.
Por su parte, Ana Dueñas, portavoz de la Plataforma de Trabajadores Públicos de Castilla y León, adscrita a la Coordinadora Estatal de Personal Publico Temporal (CEPPT), explica que ante la llegada al Senado del proyecto de ley han vuelto los contactos y reuniones con los senadores de los diferentes partidos políticos, a fin de mejorarlo.
Hace ocho meses mantenían una primera reunión en el Senado, víspera de la comparecencia del que era ministro de Política Territorial y Función Publica en aquel momento Miquel Iceta, para explicarles la envergadura de un problema que tiene en una situación de precariedad a cerca de 900.000 trabajadores de toda España.
Dueñas, que es miembro del comité ejecutivo de esta plataforma, formó parte del grupo de interinos que acudió a Bruselas para hablar con eurodiputados españoles.
Y también del grupo que se reunió en Madrid con el comisario de Empleo, Nicolás Schmit, aprovechando su visita a España, donde también se le explicó la deriva que estaba llevando la tramitación de este proyecto de ley.
De cara al debate que tendrá lugar en el seno de la Comisión de Función Publica del Senado, Dueñas afirma que “el texto no cumple ni la normativa europea ni la jurisprudencia del TJUE en su actual redacción. Ha mejorado el Real Decreto-ley 14/2021, pero aún tiene capacidad de mejora y así beneficiar al mayor número de personal temporal posible”.
Los cambios más importantes, a su juicio, «tendrían que pasar porque el concurso de méritos se fijara en los tres años desde que ese interino se encuentra en abuso, que es lo que marca la sentencia de 3 de junio del TJUE y las del Supremo. Y que fuera un proceso restringido, solo para las personas en situación de abuso”.
De esta forma “el proceso de estabilización que se quiere hacer cumpliría con la normativa europea. Pero nos tenemos que no va a ser posible”.
Como ya pasara antes de la tramitación del «icetazo» en el Congreso y su convalidación, este colectivo ha trabajado en presentar a las formaciones políticas distintas enmiendas que mejoren el proyecto de ley: “que la fecha de entrada en vigor de la ley sea a partir de los tres años y que la fecha desde la que se cuentan los tres años sea la de entrada en vigor de la ley”.
Sobre estas líneas, Ana Dueñas, portavoz de la Plataforma de Trabajadores Públicos de Castilla y León, se pregunta si se va a habilitar a las administraciones públicas para que puedan coger las plazas de interinos en convocatorias ya en marcha y trasladarlas al concurso extraordinario de méritos.
Interinos con proceso aprobado, pero sin plazas
Otra cuestión que han propuesto, vía enmiendas, es “beneficiar a más personas, en especial a aquellos profesionales con un proceso selectivo aprobado, pero que no tienen plaza. Eso es algo que se presentó por parte del PP y Bildu. Lo vemos bien y permitiría que más gente fuera al concurso de méritos. Ya hay sentencias del Supremo en lo Social”.
Para este colectivo, hay una enmienda que presentó Bildu, “que fue admitida a medias cuando se hizo la transaccional en el Congreso. Lo que dice que se habilite a las administraciones públicas para que puedan coger las plazas de interinos en convocatorias ya en marcha y trasladarlas al concurso extraordinario de méritos”.
“La cuestión es si hay, por parte de las Comunidades Autónomas, voluntad de hacerlo. De esa forma se podría estabilizar a muchos compañeros que se encuentran en fraude de ley”, dice Dueñas.
Sobre la aplicación práctica de la futura normativa, opina que “es un problema que se va a producir si ahora no se hace un buen texto. Puede generar muchas discriminaciones de unas Comunidades Autónomas a otras o entre ayuntamientos. Si nadie lo remedia, va a incrementarse de forma notable la litigiosidad”, advierte.
Dueñas aclara que hay otro elemento que no se ha resuelto en este año tan intenso y es saber el número real de profesionales en fraude de ley existentes en las diferentes administraciones públicas .
“No sabemos el número de plazas que irán a esta oferta de empleo público de carácter extraordinario. Tampoco se sabe si en el concurso oposición para profesionales en abuso de tres a cinco años las fases serán eliminatorias o no. Nosotros vamos a pedir esa información vía portal de Transparencia. Pero todavía hay muchas cosas en el aire”, concluye.