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Revuelta interina en los ayuntamientos de la España rural: “Sin nosotros, los nuevos alcaldes no podrán tomar posesión”

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El Ayuntamiento de Castilnuevo está en la buhardilla de la casa de Susana Checa, a más de 5km de la localidad. Esta funcionaria interina lleva tres décadas tutelando a consistorios de las despobladas y frías tierras del oriente de Guadalajara, hasta el punto de haber trasladado la sede municipal de uno de los seis pueblos que tiene asignados actualmente a su propia vivienda. Castilnuevo tiene ocho habitantes.

“Voy como geisha por arrozal”, declara con sorna Checa, cuyo puesto es conocido como secretaria-interventora y cuya función es fiscalizar y facilitar el trabajo de los alcaldes y concejales de municipios de menos de 5.000 habitantes. “Cada día voy al Ayuntamiento que me corresponde, si hay una obra, tengo que fiscalizar para que se cumpla la ley de contratos, hago expedientes de bodas, llevo las defunciones y los nacimientos, la comisión de pastos, tengo que saber de todo, yo abro el ayuntamiento, yo lo cierro, si está sucio porque han entrado con barro, lo barro yo, no tengo personal, lo hago todo”.

Los secretarios e interventores como Checa están ahora llamados a la huelga desde el próximo 17 de junio. Detrás de la convocatoria no están las organizaciones colegiales que representan a los funcionarios de carrera, sino unos sindicatos de nuevo cuño creados para representar a los trabajadores en abuso de temporalidad: interinos que llevan más de tres años sin acceder a una plaza fija y que suponen unos 3600, casi la mitad de todo el cuerpo de secretarios e interventores a nivel nacional.

Este personal interino que, en algunos casos lleva décadas en esta situación, ve ahora peligrar sus empleos ante la forma en la que el Ministerio de Hacienda y Función Pública, obligado por una directiva europea, está tratando de acabar con la temporalidad en el sector de la Administración local.

De las cerca de 2.000 plazas fijas que se van a sacar, a solo 648 se accederá únicamente por concurso de méritos, en los que se premiarán los años de experiencia. El resto, deberán acceder a través de un examen de oposición para el que los interinos en activo consideran que parten en clara desventaja frente a opositores que se pueden dedicar a estudiar a tiempo completo.

“Yo me puedo presentar, el problema es que tengo seis ayuntamientos, ¿cuándo estudio yo, dónde tengo una academia si estoy a 200 km de Madrid, a 150 km de Zaragoza, a 100 km de Teruel…?”, se pregunta Checa, que explica gráficamente su situación como interina: “Estoy siempre con la soga al cuello, si viene uno de carrera, me echan a la calle y, ¿qué pasa,  no tengo méritos y capacidad cuando estos pueblos nunca han faltado a presentarse a subvenciones, ni presentar sus cuenta, el padrón, los expedientes, todo?”.

Interinos controlando la corrupción

Florencio Conejero es interventor -en pueblos de más de 5.000 habitantes, los puestos de interventor y secretario están separados- en Argamasilla de Alba, Ciudad Real. Es interino desde hace 15 años. Es también el presidente de la Asociación Sindical de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (Assiti) de Castilla-La Mancha, una de las organizaciones creadas por interinos que no se sentían representados por los colegios de funcionarios en su lucha por conseguir que se les diera un puesto fijo en virtud de sus años de experiencia.

Los secretarios e interventores interinos, explica Conejero, no han aprobado una oposición, pero sí han tenido que pasar un “proceso selectivo”. Ante la falta endémica de funcionarios del Ministerio de Hacienda necesarios para el correcto funcionamiento de la Administración local, las comunidades autónomas empezaron a crear bolsas de interinos para cubrir las vacantes. A estas bolsas se accedía mediante un examen más sencillo que la oposición.

Puestos que deberían haber sido temporales, se alargaron durante años y décadas, especialmente en los lugares más recónditos de la geografía española, poco atractivos para funcionarios de carrera que tenían capacidad de elegir su destino. Interinos como Conejero hacen a día de hoy un trabajo esencial para el funcionamiento de los ayuntamientos de las poblaciones de la España rural.

