El demandante fue excluido de un proceso para cubrir un puesto de manera temporal y deberá ser indemnizado con 9.000 euros
n el año 2023, un trabajador laboral indefinido no fijo de la Consellería de Medio Rural, que desempeñaba su labor en el distrito forestal del Baixo Miño, solicitó una plaza de cobertura temporal anunciada en el distrito forestal de Lugo-Sarria. Sin embargo, la Consellería de Facenda se la denegó, excluyéndolo del proceso selectivo por ser indefinido no fijo y otorgando la plaza a otra empleada que era personal laboral fijo.
El afectado, apoyado por los servicios jurídicos del sindicato CSIF, interpuso una demanda, alegando discriminación en la convocatoria y el Juzgado de lo Social número 2 de Vigo le dio la razón, condenando a la Xunta a pagarle 9.000 euros de indemnización por vulneración del derecho fundamental a la igualdad en dicha convocatoria.
La Administración gallega recurrió, pero el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la sentencia del juzgado vigués. El alto tribunal recuerda que la jurisprudencia constitucional viene fijando un criterio de equiparación entre temporales y fijos, apoyado en un «principio de no discriminación», y que cualquier diferencia de trato debe estar amparada por «razones objetivas».
«En el presente caso las diferencias no están justificadas y no pueden basarse en supuestos criterios organizativos (…) No existen motivos objetivos de los que pueda desprenderse la necesidad de una diferencia de trato en el presente caso», indica el fallo del TSXG que desestima el recurso de la Xunta. Con todo, la sentencia no es firme, y las partes aún pueden interponer recurso de casación.
El sindicato CSIF ha celebrado el fallo como «un nuevo éxito» de sus servicios jurídicos, destacando que «sigue sumando fallos favorables a los trabajadores que ven cómo desde la Administración se les discrimina en función de su condición laboral». Argumentan, además, una «reiteración de este tipo de condenas a la Xunta», lo que a juicio de la organización sindical «evidencia que desde la Administración se está incurriendo en una política de prácticas discriminatorias que no se ajustan a la legalidad y que no solo son lesivas para los empleados públicos sino para todos los ciudadanos, en tanto están afectando a las arcas públicas, al tener que asumir las indemnizaciones correspondientes».
Fuente: lavozdegalicia.es 28.11.2024