La investigación, que se ha prorrogado durante un año, podría salpicar a Elías Bendodo, consejero responsable de unas contrataciones ya declaradas ilegales por vulnerar de forma palmaria los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
La delegación de la Fiscalía Anticorrupción en Sevilla investiga si la Consejería de la Presidencia, dirigida entonces por Elías Bendodo, cometió algún delito al firmar en plena pandemia unos 3.400 contratos exprés que no respetaron los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el proceso de selección de los candidatos. La justicia ya tumbó estas contrataciones en el orden contencioso-administrativo, declarando que no respetaban los más mínimos principios que rigen la selección para la función pública y llegando a calificarlas de “groseras”. Sin embargo, hasta ahora no ha prosperado ninguna denuncia ante la jurisdicción penal.
La denuncia que ha motivado la investigación fue formulada por el PSOE en abril de 2022 ante la Fiscalía Anticorrupción con sede en Madrid, que abrió Diligencias de Investigación el 6 de mayo de 2022, a la vez que las remitía a la delegación de Sevilla. Fuentes del Ministerio Público confirman que, tal y como adelantó El Plural, la investigación sigue abierta y que recientemente se ha decidido prorrogar el plazo de investigación durante otro año.
Las contrataciones exprés fueron un método de contratación establecido por la Consejería de Presidencia de Elías Bendodo en plena pandemia, teóricamente con la finalidad de seleccionar candidatos de forma ágil. Inicialmente, se pactó con los sindicatos para garantizar la cobertura de servicios esenciales en primera línea contra el Covid-19, como residencias de mayores o centros de menores. Sin embargo, la Junta de Andalucía acabó aplicándolo a convocatorias para archiveros, conservadores de museos, informáticos o técnicos de pesca.
De julio a octubre de 2020 realizó al menos 48 convocatorias de apenas 24 horas, que excluían a embarazadas o enfermos crónicos y que se cubrían con un único criterio: ser el más rápido en presentar la solicitud. No había ningún otro criterio selectivo, más allá de una declaración responsable de estar en disposición del título habilitante. 3.400 personas fueron contratadas de esta forma, la mayoría (unas 3.000) como vigilantes de playa. El sistema dio pie a sospechas de enchufismo y tráfico de información privilegiada, y fue inmediatamente censurado por expertos, sindicatos, oposición y, finalmente, los tribunales.
La denuncia apuntó a una “prevaricación administrativa”
Fiscalía no aclara qué pesquisas ha realizado en este año, ni qué tiene previsto investigar. En su día, tanto CGT como Mareas Blancas presentaron sendas denuncias en relación con las contrataciones exprés. Entonces, la Fiscalía Superior de Andalucía decidió archivarlas por entender que lo denunciado “carece de toda relevancia penal”. Es decir, que podía tratarse de un sistema de contratación no ajustado a Derecho, como han ido confirmando decenas de sentencias, pero no por ello delictivo.
Sin embargo, y a diferencia de lo ocurrido hace dos años, la Fiscalía Anticorrupción ha extendido la investigación al menos temporalmente. Fuentes del Ministerio Público resaltan que la diferencia estaría en dónde ponen el foco cada una de las denuncias. Mientras que CGT y Mareas Blancas apuntaron a la discriminación de mujeres embarazadas, mayores de 60 y enfermos crónicos (a los que se excluía de las convocatorias), la denuncia del PSOE apunta a un posible delito de prevaricación administrativa.
En su escrito, del que en su día informó este diario, los socialistas apuntaban a Elías Bendodo, por entonces principal “alto cargo” de Presidencia (consejero) y hoy coordinador general del PP nacional y número 3 de Alberto Núñez Feijóo. Los socialistas deslizaban que los responsables de la Consejería de Presidencia podrían estar al tanto de la ilegalidad en la que estaban operando.
También pedían que se indague en el número de contratados, si eran para empleos “esenciales” frente a la pandemia y que se recabe un informe que avale la necesidad de estas contrataciones. También solicitaban que se acredite a qué horas se publicaron las convocatorias, la hora en la que comenzaron a recibirse correos y su orden.
Otra diferencia es que las denuncias de CGT y Mareas Blancas fueron presentadas (y archivadas) cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía aún no se había pronunciado sobre la legalidad del procedimiento. El 5 de diciembre de 2020, el alto tribunal andaluz concluyó que los contratos exprés eran contrarios “de manera clara y manifiesta” a los principios constitucionales, y suspendió cautelarmente una de las convocatorias, llegando a decir que les llamaba “poderosamente la atención” que la Junta de Andalucía obviara la valoración de méritos en estos procesos selectivos, y que no exigiera más “mérito” que “tener la fortuna de que la solicitud tenga entrada antes de que se adjudiquen las plazas que se ofertan”. En abril, les dio la puntilla.
Un embrollo jurídico con consecuencias hasta hoy
A partir de esa resolución, la Junta de Andalucía, que había recurrido hasta llegar al TSJA, empezó a conformarse y los tribunales fueron anulando una a una todas las convocatorias. Pero durante los dos años siguientes, la administración andaluza no se ha librado de las consecuencias de aquel entuerto, que han acabado generando un fenomenal embrollo.
Primero, la administración intentó borrar todo rastro jurídico de las contrataciones ilegales, haciendo como si nunca hubieran existido, pero algunos interinos se revolvieron y lograron que varias sentencias declararan que tenían derecho a que se les reconocieran los méritos adquiridos en ese tiempo. Finalmente, el TSJA zanjó la cuestión a favor de la Junta: la experiencia de aquellos interinos no podía ser tenida en cuenta en procesos posteriores.
Además, la Junta de Andalucía ha vuelto a recibir varios rapapolvos judiciales por los procedimientos con los que, en su búsqueda de un sistema de contratación ágil, ha tratado de sustituir a los contratos exprés. Al menos diez sentencias la han condenado por seleccionar interinos aplicando el azar como criterio de selección, una “lotería” (según los tribunales) que nunca puede discernir el mérito y la capacidad, y que inicialmente ni siquiera garantizaba la igualdad, pues estaba mal configurado y privilegiaba a los candidatos de algunas provincias, tal y como desveló este medio.
Fuente: eldiario.es