“El interventor es quien lleva todas la gestiones económicas , financieras y presupuestarias de los ayuntamientos”, explica Conejero. “Es una figura imparcial dentro de lo que es el organigrama del ayuntamiento, el controlador para que no exista corrupción”.

Huelga que amenaza las tomas de posesión

Todos ellos están convocados a una huelga que comenzaría el 14 de junio y que podría tener serias consecuencias para la toma de posesión de las nuevas corporaciones municipales que sean elegidas este domingo y que está prevista para el 17 de junio. “La Ley del Régimen Electoral establece que los ayuntamientos deben constituirse en presencia del secretario de la corporación, en teoría, si el secretario no está en ese pleno, no se puede dar validez a esa toma de posesión”.

El Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital), la organización que coordina los colegios de funcionarios de este sector, manifestó este viernes su “rotundo rechazo a las convocatorias de huelga” hechas públicas por las asociaciones de interinos y subrayó que “la normativa europea no avala la conversión en fijas de situaciones temporales de ejercicio de funciones sin un proceso selectivo previo”.

El detonante de esta convocatoria, que ha sido precedida por una concentración frente a la sede del Ministerio de Hacienda y Función Pública este viernes, ha sido, según argumenta Conejero, la negativa por parte del Ministerio para aceptar una reunión con los representantes de estos sindicatos, a los que -según sospecha Conejero- no reconoce como interlocutores del sector.

“No estamos pidiendo que todos los temporales sean funcionarios fijos, estamos pidiendo que sea estabilizado el personal en situación de abuso de temporalidad (más de tres años como interino)”, explica Conejero. “Solamente pedimos dos cosas: ser escuchados por responsables de la Administración Pública y que el Ministerio convoque a estabilización (sin examen de oposición) todas las plazas en las que hay un abuso de temporalidad”.

Una argumentación “absurda y diabólica”

La interinidad de los secretarios e interventores no solo afecta a la tranquilidad de estos, sino que les deja en una situación de indefensión frente a los alcaldes y concejales a los que deben fiscalizar. Al carecer de una plaza fija, resulta relativamente fácil para alcaldes insatisfechos con su labor, reclamar que su puesto sea revocado o incluso acudir a otras triquiñuelas, como agruparse temporalmente con otro ayuntamiento, para lograr quitarse de en medio a un secretario o interventor molesto.

“Llevarse bien un alcalde y un secretario es complicado, es un matrimonio de conveniencia que es imposible que funcione. Los alcaldes se hartan de los secretarios por esta situación y hay muchas tretas contra los funcionarios interinos”, declara Carmen Ruiz, una secretaria interina que perdió su plaza en Lagartera, Toledo, por un conflicto con la nueva corporación municipal en 2008 y que actualmente está destinada en La Estrella, también en Toledo.

Ruiz empezó a trabajar en 2007 para el Ayuntamiento de Lagartera, donde no había estado nunca antes y a donde llegó “con mi coche y una maletita sin saber ni cómo era”. A los pocos meses, hubo un cambio de Gobierno y en los planes de la nueva corporación no entraba la permanencia de esta secretaria en su puesto.

Solicitaron su revocación y la Junta de Castilla-La Mancha le solicitó que alegara. “Mandé la documentación justificativa sobre las falsedades que me estaban imputando y fui contestando punto por punto. La Junta, ante esta situación, me dijo que entendían que existía un conflicto entre yo y el Ayuntamiento y que, por tanto, había motivos para la revocación. Es una argumentación absurda y diabólica porque, entonces, siempre existe motivo para revocar a un interino”, explica Ruiz, que defiende que estas jugadas serían imposibles si su situación de temporalidad se terminara y se le concediese una plaza fija.

Pronto le fue asignado otro destino, pero Ruiz decidió acudir a los tribunales y un juez terminó por declarar su revocación como nula por falta de argumentación. La sentencia fue irrelevante porque el Ayuntamiento de Lagartera había decidido agruparse con otro y su puesto lo ocupaba ya un funcionario de carrera.

Fuente: 20minutos.es

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